Antecedentes

En noviembre de 2015, la XXV Asamblea General de CLACSO reunida en Medellín, Colombia, emitió la Declaración de Acceso Abierto al Conocimiento Gestionado como un Bien Común, basada en la convicción de que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe una parte sustancial de la investigación y producción de conocimiento científico se financia con fondos públicos y, por lo tanto, debe estar disponible en un formato abierto. 

A diez años de aquel pronunciamiento —que potenció y anunció discusiones y consensos que se profundizaron en los años siguientes— le siguió una pléyade de documentos internacionales de relevancia (manifiestos, declaraciones, acuerdos, principios, entre otros) que plantean recomendaciones en torno a la necesaria transformación de la evaluación científica y la necesidad de transicionar hacia la ciencia abierta. Entre ellos encontramos: la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA), el Manifiesto de Leiden, la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta, el Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global, el Manifiesto bibliotecario por la Ciencia Abierta Latinoamericana, el Manifiesto de Ciencia Abierta y Colaborativa (OCSDNet), el Manifiesto ALAEC por el uso responsable de métricas en las evaluaciones de la ciencia realizadas en América Latina y en el Caribe, la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta, la Iniciativa Helsinki sobre Multilingüismo en la Comunicación Científica, los Principios de Hong Kong (HKP), la actualización de la Declaración de Budapest (BOAI20), y los más recientes, como el Manifiesto por las métricas socioterritoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Latmétricas), la Declaración de Toluca-Cape Town sobre Acceso Abierto Diamante, la Declaración de Barcelona sobre la información abierta en investigación, la Declaración de Leticia: Un manifiesto por la ciencia con impacto social en América Latina y el Caribe (Global Young Academy), El Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación (CoARA), Open Science: The Challenge for Universities (IAU) y las recomendaciones presentes en los informe titulados: The future of research evaluation (GYA-IAP-ISC) y Transforming Assessment (RORI-GRC-RRA); entre muchas más. En esta línea es posible sumar una serie de tool kits que se han venido desarrollando para instrumentar estos procesos de transformación, por ejemplo, los recientes: A Practical Guide to Implementing Responsible Research Assessment at Research Performing Organizations (DORA) y el conjunto de herramientas prácticas elaborado por FOLEC (Rovelli y Vommaro, 2025).

Todos estos documentos han contribuido a expandir el enfoque de apertura más allá del acceso a publicaciones, impulsando transformaciones estructurales en los complejos de ciencia y tecnología en ámbitos como la gestión de datos y políticas de acceso abierto; el desarrollo de infraestructuras, software abierto y plataformas colaborativas no comerciales; el diseño de marcos de evaluación responsables y métricas cualitativas; la adopción de modelos de comunicación inclusivos y multilingües; la implementación de licencias y gobernanzas de bienes comunes; la creación de espacios de formación y desarrollo de capacidades críticas; y la incorporación de principios éticos, de diversidad e inclusión en todas las etapas del ciclo de investigación, desafiando el poder concentrado de corporaciones editoriales que lucran con datos y publicaciones a su vez que condicionan y configuran los procesos de evaluación científica y académica en todo el mundo a su imagen y semejanza, es decir, respondiendo a sus intereses y modelos de negocio.

A estas declaraciones y manifiestos —textos de carácter propositivo que interpelan a la comunidad académica y científica a transformar sus prácticas— se suma una serie de ensayos e investigaciones críticos publicados en los últimos años. Estos analizan, desde una perspectiva reflexiva y a menudo contundente, la situación actual de los mundos sociales de la producción científica, tecnológica y académica en diversos contextos geográficos. Lejos de ser discursos aislados, ambos fenómenos constituyen las dos caras de una misma moneda: si los manifiestos plantean un llamado a la acción y esbozan nuevos horizontes de sentido que habiliten el cambio, los ensayos operan como diagnósticos rigurosos que develan las contradicciones y el malestar estructural inherente a la labor académica y científica contemporánea. Sin ánimos de exhaustividad, entre ellos podemos nombrar: “Slow Science Manifesto”(Slow-Science.org, 2010), “Innovation,  Sustainability  and  Development: A new  Manifesto”(STEPS, 2010), “Charte de la désexellence”(LAC-ULB, 2014), “Het acade-misch manifest: van een bezette naar een publieke universiteit”(Halffman y Radder, 2015), “Saving Science”(Sarewitz, 2016), “Academias Asediadas” (Basail Rodríguez, 2019), “Universidad en tiempos sombríos” (Pecheny, 2020), y “Bridging the Gap: Localizing Open Science for Asia’s Research Realities” (Sayab, 2025). 

