“Trataron de borrarlos de la historia”
A casi 31 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA de San Salvador, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el 16 de noviembre de 1989, la Audiencia Nacional de España condenó el viernes 11 de septiembre de 2020 al coronel y exviceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano, a 133 años de cárcel ¬–a razón de 26 años, 8 meses y 1 día de prisión por cada homicidio–. Esa madrugada de noviembre de 1989 también fueron asesinados el sacerdote salvadoreño Joaquín López y la colaboradora Julia Elba Ramos y su hija de 16 años Celina Mariceth Ramos. Aunque el Tribunal también considera a Montano culpable de estas muertes, no puede condenarlo “al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes”.
En una conferencia de prensa, el del P. Andreu Oliva, rector la la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y el P. José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), dieron a conocer la postura de la alta casa de estudios de San Salvador.
“Las condenas judiciales por homicidio, por terrorismo, por un crimen de lesa humanidad, nunca son motivo de alegría –sostuvo Andreu Oliva–; expresan la triste realidad de un pasado doloroso, de un pasado trágico que vivimos en nuestro país. Y también expresan lo peor de la condición humana, su capacidad de ofender gravemente a la vida, de romper con la fraternidad a la que la humanidad está llamada. Pero siempre el resultado de un caso judicial es un reconocimiento formal legal y democrático de la verdad y un estímulo, una garantía de no repetición de estos actos inhumanos. La resolución judicial es también un medio ideal para ir avanzando hacia lo que la UCA y la Compañía de Jesús hemos expresado desde que ocurrió la masacre: el camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón. Por eso es importante también que continúe el proceso judicial ya iniciado aquí en El Salvador por la masacre de la UCA –y qué está malintencionadamente detenido– para determinar quiénes fueron los otros autores intelectuales de esta horrenda masacre, lo cual es una deuda que tiene el sistema de Justicia salvadoreño que no debe seguir esperando más, al igual que no deben seguir esperando más todos aquellos crímenes, masacres, desapariciones, que se cometieron en nuestro país en esos años”.
A su vez, José María Tojeira aseguró: “Trataron los asesinos y quienes dieron la orden de matar a los jesuitas de borrarlos de la historia, borrarlos de la existencia, y es el pueblo salvadoreño y otros pueblos solidarios los que los devuelven a la vida. Y un juicio es una manera de devolver a la vida digna a estas personas que fueron aplastadas, maltratadas, no solo a los jesuitas y a las dos mujeres que fueron asesinadas con ellos, sino que hay tanta víctima de masacre y de otros actos repudiables que se han cometido aquí en El Salvador. En ese sentido, quisiera expresar este deseo de construir paz con justicia; la justicia es una manera de darle vigencia a la verdad. Vivimos en un país donde el único Santo que tiene canonizado es a Monseñor Romero, y las Naciones Unidas el día de Monseñor Romero lo han declarado el Día del derecho de las víctimas a la verdad.”
La masacre ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando miembros del Alto Mando salvadoreño, entre los que estaba Montano, ordenaron a un batallón de su Ejército irrumpir en la UCA. Un grupo de 40 hombres sacó a los jesuitas de sus habitaciones y los ametralló hasta la muerte. Segundos después, los militares encontraron agazapadas en una habitación a dos mujeres y dispararon también contra ellas.
El Ejército salvadoreño acusaba a los jesuitas de colaborar con la guerrilla del FMLN y lanzó durante varios días una campaña de acoso a través de su radio oficial en connivencia con la extrema derecha. Los días previos a la masacre por San Salvador corrían pasquines que lo decían todo: “Haga patria, mate a un cura”.
Los jesuitas llevaban varios años intentando una mediación entre el Gobierno y el FMLN para lograr un acuerdo de paz que acabara con una guerra soterrada que ya había costado decenas de miles de muertos. En su trabajo por el cese de la violencia, los sacerdotes denunciaban las vulneraciones de los Derechos Humanos cometidos por unidades militares y células de extrema derecha contra los campesinos salvadoreños. La sentencia cuenta que los jesuitas habían sido blanco durante esa década de “amenazas de muerte, registros y atentados en la UCA, que fueron creciendo en intensidad y en número, hasta 49 en el año 1989”. De hecho, la implicación de parte de la iglesia en la defensa de los Derechos Humanos a través de la Teología de la Liberación ya le había costado la vida en 1980 al arzobispo de San Salvador, Oscar Romero.
Ver también Comunicado de CLACSO:
Justicia por los jesuitas salvadoreños asesinados en 1989
2020-9-11-Sentencia-Jesuitas
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