“Universalizar los alcances de la previsión social en beneficio de todas y de todos”
Transcripción de la columna de Karina Batthyány
en InfoCLACSO – 31 de mayo 2023
En esta columna, mencionaré el derecho a la previsión social, entendido justamente como la garantía de protección social y bienestar que asiste a todos los trabajadores y las trabajadoras al momento de la vejez o ante situaciones de incapacidad que puede ocurrir a lo largo la vida y cuenta con reconocimiento constitucional en la mayoría de los países a lo largo del mundo. Además, tiene un reconocimiento internacional muy fuerte a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por medio de su Convenio 102.
La primera noción de un sistema de seguridad social en el mundo se remonta a fines de 1800, a la época de Otto von Bismarck, en Alemania, con la Ley del Seguro Obligatorio de Invalidez y Vejez, que se promulgó en 1889 y con el tiempo se fue extendiendo a otros países.
Los sistemas previsionales en el mundo permitieron instituir y legitimar la idea de la jubilación, es decir, el retiro del mercado laboral a una edad socialmente determinada que ha ido variando a lo largo del tiempo, estableciendo mecanismos colectivos de distribución de recursos para financiar los beneficios. Es decir, llegar a una edad en la que es posible retirarse y jubilarse del sistema en el mercado de trabajo con ingresos asegurados de manera solidaria entre las distintas generaciones y los distintos países.
Evidentemente, según el modelo que miremos, tanto actual como a lo largo de la historia, encontramos diferencias en los niveles de cobertura y gastos previsionales, que depende de decisiones políticas en contextos históricos y sociales sobre el diseño y la implementación de dichos sistemas y de la estructura socio-demográfica en los distintos países.
Si miramos nuestra región latinoamericana, la primera caja de jubilaciones de empleados de la administración pública fue creada en Argentina, en 1904, y el primer sistema no contributivo de pensiones en Uruguay en 1919, mientras que el primer sistema nacional obligatorio de seguridad social lo instituyó Chile en 1924, el cual incluía la Caja del Seguro Obrero, la Caja Nacional de Empleados Públicos y la Caja de Empleados Particulares.
Hoy, si miramos la realidad latinoamericana, estamos lejos todavía de tener un sistema unitario de jubilaciones en nuestra región. Algunos siguen teniendo una marcada presencia del Estado, mientras que otros tienen un fuerte giro hacia la privatización en el manejo de los fondos de pensiones y jubilaciones. En todos los casos, se enfrentan a grandes limitaciones por los amplios niveles de informalidad laboral, una de las principales causas de la baja cobertura en la región, además de las transformaciones demográficas y la tendencia al envejecimiento en nuestra región.
Los trabajadores y trabajadoras no registrados (informales) transcurren gran parte de su vida laboral sin realizar aportes previsionales y seguramente alcancen la edad del retiro sin tener derecho a una jubilación, particularmente en el sector rural y entre los trabajadores por cuenta propia.
Informalidad, baja cobertura y pobreza en la vejez están relacionados: los países más pobres tienden a tener sistemas de seguridad social menos desarrollados e invertir menos recursos en beneficios. Esto limita las posibilidades de la política pública de reducir de manera efectiva la incidencia de la pobreza en la vejez y limita, por supuesto, los derechos a un ingreso propio de dicha población.
Si miramos a nivel micro (entre las familias) sucede algo similar: los trabajadores y las trabajadoras con ingresos más bajos y menores niveles de cualificación, suelen encontrarse en la economía informal y carecer de cobertura previsional.
A fines del siglo XX, en el marco de la reestructuración de las economías latinoamericanas que prosiguió a la crisis de la deuda y del llamado Consenso de Washington, el nuevo paradigma previsional, impulsado desde el Banco Mundial y otros organismos internacionales, fue la privatización total o parcial de los antiguos sistemas públicos de reparto. Implicó, por tanto, el retiro del Estado y su reemplazo por sistemas de capitalización individual y gestión privada. Como resultado de ello, los problemas de cobertura persistieron y en algunos casos se agravaron.
Si bien la privatización de los sistemas públicos fue revertida en algunos casos, por ejemplo en Argentina, el común denominador es que todos los sistemas latinoamericanos de pensiones se enfrentan a retos enormes que representan un fuerte desafío a las finanzas públicas. Se prevé que América Latina vivirá un acelerado envejecimiento poblacional y, para el año 2045, las proyecciones indican que cerca del 18 por ciento de la población total estará conformada por personas de 65 años o más.
Un estudio de 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que lo más probable es que la protección social (la cobertura y el nivel de las prestaciones) que presenten los sistemas de pensiones no sea equivalente, lo que podría provocar importantes efectos económicos y sociales. Ese año, cerca de 57 millones de personas pertenecían al grupo de 65 años y más, la edad mínima de jubilación en la mayoría de los países latinoamericanos. La CEPAL advierte que para 2040 se proyecta que en torno a 111 millones de personas estarán en dicho grupo etario, alcanzando el 15% de la población total en la región.