Estos trabajos coinciden en diagnosticar una crisis estructural de alcance global en las instituciones científico-académicas, causada por la imposición de lógicas productivistas –heredadas de la gestión gerencial y del New Public Management–, la obsesión por indicadores cuantitativos que reducen la investigación a meras métricas de rendimiento y posiciones en rankings internacionales, la creciente precarización del trabajo docente e investigativo y la mercantilización y privatización del conocimiento científico-tecnológico. Denuncian con firmeza los modelos cerrados de publicación y evaluación, dominados por corporaciones editoriales y evaluaciones estandarizadas, que subordinan los procesos de revisión a criterios numéricos descontextualizados y desdibujan la función social de las ciencias. Asimismo, apuntan a la homogeneización de los saberes, la exclusión de epistemologías no hegemónicas y la imposición de modelos eurocéntricos que ignoran las realidades locales y los conocimientos ancestrales.

Entre ellos, nos interesa en concreto destacar cómo Sayab (2025) incorpora además las barreras de infraestructura y lingüísticas que marginan a investigadores e investigadoras en Asia y el mundo árabe (la falta de repositorios robustos, la conectividad limitada y la hegemonía del inglés en los canales de ciencia abierta), limitaciones que no resultan ajenas al contexto latinoamericano y caribeño. Frente a ello, propone sustituir los enfoques top-down por estrategias colaborativas y contextualizadas que respeten la diversidad de ecosistemas de investigación: diseño de incentivos y métricas participativas, inversión en infraestructura digital descentralizada y capacitación en prácticas de acceso abierto adaptadas localmente. De igual modo, reivindica la integración de idiomas y saberes locales como ejes de una ciencia inclusiva, en línea con las recomendaciones internacionales que promueven el multilingüismo en la comunicación científica. Bajo esta visión, universidades y centros de investigación se reconfiguran como espacios públicos co-creados, donde la investigación, la docencia, la extensión, la vinculación y otros formatos de movilización social del conocimiento recobran su poder transformador y se orientan a los desafíos sociales y epistémicos de cada comunidad-territorio. Frente a este diagnóstico y escenario se erigen nuestras propuestas que apuestan por el cambio de raíz.

El paradigma de la ciencia abierta, entendida como una política científica pública orientada al bien común, trasciende los formatos tradicionales de producción, circulación, uso y valoración del conocimiento científico-tecnológico. Según la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta, este enfoque se define como un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos; se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad; y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional (UNESCO, 2021). Este enfoque implica un cambio de paradigma en la manera de hacer ciencia, que supone la apertura de todas las etapas o fases de la investigación científico-tecnológica (diseño, producción de datos, revisión, publicación, evaluación, entre otras), transformando lo que se hace y cómo se hace, lo que redefine la investigación científica y tecnológica. 

En esta misma línea, el Manifiesto sobre la ciencia como bien público global sostiene que las ciencias son patrimonio de la humanidad y un derecho universal, que debe estar disponible, accesible y ser reutilizable por todas las personas en cualquier parte del mundo, sin restricciones comerciales ni barreras lingüísticas, y que su producción debe estar al servicio del desarrollo colectivo. Este abordaje enfatiza la necesidad de fortalecer infraestructuras abiertas, medios no comerciales de publicación y redes de colaboración solidaria entre instituciones, investigadoras e investigadores, comunidades y territorios. Así, la noción de ciencia como bien público global converge con el paradigma de la ciencia abierta, al promover una producción científica inclusiva, multilingüe, colaborativa y orientada a las necesidades sociales. De este modo, la ciencia abierta integra una pluralidad de lenguas, culturas, prácticas y saberes y promueve formas más horizontales de colaboración entre diversos agentes sociales, orientando la producción científico-tecnológica hacia la equidad, la sostenibilidad y la justicia social. Esta orientación busca dar respuesta a las desigualdades históricas en la producción, circulación y acceso al conocimiento científico, promoviendo valores como la equidad, la sostenibilidad, la justicia cognitiva y la diversidad epistémica. Desde su fundación en el año 1967, CLACSO ha impulsado estas perspectivas, nutriéndose de tradiciones propias del Sur Global, como la investigación-acción participativa, el diálogo de saberes y las epistemologías críticas, con el fin de consolidar ciencias más democráticas, solidarias y transformadoras.

