“Los servicios públicos inciden en las condiciones de vida y la libertad de las personas”
(Transcripción de la Columna de Karina Batthyány
en InfoCLACSO – 16 de junio 2021)
Esta columna de hoy es para hacernos la pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar social, de servicios y bienes públicos. Muy brevemente recordemos esta lógica de lo que es el Estado liberal y el Estado de bienestar. El Estado liberal se instala en el correr del siglo XIX, principalmente en Europa, con algunas funciones que eran mantener el orden público, la defensa, la unidad del territorio nacional, establecer las relaciones internacionales y elaborar algunas leyes en esta materia. Pero justamente los temas vinculados a la economía, al mercado, a la sociedad, se dejaban a lo que conocemos como la “Ley del libre juego”, “de la oferta y la demanda” , y el Estado no tenía intervención allí. No intervenía por lo tanto en lo que llamamos el devenir o la vida económica y la vida social.
En distintos momentos, todos los autores y las autoras que han trabajado sobre estos temas coinciden en identificar la crisis económica del 29, es decir un siglo atrás prácticamente, como un momento de cambio donde empieza a aparecer esta idea de Estado social o Estado de bienestar con el objetivo principalmente de abordar un tema que siempre trabajamos en las columnas de InfoCLACSO que son las desigualdades sociales y poder darle a los ciudadanos y a las ciudadanas un nivel y una calidad de vida digna, determinada. Y que este Estado social, de bienestar, ha tenido distintas denominaciones, sí se propone intervenir por lo tanto los campos de la economía y la sociedad. La economía básicamente regulando algunos aspectos vinculados a las relaciones laborales, a los salarios; y en la sociedad garantizando algunos servicios públicos, algunos elementos que se consideran bienes comunes y bienes públicos, como son la salud, la educación, la seguridad social, etc.
Ustedes dirán por qué traigo este tema ahora, por qué nos remontamos al origen de esta noción de Estado de bienestar. Porque, como dijimos, es un tema central en el análisis de las desigualdades y particularmente de esas desigualdades que se han amplificado durante el 2020 y lo que va del 2021 en América Latina. Y porque queremos recuperar este tema de los servicios públicos que permitan algo tan sencillo como servicios de salud, de educación, de jubilación. Es decir, salones con profesores, profesoras, docentes en general; centros de salud con personal médico y con posibilidad de acceso por parte de la población a esos centros de salud; pensiones básicas a lo largo de la vida pero sobre todo en el momento del retiro o del fin de la vida laboral; igualdad en el acceso a la educación, a los servicios de salud, al agua, a los servicios que se consideran básicos para la vida de todos y de todas. Y además asegurarlos sin discriminaciones de ningún tipo, es decir, ni por razones de género, de raza, de discapacidad o alguna otra dimensión que ustedes quieran incorporar.
Este tipo además de servicios públicos y de prestaciones sociales, creemos firmemente que también se convierten en motores de la igualdad y que permiten a contribuir, a cambiar, a transformar la vida de las personas, además de ser obviamente una herramienta que permite también la cohesión social o la vida en sociedad, reduciendo la brechas de desigualdad y particularmente las brechas que observamos de manera tan alarmantes en nuestra región entre los más ricos y los más pobres, entre los varones y las mujeres. Y si combinamos estas dos dimensiones ya te imaginas cuál es el resultado.
Entonces, estos servicios públicos efectivamente tienen posibilidades de incidir en las condiciones de vida en definitiva, también de dar mayor libertad a las personas, libertad por ejemplo de saber que si me enfermo tendré dónde atenderme, que tendré posibilidades de acceder a la educación. Y recordemos que la educación es también uno de los mecanismos que nos permite insertarnos de manera activa luego en la sociedad: distintas libertades que no quedan en el plano individual, sino que se garantizan colectivamente.
Además van a obviamente generar mayores seguridades y beneficios para las personas de menores recursos y para aquellas personas que se ven afectadas por algunas de las dimensiones de la desigualdad que ya he mencionado. Entonces, necesitamos que estos servicios sean lo que dice su nombre: públicos, verdaderamente públicos y de alcance universal. Y discutir o plantear estos temas que están sobre la mesa hoy en muchos de nuestros países vinculados a la prestación privada de los servicios públicos o a las privatizaciones de esos servicios que se consideran básicos y públicos.
