Marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina

 Marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina

En orden alfabético, las y los autores que participaron en este trabajo son:

Denisse Roca-Servat (Colombia)
María Elena Attard Bellido (Bolivia)
Mauricio Madrigal (Colombia)
Guillermo Luévano Bustamante con la colaboración de María Shuey Tristán Rodríguez (México)
Raquel Neyra Soupplet (Perú)

Coordinación de la publicación: Marta Ribera Carbó e Irene Escorihuela Blasco.


El objetivo de este estudio fue investigar la existencia de marcos normativos para la protección de personas defensoras de derechos humanos en general, y de derechos ambientales y de la madre naturaleza en particular.

Los datos estadísticos brindados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que dan cuenta sobre las graves y sistémicas afectaciones a derechos de defensoras y defensores de los derechos de la naturaleza, como Global Witness o las defensorías de los diferentes Estados latinoamericanos, respaldan la importancia que en la región tiene el Acuerdo Regional de Escazú, destinado a generar para los Estados miembros obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos, entre ellos el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, a pesar de haber sido firmado por todos y ratificado por muchos, prácticamente no se aplica, lo que demuestra nuevamente esta brecha y la captura de nuestros Estados por los poderes económicos y políticos.

Por estos motivos, la indagación busca comprender cómo ha afectado la ratificación del Acuerdo de Escazú, o la falta de ratificación, al desarrollo de los marcos normativos de protección de personas defensoras. Se identifican avances y retrocesos en el reconocimiento de estos derechos, y se examina el impacto del modelo extractivista neoliberal en la vulneración de los derechos de las personas defensoras.

Se escogieron cuatro países: tres duramente afectados por ataques a personas defensoras -México, Colombia, Perú-, y uno con un avance legislativo importante en defensa de la madre tierra, como Bolivia.

Se estudiaron sus marcos normativos, o la falta de estos, y el ámbito y alcance de aplicación. El informe, que es parte de los esfuerzos de CLACSO por promover diálogos sociales que incidan en la transformación de la discriminación, persecución y vulneración de derechos en la región, aporta conclusiones generales, comunes en los cuatro casos analizados, y comparte recomendaciones específicas para cada uno de ellos.



El informe fue presentado de forma presencial por Raquel Neyra Soupplet, co-coordinadora de Grupo de Trabajo CLACSO Ecologías políticas desde el sur/Abya-Yala, en el marco del Congreso internacional: Hacia la diligencia debida obligatoria en derechos humanos: propuestas reguladoras y lecciones aprendidas, que se realizó el 13 y 14 de julio de 2023 en Facultad de Ciencias Jurídicas, Universita Rovira i Virgili, Tarragona, España.

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