En consonancia con los enfoques anteriores, la Declaración de Principios “Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe”, promovida por el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC)  perteneciente a CLACSO y aprobada en su XXVII Asamblea General Ordinaria en junio del 2022 en la Ciudad de México en el marco de la novena Conferencia, representa un avance significativo hacia un paradigma de evaluación científica responsable y situada. Discutida por múltiples especialistas de toda la región y respaldada por cientos de adhesiones, esta Declaración se ha consolidado como un referente regional e internacional. Este marco propone procesos evaluativos evolutivos, autorreflexivos, transparentes y participativos que fomentan el diálogo, el aprendizaje mutuo y la mejora continua. Entre sus principios fundamentales destacan: la alineación de la evaluación científica y académica con los derechos humanos, la relevancia social del conocimiento, la valoración del multilingüismo, la inclusión de la extensión universitaria, el reconocimiento de trayectorias diversas, el carácter participativo y evolutivo de la evaluación, y un cuestionamiento al uso acrítico de métricas restrictivas en términos geográficos, disciplinares y lingüísticos.

En este marco, las categorías de ciencia social politizada y móvil que hemos desarrollado colectivamente en trabajos previos de CLACSO se consolidan como claves analíticas para pensar ciencias comprometidas con los problemas urgentes de nuestros pueblos. Una ciencia politizada –en el sentido varsavskiano– reconoce su ineludible inscripción en disputas por el sentido común y la orientación del desarrollo; mientras que una ciencia móvil –en diálogo con el pensamiento de Fals Borda– se desplaza hacia los territorios-comunidades, se vincula con otros actores sociales y busca incidir en la transformación de las condiciones materiales de existencia. Estas categorías permiten comprender y disputar los modelos en pugna en el campo de la política científica en América Latina y el Caribe: uno centrado en la productividad bajo lógicas globales descontextualizadas y otro que apuesta por la relevancia social, la soberanía epistémica y la democratización del conocimiento científico-tecnológico. En este sentido, proponemos avanzar hacia ciencias profundamente comprometidas y democráticas, entendidas no solo como accesibles, sino también como fruto de una construcción colectiva, con agendas y prioridades definidas en diálogo con las necesidades del pueblo y no exclusivamente por los intereses del mercado o de las élites científicas internacionalizadas.

Sobre estos antecedentes y aprendizajes colectivos, esta declaración –elaborada de forma colaborativa y firmada por el Grupo de Trabajo de CLACSO “Ciencia Abierta como Bien Común”, el Grupo de Trabajo “Ciencia Social Móvil y Politizada” y el FOLEC– reafirma y actualiza un horizonte compartido: ciencias abiertas, democráticas, justas, inclusivas y soberanas, entendidas como bienes públicos comunes y herramientas para la transformación social. Retomando las tradiciones críticas y emancipadoras del Sur Global, e incorporando los debates contemporáneos sobre acceso abierto, ciencia abierta, evaluación responsable y pluralidad epistémica, esta declaración ofrece un marco común –o una hoja de ruta– para repensar las políticas científicas y tecnológicas en la región. Este marco se estructura en torno a tres pilares entrelazados, que se desarrollan en la propuesta transformadora más adelante. Las dimensiones que lo componen expresan una apuesta ética y política por ciencias democráticas, construidas colectivamente, vinculadas a las luchas y necesidades sociales, y comprometidas con la soberanía científica, la independencia tecnológica, la justicia cognitiva, el bienestar y la felicidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Pilares de la propuesta transformadora

América Latina y el Caribe requieren con urgencia una transformación estructural y radicalmente democrática de sus complejos científico-tecnológicos. Esta transformación no puede reducirse a ajustes técnicos ni a la incorporación de nuevas herramientas: implica una redefinición profunda de los fines, los medios y los sentidos que orientan la producción de conocimiento científico-tecnológico en la región. Se trata, en definitiva, de disputar el modelo hegemónico de producción, circulación, evaluación, uso y apropiación del saber científico, para avanzar hacia un paradigma que ponga a las ciencias al servicio de los pueblos, las comunidades, los territorios y la ampliación de la vida democrática. En este horizonte transformador, resulta indispensable situar la discusión en un marco normativo que reconozca el derecho a la ciencia como un derecho humano y un bien común universal.

