Pronunciamiento ante el desarrollo del proceso electoral en Ecuador

El Grupo de Trabajo CLACSO Lex mercatoria, derechos humanos y democracia expresa su preocupación ante el conjunto de irregularidades y las expresiones de Lawfare que están complicando el correcto desarrollo del proceso electoral en Ecuador.

El día 7 de febrero se celebraron las elecciones generales en la República del Ecuador. Los resultados, que no fueron oficialmente publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta el domingo 21 de febrero, muestran la victoria de Andrés Arauz, con el 32,7 % de los votos, que pasa a segunda vuelta con Guillermo Lasso que obtuvo un 19,74% de los votos. La segunda vuelta debe celebrarse, según el calendario electoral, el día 11 de abril.

Ante los últimos acontecimientos y actuaciones de diversos actores que amenazan con obstaculizar o retrasar la celebración de la segunda vuelta y preocupadas por la estabilidad de la democracia y el respeto de los derechos humanos del Ecuador, las académicas y académicos integrantes del Grupo de Trabajo manifestamos lo siguiente:

• El caso de Ecuador es uno de los paradigmas regionales de extensión acelerada de la Lex Mercatoria y de la captura corporativa del Estado. Desde la entrada en el poder del gobierno actual se ha acometido un duro ajuste neoliberal a través de la implementación de numerosas reformas normativas y, en particular, del desarrollo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La extensión de la Lex Mercatoria ha provocado el aumento de la precarización y de la pobreza, la pérdida de ingresos y de capacidad del Estado de atender a las necesidades de la población o la reducción de empleo público.

• Durante los últimos cuatro años, Ecuador se ha convertido asimismo en un ejemplo prototípico del Lawfare que se extiende por América Latina. El proceso electoral ha venido marcado, aun antes de convocarse las elecciones, por el uso del aparato jurídico del Estado para dificultar la participación de la fuerza política mayoritaria y evitar la alternancia en el poder. Las estrategias de Lawfare contra determinados líderes y lideresas, incluyendo apertura de procesos penales, persecución y prisión preventiva, particularmente después de las movilizaciones y protestas sociales de octubre de 2019, han dificultado el derecho al sufragio pasivo y el ejercicio del conjunto de los derechos políticos de numerosas personas.

• Desde el inicio del proceso electoral se han sucedido los obstáculos administrativos para la inscripción de las candidaturas, la injerencia en el proceso de otras funciones del Estado e incluso la intromisión política extranjera, que han colocado la salud democrática del Ecuador en un momento crítico.  

• Es particularmente preocupante la intervención de la Contraloría General del Estado que ha solicitado al CNE practicar una auditoría a los sistemas informáticos de escrutinio usados en los comicios del 7 de febrero. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la realización de una pericia forense al sistema informático del CNE. Todo ello en pleno proceso electoral, violando la prohibición de injerencia que establece el Código de la Democracia.

• Idéntica preocupación provoca la actuación del Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, que viajó a Ecuador, con el supuesto objetivo de hacer entrega de una información relacionada con una publicación de la cuestionada revista Semana, en la que se sugiere que el ELN habría realizado un préstamo de 80.000 USD para la campaña política de Arauz. Evidentemente, la intervención de ambas fiscalías se produce en un momento clave del proceso electoral, generando una amplia repercusión mediática con clara voluntad de afectar a la imagen del candidato ganador de la primera vuelta, y al proceso electoral en general. 

Por todo lo anterior, como Grupo de Trabajo de CLACSO hacemos un llamamiento al conjunto de instituciones del Ecuador para asegurar el pleno y correcto desarrollo del proceso electoral en curso. Recordamos que el CNE es la única autoridad electoral y la instancia llamada a garantizar los derechos de las y los electores y es la institución responsable del correcto y completo desarrollo del proceso electoral, respetando en todo caso la fecha de la segunda vuelta, el 11 de abril. El resto de las funciones, autoridades e instituciones del Estado deben respetar la autoridad del CNE garantizar la vigencia del estado de derecho, las garantías procesales, el equilibrio y respeto institucional.

La gravedad de la situación nos lleva igualmente a hacer un llamamiento a las distintas instancias regionales e internacionales de derechos humanos para mantenerse en alerta en defensa de la democracia en Ecuador.

21 de febrero de 2021
Grupo de Trabajo CLACSO
Lex mercatoria, derechos humanos y democracia

Esta declaración expresa la posición del mencionado Grupo de Trabajo Lex mercatoria, derechos humanos y democracia y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.