Pronunciamiento contra la estigmatización y los señalamientos al pensamiento crítico y a las comunidades educativas en Colombia
Colombia, 17 de septiembre 2020
Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas-MANPUP
Correo electrónico: [email protected]
El 9 de septiembre de 2020 se desató un estallido social en Colombia. El detonante: la indignación y la rabia por el asesinato de Javier Ordoñez a causa de la fuerza policial en la capital del país, a pesar de sus súplicas de ¡NO MÁS!. Las calles se inundaron de ciudadanos que manifestaban su descontento por este hecho y con la vulneración sistemática e histórica de derechos por parte de las fuerzas armadas del Estado colombiano. La protesta social es reprimida y deja un doloroso saldo de personas asesinadas, heridas y judicializadas. Sin embargo, los motivos de este estallido social se remontan a banderas posicionadas desde el 21N (noviembre) de 2019, que en el marco de la pandemia se han profundizado, entre ellos, los decretos que han ido consolidando el paquetazo Duque–Fondo Monetario Internacional-FMI para radicalizar las políticas neoliberales, precarizar las condiciones de vida de la clase trabajadora y salvaguardar los intereses de los bancos y las empresas privadas; el incumplimiento de los Acuerdos de La Habana y las posibilidades de construcción de paz, su negación a la garantía de una renta básica ante la crisis económica y humanitaria durante la pandemia, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las FARC-EP; las masacres de Samaniego, Cali, Nariño, Cauca, Santander, Bolívar, entre otros rincones del país, donde se resiste a la desigualdad social cada vez más dramática.
En este contexto, se refuerza la política sistemática de señalar, estigmatizar y amenazar la labor social, la defensa de los Derechos Humanos, el pensamiento crítico, las comunidades académicas y los procesos organizativos políticos, sociales y comunitarios. Los medios masivos de comunicación (oficialistas y gobiernistas) refuerzan dichos señalamientos, muestra de ello es el artículo del periódico El Tiempo del 15 de septiembre de 2020 “Así operan y se organizan grupos radicales y de vándalos en Bogotá” en el que se hacen diferentes afirmaciones irresponsables que colocan a los centros educativos como blanco de la persecución y el señalamiento de las fuerzas represivas estatales y paraestatales y desacreditan a las instituciones educativas ante la sociedad. Este es solo un ejemplo de la manera como se ataca la crítica social, la libertad de cátedra, de expresión, de opinión, y de participación política, que constituyen derechos fundamentales y son la base del desarrollo de los ejes misionales de las universidades públicas. Tal estigmatización golpea a las instituciones educativas, tanto como la desfinanciación histórica que asfixia y pone en peligro la sobrevivencia de la educación superior pública en el país, y con ella la posibilidad de garantizar el derecho fundamental a la educación y el acceso al conocimiento como bien común. En tiempos de pandemia, se ha demostrado el papel de las universidades como centros de formación, investigación y se han evidenciado los aportes significativos que le hacen a la sociedad.
Nuevamente se avanza hacia el montaje de “falsos positivos” judiciales, tal es el caso del profesor de Sociología de la Universidad Nacional-UNAL-, Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien a pesar de haber sido absuelto en diferentes instancias en procesos dispendiosos que significaron años de sufrimiento personal, familiar y de estigmatización a la universidad pública, vuelve a ser señalado de ser asesor del Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3) e intentan presentarlo como ideólogo de la comisión internacional de las FARC, cooperador de las actividades ilegales y promotor de actividades de la organización clandestina. En el mismo informe, se hacen similares acusaciones al
profesor Francisco Tolosa del Departamento de Ciencias Políticas de la UNAL, y se afirma que las denuncias de montajes judiciales constituyen una estrategia pensada y liderada por el PC3.
De otra parte, en el marco de los abusos de fuerza por parte de la policía nacional con intención de impedir la ejecución del derecho a la protesta social, se ha perseguido y estigmatizado a través de los medios de comunicación, como el canal TRO, al abogado y docente de la escuela de derecho de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Leonardo Jaimes Marín, tratando de desvirtuar su labor pedagógica en el campo de los DDHH y su intervención jurídica en defensa de los estudiantes que sufrieron agresiones, tortura, tratos crueles, capturas injustificadas e indiscriminadas en las recientes jornadas de protesta. Además, algunos noticieros sin otra fuente que los informes de la inteligencia policial o militar, intentan criminalizar a una organización juvenil resultante del proceso de paz, como es Juventud Rebelde, y a otras organizaciones, entre ellas, algunas defensoras de derechos.
Los señalamientos realizados significan un riesgo para la integridad y la vida de las personas señaladas y sus familias, una revictimización y afectación a sus espacios de vida cotidiana. Una vez más se intenta desprestigiar la labor docente e investigativa, es un ataque a la universidad pública, al pensamiento crítico, a la democracia y a la paz.
Ante este cúmulo de eventos sistemáticos, como Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas-MANPUP levantamos nuestra voz:
✓ Rechazamos estos señalamientos dirigidos al profesor Beltrán, Tolosa y Jaimes, a otros compañeros, estudiantes y profesores de las Universidades Públicas, y a las instituciones de educación y procesos organizativos en general; nos solidarizamos y reivindicamos las labores docentes, investigativas y de interacción social desde una apuesta por el pensamiento crítico y la transformación de la sociedad.
✓ Rechazamos la política sistemática represiva y militar dada a la protesta social por parte del gobierno Duque, así como la estigmatización de las universidades públicas, de las instituciones educativas y de los procesos organizativos y defensores de derechos humanos como generadores y promotores de grupos violentos.
✓ Reivindicamos el derecho a la libertad de cátedra, de pensamiento, de expresión, y a la protesta social.
✓ Convocamos a los diferentes procesos organizativos, y a la sociedad en su conjunto a construir un pacto por la defensa y cuidado de la vida, por el derecho a la construcción de paz, de condiciones dignas de trabajo; de un verdadero sistema público de educación superior que garantice la universalidad y la gratuidad; y un sistema de salud garante de la salud y la vida digna con justicia social.
✓ Hacemos un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con nuestro país, a velar y denunciar la crisis de derechos humanos en Colombia.
¡¡Ante las medidas neoliberales y represivas de Duque, quedarnos callados y quietos no es la opción!!
*Tercer informe de reclutamiento de menores en Colombia presentado a la JEP por las organizaciones de víctimas de las FARC (FEVCOL), la Corporación Rosa Blanca, Corporación Manos a la Paz, la Corporación Mambrú entre otras. 1 sep/20