El marco normativo que orienta esta transformación se sustenta en la concepción de la ciencia como un derecho humano, tal como lo han afirmado la UNESCO y el sistema de Naciones Unidas en documentos como Derecho a la ciencia: una mirada desde los derechos humanos (UNESCO, 2020) y Derecho a la ciencia y a los sistemas de conocimiento (UNESCO, 2022). Este enfoque reconoce que todas las personas y comunidades tienen el derecho a acceder, participar y contribuir en la producción y el uso de los conocimientos científicos, así como a beneficiarse de sus resultados. La ciencia, entendida como un bien común y un componente esencial de la vida democrática, debe desarrollarse bajo principios de libertad, equidad, inclusión y respeto por la diversidad cultural y epistémica. Desde esta perspectiva, garantizar el derecho a la ciencia supone promover políticas que eliminen las barreras estructurales —económicas, tecnológicas, lingüísticas o institucionales— que limitan su ejercicio, y fortalecer la participación social en la definición de sus fines y prioridades. En América Latina y el Caribe, asumir la ciencia como un derecho humano implica orientar su desarrollo hacia la justicia cognitiva, la soberanía y el bienestar colectivo de los pueblos de la región. Sobre esta base se erigen los tres pilares que orientan la propuesta transformadora que aquí se plantea.

El primer pilar de esta transformación es la ciencia abierta como bien público y común. Esta noción supera la visión restringida del acceso abierto a publicaciones, proponiendo un enfoque integral que abarca todas las dimensiones del proceso científico: desde la generación de datos hasta la evaluación, la gobernanza, la participación social, las infraestructuras digitales y los marcos éticos. La ciencia abierta promueve el acceso equitativo al conocimiento, la colaboración entre diversos actores sociales, el reconocimiento de saberes plurales y la eliminación de barreras económicas, lingüísticas y tecnológicas que limitan el derecho a investigar y a ser parte de la producción de saberes.

El segundo pilar es la construcción de un nuevo modelo de evaluación científica con relevancia social, tal como viene proponiendo el FOLEC-CLACSO. Este modelo rechaza la dependencia acrítica de métricas y rankings comerciales e impulsa criterios de evaluación que reconozcan la diversidad de trayectorias investigativas, las múltiples contribuciones al desarrollo humano y ambiental, el compromiso con los contextos locales y la capacidad de incidir en la transformación de las realidades sociales, por ejemplo, a través de la investigación-acción-participativa o las políticas públicas basadas en la evidencia científica. No se trata solo de medir mejor, sino de transformar lo que se considera valioso en el trabajo científico.

El tercer pilar es la soberanía epistémica y tecnológica, que exige recuperar el control público, democrático y regional sobre las infraestructuras, plataformas y procesos que hacen posible la ciencia. Esto implica fortalecer repositorios institucionales, desarrollar herramientas abiertas y accesibles, garantizar el multilingüismo y asegurar que las tecnologías digitales –incluyendo la inteligencia artificial– se diseñen y usen bajo principios éticos, con participación activa de la comunidad científica y sin subordinación a lógicas mercantiles.

En conjunto, estos pilares conforman una arquitectura transformadora que trasciende las fronteras sectoriales o institucionales. Estos tres pilares están interrelacionados y solo pueden realizarse plenamente si se articulan con políticas públicas robustas, recursos económicos suficientes, voluntad política sostenida, así como liderazgo y diálogos institucionales que fomenten el cambio cultural; sólo así será posible alcanzar una ciencia auténticamente democrática, orientada al bienestar colectivo de nuestros pueblos. Dichos pilares son también el resultado de un proceso histórico de lucha, reflexión y creación colectiva de las comunidades científicas y educativas de la región, que hoy se expresan en múltiples iniciativas, redes y declaraciones orientadas a democratizar el conocimiento.