De forma tal de que no solamente los servicios se provean sino que se garantice el acceso a los mismos y además que esos servicios al que se accede sean de calidad. ¿Por qué? Porque en esta cuestión que hay de discusión entre la prestación privada y la prestación pública, muchas veces uno de los argumentos que se utiliza para privatizar esos servicios es que tienen una crisis o un problema de calidad. Y en realidad tienen un problema de calidad porque se les recortan los recursos, no se le da los recursos suficientes como para poderlos desarrollar de manera correcta y eso genera un círculo del cual es difícil salir. Hay baja calidad porque hay pocos recursos y a su vez se afirma que esos recursos como son malos deben ser brindados de otra manera, deben ser privatizados. Esa es una discusión que está a la orden del día hoy en nuestros países.
Y eso nos lleva de la mano también a discutir y decir defendamos entonces la provisión pública y el acceso universal a este tipo de servicios, cómo lo financiamos, cómo se plantea el financiamiento de estos servicios y ahí aparece otra de las discusiones que hoy está a la orden del día en esta temática en América Latina, que tiene que ver con las reformas tributarias y con las reformas fiscales. Porque tenemos que hablar de estos temas, de cómo contribuimos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, para poder lograr estas prestaciones públicas. Y hoy en el marco de la pandemia quedó muy clara la necesidad de esos servicios, la necesidad de que esos servicios sean de calidad y sean universales, e incluso instituciones que uno nunca pensaría que llegaran a decir, como el FMI, están planteando que es necesario plantear algún tipo de reforma también tributaria, de reformas fiscales que redistribuyan los recursos a nivel social, se favorezca el crecimiento. Este tema es necesario volver a colocarlo sobre la mesa, especialmente en el área hoy tan discutida de la salud y de la educación, que sabemos además que son condiciones importantes para poder avanzar en otras dimensiones de la igualdad. Por ejemplo, recordemos el impacto que tienen en el caso de las mujeres la educación, luego en términos de su inserción en el mercado de trabajo y de los salarios que pueden obtener producto de esa inserción, por poner un solo ejemplo.
Es por eso que hoy traigo este tema y quizás en las próximas columnas sigamos profundizando sobre algunos de estos aspectos, especialmente lo vinculado a la cuestión tributaria y fiscal que estamos discutiendo en los distintos países de América Latina y el Caribe.
-Karina pensaba en dos cosas: la primera, el impuesto a las grandes fortunas que claramente fue una de las grandes discusiones no solamente en Argentina sino en muchos países del mundo, inclusive con sectores impensados que pusieron en juego la necesidad de hacer reformas tributarias. Y lo segundo, escuchaba en las últimas horas algunas declaraciones de algunos de los representantes de los sistemas de salud privados que decían “la gente elige ir al sistema de salud privado”, casi como si fuera una elección de libertad absoluta sin marcar que antes se desfinanció un Estado para desarmar los sistemas de salud públicos y de ahí una cantidad de gente opta, si es que tiene la posibilidad, de pagar uno privado. Qué difícil es a veces en lo discursivo poner en juego estas cosas, pero la pandemia parece haber revelado más claro que nunca todo esto…
-Absolutamente. Por eso colocaba esa tensión entre hablar de la calidad de los servicios públicos especialmente y la temática de la prestación privada o la privatización en parte de esos servicios públicos. No podemos pedir servicios de calidad si no les damos los recursos para que esos servicios sean de calidad. Y después nos amparamos en que no son de calidad para decir que hay que privatizarlos. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que en ese tema de la “libertad de elección” convengamos que las libertades son discutibles también, porque quizás algunas personas tienen efectivamente la libertad de elegir en función de los ingresos que tienen o la supuesta “libertad” de elegir en función de los ingresos que tienen. Pero buena parte de la población –y cada vez más cantidad de población en América Latina y el Caribe–, esa libertad ni siquiera está en cuestión, porque directamente no es posible. No es posible tener un gasto de bolsillo tan alto (así se lo llama en el ámbito de la salud) para tener el derecho de atender la salud. Y recordemos lo que pasó en esta pandemia con tantas personas que directamente no pudieron acceder al sistema de salud por falta de recursos económicos. Es un problema que se agravó en la pandemia pero que ya pre-existía cuando miramos los datos de la prestación de salud en nuestros países.
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