La primavera andina florece en pandemia
Pelao Carvallo*
La primavera andina es la serie de revueltas, estallidos y resistencias sociales que se dan en la región andina[1] desde el año 2017 hasta esta actualidad de noviembre de 2020, sin término a la vista. Estas revueltas sociales se retroalimentan y potencian entre sí tanto en su materialidad como en sus contenidos, formando un conjunto reconocible que habla tanto de la comunicatividad de los pueblos que habitan estos territorios como de la semejanza de sus vivencias de opresión y explotación. Desde el corazón de Latinoamérica, de Sudamérica y de la Región Andina no hay un esfuerzo para ver esto como conjunto por la necesidad de las élites políticas, político-académicas, económicas y militaristas de mantener a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe separados y enmarcados dentro de discursos y sentimientos nacionales y patriotas. Para los pueblos de la región, en cambio, esta vivencia común, palpable, supera fronteras y discursos, generando sentimientos de unidad y empatía.
El recorrido de la primavera andina
La primavera andina inició en 2017 con las manifestaciones en Venezuela contra el hambre, el desempleo, el desabastecimiento, la emigración forzosa y la represión como principales políticas públicas después de la política de empobrecimiento. Surgidas a partir del conflicto político interno que Maduro resolvió apelando al fujimorazo[2], cuando intentó abolir la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela mediante la elección e instalación de una Asamblea Constituyente que, en la práctica, asumió la labor legislativa. Ese conflicto político fue transformado, en la calle, en un conflicto social por la sobrevivencia.
En Colombia las protestas iniciaron en 2018, en el marco de un paro universitario masivo a nivel nacional, el cual fue duramente reprimido por la ESMAD[3] , represión que dio pie a nuevas protestas contra las violaciones a los derechos humanos de quienes se manifestaban. En estas protestas las demandas sociales se fueron sumando a las demandas universitarias, así la exigencia de aumento en el gasto público en educación fue acompañada por demandas de cumplimiento del acuerdo de paz con la ex FARC[4], del fin de las políticas extractivistas que dañan el medioambiente, de valoración de la vida indígena y campesina, entre otras. La continuidad de estas manifestaciones ocurrió en noviembre de 2019 como resistencia a las masacres mili y paramilitares y al asesinato selectivo de líderes sociales. Pero sobre todo, a la impunidad en esos crímenes, en conjunto con la resistencia a una economía centrada en favorecer a quienes más tienen y las protestas asumen el carácter de Paro Nacional. Las protestas solo fueron suspendidas por el escenario de la pandemia, en febrero de 2020 y retomadas, con fuerza, ante el asesinato policial del ciudadano Javier Ordóñez, en septiembre de 2020, con un carácter claramente antirrepresivo. La Minga Indígena vino a dar nueva continuidad a esta revuelta social en el mes de octubre, reactivando el paro nacional en las calles, veredas, rutas y caminos de Colombia[5].
En Ecuador la presidencia de Lenin Moreno posibilitó una resistencia que la represión preventiva del gobierno Correa no permitió, como lo ejemplifica el caso Yasuní[6]. Así, ante medidas económicas que atentaban contra la ya difícil situación de los sectores populares y más expuestos en un país dolarizado, la gente reaccionó con movilizaciones, paros y cortes de ruta, tal como en los tiempos pre-Correa, cuando la revolución ciudadana aún no era el gran controlador de lo que se podía o no reclamar. Estas manifestaciones contra las alas del coste de la vida se dieron durante octubre de 2019 y tuvieron un alto costo en muertes, personas heridas, represión policial y laboral. Pese a ello las movilizaciones urbanas, rurales e indígenas lograron doblar la mano al gobierno el cual había militarizado el conflicto[7]. Las secuelas represivas y vengativas de un gobierno derrotado siguen hasta hoy.
En Bolivia la disputa intraélites por la reelección de Evo Morales provocó una revuelta social de los sectores populares afectados por décadas de justificación de políticas extractivistas que privan de agua y tierra[8] a las comunidades indígenas/campesinas que constituían parte del apoyo crítico al MAS, por la deriva autoritaria de Morales quien desconoció el mandato popular. La derecha fundamentalista, aliada hasta ese momento del MAS, intentó adueñarse de la protesta popular ante la retirada de los aparatos represivos estatales (policía y militares) que daban respaldo a Morales. Esto permitió a una representante de esa derecha cristiana fundamentalista hacerse del ejecutivo boliviano impulsando una política racista que le terminó de enajenar cualquier respaldo popular, provocando protestas y revueltas contra ese gobierno de transición. La salida al conflicto la dio el MAS, el cual pese a las declaraciones de haber sufrido un golpe de estado se inscribió y participó de las elecciones generales, ganándolas con amplia ventaja al haberse desprendido de Morales y llevar a la presidencia a Luis Arce, el arquitecto de la política extractivista que prioriza a las ciudades antes que al campo y los territorios indígenas.