En suma, transformar las ciencias en América Latina y el Caribe no es solo un desafío institucional: es una tarea política, cultural y ética, que debe ser asumida con sentido de urgencia y con mirada estratégica. El futuro del conocimiento científico en nuestra región depende de que logremos reconfigurar sus fundamentos desde el compromiso con la soberanía científica, la independencia tecnológica, la justicia cognitiva, el bienestar y la felicidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Principios rectores 

La transformación del ecosistema científico-tecnológico en América Latina y el Caribe debe basarse en una serie de principios éticos, políticos y operativos que orienten tanto las políticas públicas como las prácticas institucionales y las decisiones cotidianas en los campos científicos y académicos. Estos principios no son meramente técnicos ni normativos; constituyen apuestas de sentido que permiten reconfigurar las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y poder,  a fin de establecer un marco coherente y común orientado a las aspiraciones de justicia, inclusión y soberanía que atraviesan a la región.

I. Principios fundamentales: hacia una ciencia ética, democrática y comprometida

1. Justicia social, ética del conocimiento e impacto ampliado

Orientar los procesos de producción, circulación y validación del conocimiento científico-tecnológico hacia principios de justicia social, relevancia ética y compromiso con los derechos humanos y el bienestar colectivo. Esto implica reconocer y valorar la incidencia del conocimiento en los territorios-comunidades, en las políticas públicas y en los procesos de transformación social. Se propone ampliar la noción de “impacto” más allá de los indicadores de citación o productividad académica, incorporando dimensiones sociales, culturales, productivas, ambientales, pedagógicas y comunitarias, atendiendo especialmente a los problemas públicos y a la producción de bienes comunes.

2. Diversidad lingüística y cultural como condición de inclusión epistémica

Fomentar activamente el multilingüismo y la diversidad cultural en los procesos de producción, circulación y validación del conocimiento científico-tecnológico. Las políticas científicas públicas deben impulsar el uso de las lenguas propias de los países y regiones del Sur Global, incluyendo lenguas originarias, mediante estrategias de publicación, traducción y reconocimiento académico. Esto supone valorar la diversidad de formatos, saberes y modos de circulación del conocimiento, reconociendo la importancia de las expresiones regionales, locales y ancestrales como parte integral del ecosistema científico y cultural.

3. Reconocimiento de la co-producción de conocimiento y del trabajo colectivo

Revalorizar el carácter colaborativo de la producción científica-tecnológica, reconociendo adecuadamente el trabajo en equipo, las redes interinstitucionales y las trayectorias interdisciplinarias. Asimismo, se deben visibilizar y valorar los procesos de co-producción de conocimiento con actores sociales, comunidades locales, pueblos indígenas, movimientos sociales, sectores productivos y gestores de políticas públicas. El diálogo de saberes y la construcción colectiva deben ser considerados elementos centrales del trabajo científico-tecnológico y deben formar parte de los criterios de evaluación y reconocimiento académico.

4. Derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten

Reconocer la participación en la ciencia como un derecho humano fundamental implica garantizar que todas las personas y comunidades puedan involucrarse activamente en la producción, circulación y uso del conocimiento científico-tecnológico, y beneficiarse de sus resultados. Ello requiere políticas públicas que aseguren la accesibilidad, inclusión y participación efectiva en todas las etapas del proceso científico, desde la definición de agendas y prioridades hasta la evaluación y la movilización y apropiación social de los resultados. Este principio se sustenta en los marcos internacionales promovidos por la UNESCO y el sistema de Naciones Unidas, que afirman la obligación de los Estados de crear entornos favorables para la libertad de investigación, la cooperación abierta y el acceso equitativo al conocimiento. En el contexto latinoamericano y caribeño, ejercer este derecho supone democratizar la ciencia, fortalecer la soberanía epistémica y tecnológica, y promover una distribución justa de los beneficios del saber y de la innovación en función del bien común y del desarrollo de los pueblos.

