Pronunciamiento ante la violencia anti-inmigrante en el norte de Chile
El pasado fin de semana, tras un desalojo violento de unas 200 personas de origen venezolano (entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas) de una plaza pública, la ciudad de Iquique, situada al norte de Chile, fue escenario de diversas expresiones de xenofobia y racismo. Entre estas manifestaciones, se realizó una marcha anti-inmigrante que alcanzó su punto de máxima tensión y violencia en una fogata en la que se quemaron pertenencias de estxs migrantes.
Las escenas de personas lanzando pañales y un coche de bebé al fuego se transformaron en el ícono doloroso de la crónica de un desenlace previsible, como resultado de una política migratoria cada vez más restrictiva y selectiva, que ha empujado a cierta población migrante a la irregularidad; que ha recurrido a su criminalización, a la espectacularización de expulsiones masivas, y a diversas situaciones que vulneran sus derechos básicos, como se ha denunciado desde organizaciones de y pro migrantes, instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, académicxs y redes de universidades. Entre estas situaciones se cuentan las muertes de personas migrantes en la frontera que separa a Chile de Bolivia, en Colchane, que ya superan la decena en lo que va de 2021.
Lxs migrantes de origen venezolano, que escapan de una situación de crisis económica, política y social en su país de origen en largas travesías por tierra, en las que se ponen en peligro sus vidas, han constituido en el último tiempo uno de los grupos nacionales especialmente afectados por estas medidas. Esto, incluso a pesar que hace pocos años se tomaron medidas en sentido contrario, o que al menos transmitieron implícita y explícitamente ese mensaje, como una visa denominada de “responsabilidad democrática”, exclusivamente dirigida a nacionales de ese país, con el propósito declarado de protegerlos de las eventuales “vulneraciones de derechos fundamentales” que provocan los “éxodos de esta naturaleza” (masivos, y ocasionados por una “crisis democrática”, según se afirma en la circular que creaba este visado).
Frente a este panorama, los Grupos de Trabajo CLACSO Migración Sur-Sur, Memorias colectivas y prácticas de resistencia y Fronteras: movilidades, identidades y comercios expresamos nuestro rechazo por las expresiones de violencia xenófoba y racista observadas, y nuestra preocupación por las políticas que no las contienen y detienen o, en el peor de los casos, las estimulan. Asimismo, instamos a las autoridades a tomar las medidas que permitan abordar esta situación, respetando la dignidad y los derechos de las personas afectadas, y a los Estados de la región a articular acciones en el mismo sentido.
Llamamos a que el gobierno chileno enmiende el camino político que ha asumido y que precariza a la población migrante, que asuma con responsabilidad y cumpla los compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos y los tratados firmados por esta nación.
28 de septiembre de 2021
Grupos de Trabajo CLACSO
Migración Sur-Sur
Memorias colectivas y prácticas de resistencia
Fronteras: movilidades, identidades y comercios
Este pronunciamiento expresa la posición de los mencionados Grupos de Trabajo y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.
