«La situación de las y los migrantes de Haití en República Dominicana es dramática»
Transcripción de la columna de Karina Batthyány
en InfoCLACSO – 14 de mayo de 2025
Homenaje a Pepe Mujica
Hoy recordamos a José Pepe Mujica, “el Viejo”, como se le dice en Uruguay. Un hombre que sin duda nos deja un legado de esperanza, transformación social y una historia de lucha. Su partida marca un punto de inflexión en la historia política y social de Uruguay, pero también en la historia de toda América Latina.
Mujica conocido mundialmente como “el Presidente más pobre del mundo”, no solo dejó una huella política profunda en mi país sino que también encarnó los ideales de esa primera ola progresista que vivió nuestra región a inicios del siglo XXI.
Nació en Montevideo allá por 1935, le faltaban pocos días para cumplir sus 90 años, y se crió en barrios populares de Montevideo. Desde muy joven se unió a la militancia social y política, primero en el Partido Nacional y luego al Movimiento de Liberación Nacional de Túpac Amaru, un grupo guerrillero de América Latina que luchó contra los gobiernos dictatoriales.
El Pepe fue víctima directa de la represión militar en el Uruguay y que marcó a América Latina en las décadas del 60 y el 70. Además, estuvo 13 años en prisión en condiciones infrahumanas en calidad de rehén y en aislamiento extremo por la dictadura. Lejos de quebrarlo, esta situación, moldeó su carácter, su personalidad y profundizó su compromiso con las causas populares.
Mujica fue liberado luego del retorno de la democracia en Uruguay en 1985 y a partir de ahí se convirtió en una de las figuras más carismáticas desde el punto de vista político, ingresando formalmente al Frente Amplio. Llegó al gobierno en 2005 de la mano de Tabaré Vázquez, luego en 2010 como presidente de Uruguay entre hasta 2015 y formó parte de ese proyecto progresista que transformó profundamente al Uruguay.
En el marco de esa ola progresista se hicieron y aprobaron una serie de leyes y reformas que realmente cambiaron la historia reciente de mi país. Por nombrar algunas: la despenalización del aborto, la regulación de cannabis, el matrimonio igualitario, las políticas de bienestar y reducción de la pobreza (iniciadas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y profundizada en el gobierno de Mujica), entre otras leyes que fueron muy importantes.
El triunfo y la presidencia de Mujica formaron parte de la mencionada ola de gobiernos progresistas en el principio de los 2000 en América Latina y marcaron un viraje a políticas sociales más inclusivas, sobre todo un rechazo fuerte y firme a las políticas neoliberales que habían predominado en las décadas anteriores. Esta ola incluyó a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, entre otros líderes progresistas y significó una ruptura con las políticas de ajuste estructural que habían golpeado muy duramente a las clases populares en el fin del siglo XX.
Mujica no solo será recordado por la reivindicación de las políticas progresistas, sino también por su estilo de vida austero, su forma de conducirse con ética en el campo de la política y actuar con coherencia entre su pensamiento y su acción. Una de sus frases célebres es “Pobres son solo los que ven el dinero”, así como las referencias a darle sentido o causa a la vida, que reflejaron su visión de cómo actuar y estar en el mundo cada vez más polarizado y desigual frente a las acciones políticas y sociales, para construir sociedades más justas, más inclusivas, más democráticas, más solidarias.
Eso es, en definitiva, a lo que apostamos también en nuestro trabajo cotidiano en CLACSO. Su vida es un testimonio de lucha constante, desde sus inicios en la vida política hasta su rol como presidente con una visión latinoamericanista, siempre fiel a sus principios en la defensa de los sectores populares y más vulnerables de la sociedad.
Despedimos a un líder que deja una marca imborrable en la historia del continente, la historia de uruguayos y uruguayas, un símbolo de resistencia y esperanza para las generaciones actuales y futuras. Desde CLACSO, hacemos llegar nuestro más cálido abrazo y nuestra solidaridad a su compañera Lucía Topolansky, sus compañeros/as de militancia, sus familiares y amigos, y en general a todo el pueblo de Uruguay que está sintiendo con mucha emoción la desaparición física de José Pepe Mujica.
Por último, quiero contarles de un video que ha dado a conocer la televisión pública uruguaya en la voz de Gerardo Caetano, integrante de CLACSO, que recorre la historia y la vida de José Pepe Mujica. Pueden encontrarlo en las redes y la web del Canal 5 de Uruguay (https://mediospublicos.uy/category/television/canal-5/).
Migrantes de Haití en República Dominicana
Desde octubre del año pasado, el gobierno del presidente dominicano Luis Abinader viene endureciendo sus políticas anti inmigratorias, con deportaciones de unos 10.000 haitianos y haitianas por semana, cerrando el año 2024 con 276.215 expulsiones. Esta política se vio incrementada a principios de abril, cuando Abinader lanzó una serie de medidas que atentan contra los derechos básicos de las personas.
Entre sus nuevas medidas, el mandatario dominicano ordenó acelerar la construcción de una verja fronteriza con Haití que recorrerá parte de los más de 390 kilómetros de frontera común entre ambos países y anunció la incorporación de 1.500 soldados adicionales que se suman a los más de 9.500 que ya prestan servicios en la frontera. Más preocupante aún resulta ser el protocolo que obliga al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud a exigir a cada paciente una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria, además de aplicar una tarifa para todos los servicios brindados, lo que ya ha derivado en la deportación de decenas de mujeres embarazadas o en labor de parto.
Incrementar las deportaciones hacia Haití, el país más pobre de la región y asolado por la violencia de pandillas, fue una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader, reelegido en mayo de 2024 para un segundo mandato. Así las cosas, en el cuatrimestre enero-abril del presente año ya hubo más de 119.00 personas expulsadas, un incremento del 71% en comparación con el mismo período del 2024.