II. Democratización del conocimiento y soberanía digital

4. Acceso abierto, libre y no comercial al conocimiento científico financiado con fondos públicos

Promover el acceso abierto irrestricto a todos los productos de investigación financiados con fondos públicos, eliminando barreras de pago o suscripción. Este acceso debe garantizarse a través de repositorios interoperables de acceso abierto (vía verde) y mediante el fortalecimiento de revistas científicas que operen bajo el modelo diamante, es decir, sin cargos para lectores ni para autores. Se debe priorizar el uso de infraestructuras no comerciales, sostenidas por universidades, redes públicas o sistemas cooperativos de ciencia abierta, para garantizar la soberanía del conocimiento científico-tecnológico y evitar su privatización y mercantilización.

5. Desarrollo y sostenibilidad de infraestructuras abiertas, interoperables y cooperativas

Fortalecer infraestructuras digitales públicas y abiertas que permitan la producción, circulación, visibilidad, preservación y reutilización del conocimiento científico-tecnológico. Esto incluye repositorios de acceso abierto, plataformas de revistas no comerciales, portales de libros, archivos institucionales y bibliotecas digitales. Estas infraestructuras deben operar con estándares abiertos, garantizar la interoperabilidad regional e internacional y asegurar la preservación a largo plazo de los contenidos. Asimismo, deben facilitar el desarrollo y la difusión de recursos educativos abiertos (REA), promoviendo el acceso libre, gratuito y reutilizable al conocimiento con fines pedagógicos.

6. Construcción de sistemas de información académica inclusivos y representativos

Diseñar y sostener sistemas de información científico-tecnológica y académica que sean públicos, abiertos, federados y actualizados, capaces de representar la diversidad institucional, disciplinar y territorial de los sistemas científicos y educativos. Estos sistemas deben permitir visibilizar las agendas de investigación, los actores involucrados y las modalidades de producción, circulación, usabilidad y apropiación del conocimiento. Es fundamental que estos sistemas estén alineados con principios de ciencia abierta y con los derechos digitales, y que sean gobernados democráticamente por actores públicos y comunitarios.

III. Transformación de los modelos de evaluación

7. Sistemas de evaluación abiertos, participativos y contextualizados

Impulsar sistemas de evaluación de la actividad científica, tecnológica y académica sustentados en plataformas abiertas, públicas y cooperativas que permitan transparencia, trazabilidad y control democrático del proceso evaluativo. Estos sistemas deben adaptarse a la diversidad institucional, disciplinar, lingüística y territorial, reconociendo diferentes trayectorias y modalidades de producción de conocimiento científico-tecnológico. Se deben diseñar procesos evaluativos abiertos, evolutivos, participativos y cooperativos, que involucren activamente a las comunidades académicas y a los actores sociales pertinentes, en lugar de reproducir modelos opacos, jerárquicos, competitivos, cerrados y estandarizados.

8. Uso de indicadores cualitativos y contextualizados, y superación de métricas comerciales y los rankings internacionales

Sustituir el uso hegemónico de métricas comerciales como el factor de impacto o el índice H, así como el uso de rankings, por modelos de evaluación basados en el juicio experto cualificado, criterios cualitativos y métricas alternativas desarrolladas en entornos regionales y no comerciales. Es imprescindible fomentar el uso de sistemas como Latindex, SciELO, RedALyC, AmeliCA, LA Referencia y otros repositorios regionales para la evaluación de publicaciones. Se deben desarrollar indicadores propios, contextualizados y relevantes para las realidades institucionales, territoriales y disciplinares del Sur Global, que permitan superar la dependencia de indicadores de citación internacionales y de lenguas dominantes.

9. Evaluación con equidad de género, inclusión de diversidades y apoyo a trayectorias emergentes

Incorporar de manera activa una perspectiva de género y diversidad en los procesos de evaluación, promoviendo la visibilización, el reconocimiento y la valorización de los aportes de mujeres, diversidades sexo-genéricas y colectivos históricamente subrepresentados en la ciencia y tecnologia. Asimismo, es fundamental establecer apoyos específicos a las trayectorias en formación, incluyendo jóvenes investigadores, becarias y becarios, mediante sistemas que contemplen su especificidad, sus tiempos de formación y sus contribuciones iniciales, promoviendo procesos de mentoría, acompañamiento y reconocimiento diferenciado.

