Rechazo a las violaciones a los Derechos Humanos en Perú, a la criminalización de la disidencia y a la persecución política

La sociedad peruana se encuentra viviendo un período de gran inestabilidad política, en medio de una de las crisis sanitarias globales más graves de las últimas décadas.  A principios de noviembre de este año 2020, se sucedieron jornadas masivas de protestas exigiendo la dimisión del presidente interino Manuel Merino, denunciando la corrupción del Estado y de la clase política. La respuesta a las protestas fue una violenta represión que dejó como triste saldo la muerte de dos jóvenes manifestantes, cientos de detenciones arbitrarias e ilegales incluyendo el secuestro y la tortura de población civil[1]. Algo similar ocurrió a fines del mismo mes, frente a la protesta de trabajadores y trabajadoras del sector de la agroindustria y agro exportación de la región Ica, en las cuales un manifestante murió producto de la represión.

El clima de inestabilidad y amenaza por parte de agentes del Estado, se ha visto agravado por el violento allanamiento del hogar y detención de más de 70 personas acusadas de pertenecer al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) y al Partido Comunista del Perú conocido como “Sendero Luminoso”, entre las que se encuentran activistas, estudiantes, profesores/as músicos/as, actores/as y  escritores/as, a quienes se les imputa realizar actividades de proselitismo, infiltrarse en universidades y organizaciones sociales, y efectuar apologías a la violencia política.

Amparado en la lucha contra el terrorismo, el Estado peruano vigiló, infiltró e intervino comunicaciones de organizaciones sociales sosteniendo que desarrollan actividades terroristas,  vulnerando así el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de participación política, y violando el principio del Derecho Penal de la presunción de inocencia al presentar públicamente a los y las  detenidos/as como terroristas, con todas las implicaciones de estigma y sanciones sociales y legales que ello implica.

Observamos con preocupación cómo el Estado peruano utiliza las acusaciones de terrorismo, para amedrentar a la población y disuadirla de la disidencia y la protesta. Desde el punto de vista de los procesos de memoria colectiva, se podría pensar que la lógica de los dos demonios ha permeado a una parte de la sociedad civil que callan ante este atropello. Dicha lógica, que ha actuando con frecuencia como fundamento de la memoria hegemónica en la región, parece seguir presente en aquellos sectores que justifican la violencia de Estado, relativizando sus crímenes y diluyendo las responsabilidades de sectores que equiparan todas las formas de violencia, y demonizan las luchas sociales.

Como Grupo de Trabajo CLACSO, rechazamos el uso de toda forma de violencia represiva, y defendemos la necesidad de reconocer y respetar el legítimo derecho de los pueblos a protestar y a defender ideales contra ideologías dominantes. Nos preocupa la reinstalación de las violencias en América Latina y la persecución de quienes luchan por la transformación social. Hacemos un llamado a las fuerzas sociales comprometidas con los Derechos Humanos en América Latina y en el Perú, a resistir la reacción autoritaria que a través de distintos medios y estrategias que vulneran las garantías fundamentales, pretenden desmovilizar y amedrentar a la población. Nos solidarizamos con quienes hoy sufren las violaciones de sus derechos humanos mientras buscan un futuro más justo y democrático.

[1] https://derechoshumanos.pe/2020/11/verdad-y-justicia-para-la-generacion-del-bicentenario-y-para-todo-el-pais/

21 de diciembre de 2020
Grupo de Trabajo CLACSO
Memorias colectivas y prácticas de resistencia

Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Memorias colectivas y prácticas de resistencia  y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.