Manifiesto por el derecho a la educación

En la Ciudad de Bogotá, a los 10 días de junio de 2025, el Grupo de Trabajo CLACSO Políticas educativas y derecho a la educación, la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación (ALIE), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente (REDESTRADO), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional de México, el Observatorio del Derecho a la Educación de la Universidad de la República de Uruguay, la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Colombia (ASPU), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina (CONADU), presentes en la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales organizada por CLACSO, afirmamos nuestro compromiso con el derecho humano y social a la educación, y con el fortalecimiento de la educación pública en todas sus dimensiones como condición necesaria para la construcción del bien común y de sociedades igualitarias, democráticas y soberanas.

Ya en 2022, un colectivo de organizaciones manifestábamos nuestra profunda preocupación por la rearticulación de las derechas a nivel global bajo un neoliberalismo y un conservadurismo radicalizados que sostenían discursos y propuestas anti-derechos, y ponían en jaque los sistemas públicos de educación en la región, en el marco de un capitalismo desenfrenado. 

Desde entonces, esa preocupación no ha hecho más que acrecentarse frente a la expansión de extremas derechas que avanzan en el desarrollo de propuestas y acciones que buscan desarticular la educación pública e instalar ideológicamente un discurso que niega la existencia misma del derecho a la educación. 

Observamos cómo, en la región más desigual del planeta y con los más altos niveles de privatización de la educación, se avanza en medidas que buscan profundizar los procesos de mercantilización y expandir las oportunidades de negocios de servicios educativos, que no hacen más que agravar las desigualdades, segmentar nuestras sociedades y quebrar todo horizonte de justicia social. Son grupos privados portadores de intereses particulares los que cobran poder en la definición de la política pública en detrimento de los intereses de las grandes mayorías. 

Un ámbito particularmente sensible para el despliegue de los procesos mencionados es el de la digitalización de la educación y sus implicaciones para la captura de datos sensibles, control de estudiantes, docentes y otros profesionales, privatización de la educación y homogeneización epistemológica.

El retroceso en términos de derechos es sostenido mediante acciones simbólicas y materiales de silenciamiento, represión y persecución contra diversos colectivos y activismos comprometidos con el pensamiento crítico, la transformación y la emancipación: organizaciones y movimientos sindicales, docentes, estudiantiles, feministas, indígenas, migrantes, ambientales, entre otros. 

Las poblaciones migrantes y refugiadas por situaciones sociales, económicas y políticas se encuentran entre las que con mayor crudeza sufren estos embates.

En nuestro manifiesto de 2022, expresamos el rechazo a una serie de dinámicas, respecto de las cuales, tres años más tarde, observamos no sólo su persistencia sino su agravamiento, tales como:

• Las estrategias de control ideológico, que se expresan en iniciativas de arremetida contra la educación sexual integral y contra el carácter político de la educación.
• La precarización e intensificación del trabajo docente, así como el deterioro en general de las condiciones de trabajo de la mayor parte del magisterio latinoamericano.
• La individualización de los procesos pedagógicos y la expansión de las llamadas “pedagogías positivas” y la gestión de las emociones, que plantean respuestas individuales a problemas que son sociales y sistémicos.
• La normalización de los currículums en torno de ciertos campos del saber y la exclusión creciente de las ciencias sociales, de los contenidos humanistas y de las artes, así como la negación de la importancia de estos campos del conocimiento y la cultura para la formación de todas las personas.
• La estandarización de la educación, que se manifiesta tanto en los contenidos bajo la apelación a la ciudadanía global y el emprendedorismo, como en la gravitación creciente de las evaluaciones de escala nacional o internacional en las políticas públicas.
• El desconocimiento del rol estratégico de las artes y las culturas en la formación de las nuevas generaciones y en la integración pluricultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños.
• El financiamiento insuficiente para el sector y la disminución de los recursos públicos, así como las formas en que se asignan que, de manera cada vez más fuerte, implican su reorientación hacia sectores privados o empresariales.
• El tratamiento de la educación no como un derecho sino como servicio, y en algunos casos como un “servicio esencial”, coartando con ello el derecho a huelga de trabajadores y trabajadoras.

Reafirmamos que la educación es el ámbito de construcción de la vida común y es un derecho humano fundamental y social que debe ser garantizado por el Estado. Así fue establecido hace casi 80 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el marco internacional que regula este derecho. Es por ello y en función de las preocupaciones enumeradas, que las organizaciones e instituciones firmantes reafirmamos nuestro compromiso en profundizar acciones que permitan reposicionar la perspectiva del derecho a la educación y unir esfuerzos, voluntades y luchas por una educación pública, igualitaria, intercultural, feminista, antirracista y nuestroamericana.

A su vez, en el marco de la nueva gestión a iniciarse el 1 de julio de 2025, solicitamos a CLACSO prestar atención prioritaria a la defensa de la educación pública y a la promoción del derecho a la educación en todos nuestros países de América Latina y el Caribe. 

Ciudad de Bogotá
10 de junio de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Políticas educativas y derecho a la educación
Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación (ALIE)
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente (REDESTRADO)
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia
Universidad Pedagógica Nacional de México
Observatorio del Derecho a la Educación de la Universidad de la República de Uruguay
Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Federación Colombiana de Educadores (FECODE)
Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Colombia (ASPU)
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)
Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina (CONADU)

Este pronunciamiento expresa la posición de los mencionados espacios y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.