IV. Formación y cultura de ciencia abierta como bien público y común

10. Formación crítica y estrategias pedagógicas para arraigar la ciencia abierta como bien público y común basado en una evaluación con relevancia social

Impulsar espacios formativos y estrategias pedagógicas que promuevan una comprensión crítica y colectiva sobre la evaluación científica y la ciencia abierta como herramientas para la transformación institucional y social. La socialización de saberes es condición de posibilidad para construir comunidades de prácticas comprometidas con la justicia epistémica, la equidad en la producción y circulación del conocimiento científico-tecnológico y el cuestionamiento de los modelos hegemónicos y corporativos. Para arraigar una cultura de apertura, es imprescindible acompañar los programas de formación con guías institucionales y espacios de diálogo que capaciten a todos los actores académicos en los principios, herramientas y valores de la ciencia abierta, favoreciendo su adopción en la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la vinculación.

Estos principios, asumidos en su conjunto, permiten construir un nuevo contrato social para el conocimiento científico en América Latina y el Caribe, donde las ciencias dejen de ser un privilegio para convertirse en una herramienta al servicio de la transformación social, la equidad y el desarrollo soberano de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños.

Llamado a la acción

En un mundo donde la concentración del poder económico y tecnológico se profundiza, las desigualdades se agravan y los discursos neoliberales y autoritarios de las extremas derechas amenazan nuestras instituciones democráticas, defender un conocimiento libre, plural y orientado al bien común se convierte en un imperativo político y ético. Desde América Latina y el Caribe, hacemos un llamado claro, decidido y colectivo a todos los actores vinculados con la ciencia, la tecnología y la educación superior: es tiempo de actuar, de imaginar y de construir un modelo de producción de saberes que sea verdaderamente justo, democrático, soberano y arraigado en las transformaciones que nuestros pueblos demandan.

Instamos a los Estados y a los organismos de integración regional a reconocer las ciencias como un derecho humano y un bien público y común, y a diseñar políticas públicas que garanticen la soberanía científica, la independencia tecnológica y la justicia epistémica. Para ello resulta imprescindible invertir en infraestructuras abiertas y sostenibles, fortalecer y financiar las revistas científicas locales, garantizar el acceso abierto no comercial al conocimiento y fomentar la cooperación solidaria entre los países de América Latina, el Caribe y el Sur Global. A la vez, urgimos a universidades, centros de investigación y agencias de financiamiento a revisar críticamente sus sistemas de evaluación e incentivos, abandonando lógicas competitivas basadas en métricas bibliométricas y rankings internacionales, y abrazando una cultura académica y científica que valore la colaboración, la diversidad epistémica, la relevancia social y la producción colectiva del conocimiento.

Convocamos a las comunidades científicas, académicas y estudiantiles a asumir un papel protagónico en esta transformación. No basta con adherirse de forma superficial a consignas como “ciencia abierta”: es esencial disputar sus significados, politizarlos y apropiárselos críticamente. La resistencia a los modelos neoliberales y tecnocráticos nace de la organización, la solidaridad y la acción regional conjunta. Asimismo, instamos a los movimientos sociales, a los pueblos originarios, a las comunidades afrodescendientes, feministas, campesinas y populares a integrarse activamente en la construcción de una ciencia situada y emancipadora, que reconozca que el conocimiento se produce tanto en los laboratorios y aulas como en los territorios, en las luchas y en las prácticas ancestrales de nuestros pueblos.

En consonancia con nuestro compromiso de transformar los sistemas de evaluación y promover una ciencia abierta y democrática, presentamos a la Asamblea de CLACSO dos iniciativas que apuestan por la socialización de estas propuestas, reconociendo el papel fundamental de las estrategias pedagógicas como herramientas de cambio y como condición de posibilidad para construir y desarrollar comunidades de prácticas. La proliferación de espacios formativos en estos temas es esencial para fomentar una comprensión crítica y colectiva de las prácticas científicas abiertas basadas en prácticas evaluativas responsables. Estos espacios permiten cuestionar los modelos hegemónicos, promover la equidad en la producción y difusión del conocimiento, y construir una comunidad académica comprometida con la justicia epistémica y social.