La preocupante realidad de migrantes haitianos y haitianas en República Dominicana valió un comunicado de nuestro Comité Directivo el pasado 5 de mayo, donde manifestamos nuestra “profunda preocupación ante la implementación de las 15 medidas adoptadas recientemente por el Gobierno dominicano en materia de control migratorio. Estas disposiciones, vigentes desde el 21 de abril, podrían tener serias implicaciones para los derechos y la dignidad de las personas migrantes haitianas, afectando de manera particular a mujeres en situación de vulnerabilidad”.
En ese sentido, el Comité Directivo hace un llamado respetuoso a las autoridades dominicanas a revisar el alcance y aplicación de dichas medidas, especialmente aquellas vinculadas al protocolo sanitario actualmente ejecutado por la Dirección General de Migración y el Servicio Nacional de Salud. La negativa de atención médica a mujeres embarazadas o en labor de parto no solo pone en riesgo la vida de ellas y sus hijos e hijas, sino que también contraviene acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y salud.
Continúa el comunicado diciendo que: “Nos preocupa, además, el incremento de acciones por parte de grupos que, en nombre de la defensa nacional, estarían limitando la libertad de expresión y promoviendo la violencia contra las personas promotoras de derechos humanos, sus oficinas y locales de trabajo. Este tipo de prácticas, marcadas por discursos que promueven imágenes negativas y discriminatorias, deben ser ampliamente rechazadas en nuestras sociedades democráticas y pluralistas.”
“Desde CLACSO, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad de todas las personas y el principio de no discriminación. En momentos como este, recordamos que la protección de la vida debe estar por encima de cualquier normativa o disposición administrativa”, concluye nuestro Comité Directivo.
Si bien los movimientos de personas entre Haití y República Dominicana se remontan a períodos lejanos, la inmigración haitiana contemporánea a la vecina República Dominicana se ha vuelto recurrente a partir de la segunda década del siglo XX, incrementándose gradualmente después del terremoto del 12 de enero de 2010, uno de los más devastadores en la historia de la humanidad de la cual se tenga registro, con más de doscientas mil víctimas fatales y una destrucción de la que nunca se recuperaron. Situación agravada al poco tiempo por la epidemia de cólera importada por un contingente nepalés de cascos azules de Naciones Unidas que dejó al menos 10 mil muertos más en un país azotado además por huracanes cada vez más violentos a causa del cambio climático.
Desde entonces, cientos de miles de haitianos y haitianas cruzan la frontera hacia el este de la isla La Española que comparten ambos países para huir de la violencia, de la inestabilidad política y de la pobreza extrema para luego desenvolverse en República Dominicana en empleos con bajos salarios y no calificados en construcción, servicios domésticos y en plantaciones como las del café, la caña de azúcar, el arroz y el tabaco, entre otros.
Otro tema preocupante es el de los hijos y las hijas de inmigrantes de Haití que también son víctimas de un régimen discriminatorio, con estatus migratorio. Su situación se complejizó mucho a partir del 23 de septiembre 2013, fecha en que el Tribunal Constitucional dominicano dictaminó que no se reconocería la nacionalidad a los hijos e hijas de inmigrantes indocumentados nacidos a partir de 1929, basándose en una reinterpretación retroactiva de las leyes locales. Entonces, como a sus padres y madres venidos de Haití se les niega la nacionalidad dominicana, y por ende se les considera residentes transitorios, sus descendientes nacidos en República Dominicana se ven atrapados en un limbo legal, sin poder inscribirse en un centro educativo, acceder a un trabajo formal, casarse, registrar a sus hijos, votar, contratar un seguro o sacar una tarjeta de crédito y sin opciones reales de regularizar su situación. Por eso se consideran extranjeros en su propio país. O peor, como lo definen muchas organizaciones no gubernamentales: apátridas.
La “Sentencia 168-13” afectó directamente hasta a tres generaciones de dominicanos con ascendencia haitiana, enterrando el principio de Ius soli —o derecho de suelo— con el que hasta 2010 República Dominicana concedía la nacionalidad a toda persona nacida en el país. Frente a ello, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno dominicano a adoptar las medidas necesarias que les garantizaran su derecho a la ciudadanía y expresó su profunda preocupación porque la normativa deja a decenas de miles de personas sin servicios esenciales. Las más recientes medidas adoptadas por el gobierno dominicano van en dirección opuesta a estos pedidos de incluir plenamente a los y las migrantes de Haití en la vida social y laboral de República Dominicana.
Ante ello, como bien dice el Comunicado de CLACSO que mencioné anteriormente, reafirmamos que la protección de la vida siempre debe estar por encima de cualquier normativa o disposición administrativa, reiterando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad de todas las personas y el principio de no discriminación, temas todos ellos que serán ejes de análisis de nuestra X Conferencia en pocas semanas en Bogotá, Colombia.
– Es tremendo el panorama que comentás acerca de las y los migrantes haitianos, porque tiene un montón de aristas realmente muy complejas. Y pensaba en la lógica de contradicción entre mucha gente que es motor de una economía y quienes son vapuleados, escondidos, expulsados e ilegalizados profundamente en el marco de legalidad en torno a su trabajo, ¿no?
– Absolutamente. Situación que, por supuesto, enfrentan personas en situaciones de migración irregular en otros países pero que en República Dominica se ve agravada por la norma retroactiva, quitando el derecho al Ius soli, así como por las 15 medidas recientes del actual gobierno dominicano. Además, se atenta contra las necesidades básicas de atención a la salud, aún en los casos de las mujeres embarazadas o en situación de parto. Realmente es dramática la situación que están enfrentando haitianos y haitianas en República Dominicana en este momento.
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