Al creciente número de adultos mayores en América Latina se suman los trabajadores informales que no suelen aportar para su pensión, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La nuestra es una región en la que las tendencias muestran que podría haber más pensionados y menos trabajadores que aportan al sistema. Según la OCDE, además de ser pocos, las contribuciones de estos trabajadores suelen ser demasiado irregulares para financiar unas prestaciones adecuadas. Para 2050, entre 63 y 83 millones de personas podrían no recibir una pensión adecuada en ausencia de reformas y de esfuerzos por aumentar el empleo en el sector formal, incluyendo el acceso a educación de calidad.
Además, debemos agregar las desigualdades de género, que son otra limitación de los sistemas previsionales actuales, donde se trabaja la ‘unidad de protección’ con la familia o el hogar, definida como un núcleo estable en el cual la mujer se dedica al trabajo no remunerado del hogar (incluyendo cuidado de niños, niñas o personas mayores) y que se encontraría protegida a través de su pareja, un diseño que responde cada vez menos a la realidad de los hogares actuales y a la realidad de las mujeres en América Latina y el Caribe.
Por otro lado, a pesar de la tendencia al alza, aún hoy las mujeres siguen presentando tasas de participación en el mercado laboral menores que los varones y con brechas salariales muy importantes. En varios países de América latina, la incidencia del desempleo y la informalidad entre las mujeres que sí participan del mercado laboral es además mayor que entre los varones. Así, a la hora de reclamar un beneficio jubilatorio de tipo contributivo, las mujeres se encuentran en desventaja: acumulan menos aportes y, por lo tanto, muchas de ellas no logran alcanzar el mínimo requerido para obtener un beneficio; y las que sí lo obtienen, reciben beneficios más bajos, sea por haber contribuido pocos años o porque sus aportes y/o ingresos laborales fueron menores.
Por todo lo descrito, es cada vez más urgente avanzar en reformas de fondo, con contenido social, canalizando recursos que hoy son destinados a políticas muy alejadas de las necesidades de nuestras poblaciones. Y ello es válido no sólo en nuestra región, también en Europa. Vale para ello detenernos en el reciente caso de Francia, que ha estado en la prensa y en los medios durante este último tiempo.
Hay una reforma de pensiones impuesta a mediados de abril por decreto por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron que ha desatado fuertes críticas y protestas en las calles. Se validó así el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como ahora, para cobrar una pensión completa.
La segunda economía europea cuenta desde 1945 con un sistema previsional de reparto, basado en el principio de solidaridad intergeneracional, por el cual los trabajadores activos pagan las pensiones de los jubilados. Macron argumenta ahora que su durabilidad no es sostenible en un país que registra un envejecimiento de la población, donde la esperanza de vida es de 85,5 años en mujeres y 79,4 en varones. Y dice que así busca evitar un déficit de 13.000 millones de euros en la caja de las pensiones para 2030.
Muchos expertos y los Grupos de Trabajo CLACSO que abordan estos temas han mostrado la falsedad y el contenido alarmista de dichos anuncios. También ocurre en América Latina, por ejemplo en Uruguay, donde se acaba de aprobar una reforma que retrasa la edad de jubilación para el futuro. El presidente actual Luis Lacalle Pou rompió una de sus promesas electorales de no tocar las jubilaciones, introdujo un conjunto de artículos al inicio, que luego fueron modificados con la sostenibilidad del Banco de Previsión Social, y muestran un retraso de la edad a la jubilación para varones y mujeres a partir de los próximos años en el Uruguay.
Me refiero a los casos de Francia y Uruguay para mostrar cómo estos temas están muy ligados al bienestar de la población en nuestros países. Particularmente el de las personas mayores, pero es un tema que toca al bienestar de toda la sociedad.
– Pensar cómo la alineación política de los sectores más conservadores que plantean las mismas reformas en diferentes partes del mundo casi al mismo tiempo… Ahí hay una avanzada en relación a todo lo que es el sostén social, ¿no?
– Efectivamente. Está basada en argumentos de corte demográfico, que sin duda son innegables. Ahora vivimos más que antes. La expectativa de vida ha aumentado y no tiene que ser malo necesariamente, todo lo contrario: deberíamos celebrar que esto sea así y no recortar derechos que están asociados a la noción de bienestar. En definitiva, por un lado, son formas en las que se expresan también las disputas ideológicas. Por un lado, en el marco de los modelos neoliberales, se coloca en el centro de la discusión la necesidad de recortar estos sistemas que otorgan beneficios a todos y todas en pos de dicho bienestar social. Y por el otro, aquellos modelos de corte más progresista sostienen que hay que cambiar la forma en que se administran y distribuyen los recursos entre toda la sociedad.
Si desea recibir más información sobre las propuestas de formación de CLACSO:
[widget id=”custom_html-57″]
a nuestras listas de correo electrónico.