Por un lado, presentamos la “Escuela de Evaluadores y Evaluadoras del FOLEC”, una iniciativa que es resultado de años de investigación, que inició sus actividades en 2024 y se consolida en 2025, reflejo de la madurez alcanzada tras una larga etapa de diálogo latinoamericanista con actores de todo el mundo en torno a la evaluación científica y el paradigma de la ciencia abierta. Su objetivo central es fortalecer la formación y el conocimiento crítico sobre los debates contemporáneos en evaluación responsable y ciencia abierta, promoviendo la reflexión y el cuestionamiento de las prácticas evaluativas hegemónicas mediante herramientas teórico-metodológicas innovadoras que faciliten modos de evaluación inclusivos, transparentes, justos y adecuadamente situados en nuestro contexto regional en un marco global en pos de la ciencia abierta. Partimos del diagnóstico de que transformar la evaluación exige actuar simultáneamente en múltiples dimensiones: la política, para revisar las relaciones de poder y generar consensos estratégicos; la axiológica, para redefinir los valores que la sustentan; la institucional y normativa, para reformular reglas y procedimientos con procesos de cambio situados y bidireccionales (de abajo hacia a arriba y viceversa); y la praxeológica, para traducir esos consensos en prácticas cotidianas que impacten de verdad a quienes evalúan y a quienes son evaluados. En este marco, la Escuela adopta una estrategia pedagógica –buscando incidir en los niveles anteriores– que socializa los principios del nuevo paradigma entre todos los públicos y agentes sociales, construyendo nuevos sentidos alternativos al modelo hegemónico y gestando prácticas innovadoras capaces de impulsar los cambios institucionales que necesitamos. Con una mirada crítica y participativa, la Escuela socializa saberes y herramientas conceptuales, éticas y prácticas, para hacer realidad una ciencia más inclusiva, democrática y socialmente relevante: una ciencia abierta movilizada para resolver los problemas que afectan a nuestros pueblos y promover un impacto social real en su quehacer. A lo largo de las dos ediciones de la Escuela de Evaluadores y Evaluadoras del FOLEC, se contó con la participación de 26 docentes provenientes de 21 instituciones diferentes y 8 países distintos, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en evaluación científica y académica. Esta diversidad enriqueció los debates y promovió una visión plural y contextualizada de las prácticas evaluativas en América Latina y el Caribe. 

Por otro lado y complementando la propuesta previa, se desarrolló entre octubre y diciembre de 2024 el curso en línea «Ciencia Abierta como Bien Público: Reflexiones y Acciones Necesarias desde la Perspectiva No Comercial». Esta iniciativa surgió como respuesta a los debates regionales sobre la mercantilización del conocimiento y la necesidad de modelos alternativos de comunicación científica. El curso tuvo como objetivo profundizar en las dinámicas y buenas prácticas de la ciencia abierta, enfocándose en desmantelar las lógicas comerciales predominantes y fomentar procesos de publicación más inclusivos y transparentes. A través de una metodología activa que combinó módulos teóricos, foros de discusión y actividades prácticas, se buscó socializar los principios de la ciencia abierta entre investigadores, bibliotecarios y editores. Con una perspectiva participativa, los contenidos fueron impartidos por 16 especialistas de 12 instituciones en 8 países, quienes facilitaron debates y coordinaron actividades colaborativas en espacios virtuales gratuitos con inscripción previa, culminando en la emisión de un certificado de aprobación. Esta experiencia contribuyó a movilizar una comunidad crítica y comprometida con una ciencia más inclusiva, democrática y socialmente relevante, dispuesta a traducir el paradigma de la ciencia abierta en acciones concretas que enfrenten la mercantilización del conocimiento y promuevan un impacto real en nuestras sociedades.

Por último, convocamos a las redes y foros internacionales, especialmente del Sur Global, a tejer alianzas horizontales, compartir experiencias y construir una agenda común para enfrentar las crisis civilizatorias desde la justicia social, ambiental y epistémica. Este es un tiempo para la imaginación política, para la acción colectiva y para la construcción de horizontes compartidos. 

Las ciencias que soñamos son posibles, pero requieren valentía, organización y compromiso. Desde América Latina y el Caribe, asumimos este desafío como parte de una lucha más amplia por la dignidad, la autonomía y la soberanía de Nuestramérica.

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