Desde el grupo de trabajo de CLACSO “Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos” manifestamos nuestra preocupación frente a la criminalización, el encarcelamiento y la campaña racista de persecución que está sufriendo el pueblo mapuche tehuelche en la provincia de Chubut, Argentina.

El pasado 11 de febrero de 2025 la policía militarizada allanó varias comunidades de la provincia: la Lof Cañiu la Lof Catriman Colihueque, la Lof Nahuelpan y la Lof Pillan Mahuiza, junto con la Radio Comunitaria Petü Mongueleiñ, y una vivienda particular en El Maitén. Las fuerzas de seguridad violentaron viviendas, rompieron puertas y ventanas, golpearon a ancianos frente a la mirada de niños y niñas, e incautaron libros de sociología, política y literatura. La orden de allanamiento estuvo a cargo del juez Jorge Criado, militante activo del partido radical y del Pro, afines al actual gobierno, y miembro de la Sociedad Rural, una asociación que nuclea a grandes propietarios de tierras y previamente denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial por prácticas discriminatorias hacia las comunidades mapuche. En el marco de los allanamientos fue detenida Victoria Dolores Fernández Núñez de la Lof Pillan Mahuiza, a quien el mencionado juez le dictó prisión preventiva por el término de 60 días, imputada por ser presuntamente participe de iniciar focos de incendio en la zona.

Con estos allanamientos, los gobiernos de la provincia y de la nación buscan culpabilizar al pueblo mapuche tehuelche por los incendios que continúan expandiéndose en la Patagonia, profundizando el ataque y criminalización constante que sufre particularmente este pueblo por parte de las autoridades, quienes permanentemente acusan a los mapuche de utilizar métodos violentos para exigir derechos que nos les corresponderían y no dudan en llamarlos terroristas. Sin embargo, las comunidades mapuche tehuelches que buscan incriminar son tradicionalmente defensoras de la Mapu –la madre tierra–, de la cual dependen para su subsistencia y las denuncias realizadas en contexto de la expansión de los incendios carecen de toda fundamentación y prueba.

Por otra parte, existen evidencias de que el plan de combate del fuego del gobierno ha sido ineficiente y descoordinado, ya sea por el desfinanciamiento a las políticas necesarias para prevenir y atender incendios como por la subestimación de los efectos catastróficos que los mismos generan. Desde fines de diciembre hasta la fecha se quemaron más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, con daños materiales y vitales irreparables.

Esto se da en el marco de un gobierno que pretende desconocer y eliminar derechos constitucionales de los pueblos, así como negar los efectos devastadores que producen en los territorios el cambio climático y al tiempo que promueve el avance de los modelos de desarrollo extractivistas hegemónicos que arrasan bosques, privatizan montañas y cursos de agua y expulsan a los pobladores locales.

Repudiamos el accionar racista y autoritario del gobernador de la provincia argentina de Chubut, Ignacio Torres, y de la ministra de seguridad nacional, Patricia Bullrich, que reproducen y exacerban prácticas discriminatorias y avasallantes contra los pueblos indígenas; exigimos la inmediata liberación de Victoria Dolores Fernández Núñez y el respeto por los derechos indígenas consagrados constitucionalmente.

14 de febrero de 2025
Grupos de Trabajo CLACSO
Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos

Este pronunciamiento expresa la posición del mencionado Grupo de Trabajo y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.