En Chile la revuelta social iniciada en la quincena de octubre de 2019 recogió la experiencia social de al menos una década de resistencias a un sistema privatizador, extractivista y neoliberal en educación, pensiones, mar y pesca, negocios inmobiliarios, minería, sostenido por gobiernos de centro y centro izquierda que aplacaban el malestar social con bonos y transferencias a los sectores más desposeídos, con obras públicas, pero sobre todo con una fuerte inversión en el aparato represivo[9] y en un discurso que asociaba progreso, desarrollo y felicidad al consumo -preferentemente en retail[10]– sostenido por el endeudamiento personal y familiar. Por ello es que la minúscula alza de 30 pesos en el pasaje del Metro[11] de Santiago llevó a una resistencia de acción directa por parte de les estudiantes secundaries quienes evadieron y llamaron a evadir el pago del transporte público hasta que no se anulara el alza. La revuelta resumió en la frase “No son 30 pesos[12], son 30 años”[13] su hartazgo de políticas y prácticas que beneficiaban solamente a las élites y de gobiernos que las representaban, incluyendo en ello a todos los partidos que componen el Congreso actual, de izquierda a derecha. La revuelta tiene un componente central de antiautoritarismo expresado en la oposición a las élites que gestionaron la herencia pinochetista: una constitución que sigue en curso. La revuelta adquirió tintes revolucionarios, pese y contra una escalada represiva que dejó decenas de muertes, miles de personas heridas y presas, centenas de personas mutiladas especialmente mutilaciones oculares, y un descrédito absoluto de las fuerzas represivas, militares (las que fueron sacadas a la calle por el gobierno derechista de Sebastián Piñera con la venia del Congreso, incluyendo a la izquierda representada ahí –con muy escazas y honrosas excepciones). Esta revuelta siguió en las calles hasta la multitudinaria manifestación feminista del 8 de marzo del 2020, puesto que en ese momento las organizaciones autónomamente tomaron medidas de cuidado y suspendieron las manifestaciones ante una política de salud darwinista del gobierno que dejó a la gente expuesta a todos los peligros de una crisis sanitaria y económica. De hecho, frente a un gobierno despreocupado de los efectos de la pandemia en la sobrevivencia de las comunidades, estas exigieron y obtuvieron el retiro de parte de sus ahorros forzosos para pensión que son gestionados por empresas privadas financieras. Un plebiscito creado como un calmante social –y que no funcionó como tal- se efectuó, tras postergaciones con la excusa de la pandemia, en octubre de 2020 y dejó claro que no había la polarización o empate que el gobierno y la derecha sostenían, al votar por deshacerse de la constitución de Pinochet cerca de un 80% del electorado. Pese a ello, la oposición parlamentaria se ha transformado totalmente en parte del problema al seguir sosteniendo al gobierno represor de Piñera en el ejecutivo, el cual a no representa ahora a nadie, ni siquiera a la derecha que lo ha abandonado en la práctica[14]
Estos días recientes Perú ha sido sacudido por un despertar social que, nuevamente, ha aprovechado un conflicto al interior de las élites, reflejado como una crisis de gobierno creada por el Congreso para deshacerse de un presidente (Vizcarra) a quien consideraban poco provechoso para el periodo eleccionario[15] que se abre. Los sectores populares han salido a la calle a poner sus propias demandas que no incluyen la vuelta de Vizcarra, más bien todo lo contrario: es un generalizado “que se vayan todos” que considera, salvo contadas excepciones, que los juegos de corrupción generalizada en la élite política y económica involucran a todos sus actores ya sean grandes, medianos o pequeños y que las representaciones políticas deben, al menos, renovarse totalmente. Las protestas se expandieron por todo el país, al igual que la represión que hasta el momento ha dejado dos muertes y decenas de desapariciones[16]. Los pueblos que habitan Perú han superado al vizcarrismo poniendo en primera línea sus demandas que incluyen el cambio de la constitución[17] que les dejó la dictadura (y el autogolpe) de Fujimori. Las demandas sociales exigen el cambio de unas formas políticas y económicas que favorecen y fomentan la explotación y la opresión en todos los aspectos de la vida. El éxito de estas manifestaciones es tal que el presidente de reemplazo, Merino, se vio obligado a dimitir y cualquier solución ahora, por más que las ejecute el Congreso, deberán considerar las demandas sociales expuestas en las calles.
La primavera andina en pandemia
Es, geográfica, cultural y socialmente una primavera de revueltas sociales que recorre la Cordillera de los Andes sacudiéndose contra la minería y todas las formas de extractivismo que la destrozan, sobremanera sus glaciares. Las luchas que unen estas movilizaciones son contra décadas de extractivismo medioambiental y urbano inmobiliario, contra élites depredadoras que solo alimentan sus diferencias como mecanismos publicitarios para ganar votos en los momentos de normalización electoral. Se lucha contra gobiernos y oposiciones alejadas de la realidad que intentan construir una fantasía en la que todo mundo acepta sin reclamar el lugar que le toca en el mundo. Estas élites se visten del ropaje ideológico que quieren en su afán de poder. De hecho, en la práctica, la socialdemocracia, el socialcristianismo y la izquierda en general funcionan muy eficientemente como el gran apaciguador tal como lo demuestran, entre otros, los dos gobiernos de Bachelet en Chile y la era Morales en Bolivia, incluyendo la actual elección de Arce. En este año las élites han intentado usar la pandemia como un factor de apaciguamiento social pero su conciencia darwinista, su uso de los Estados como máquina de llenar bolsillos particulares, su corrupta administración marketinera, su inoperancia para todo aquello que no sea dejar pasar el tiempo y redactar informes justificatorios han convertido la vivencia social de la pandemia en una verdadera catástrofe de sobrevivencia para la inmensa mayoría. El darwinismo social de las políticas de los gobiernos en esta pandemia se basa en un “que sobreviva quien pueda” bajo el gran supuesto de que las élites son quienes tienen mejores herramientas vitales de salud, alimentación, higiene y medicación y que las gentes pobres, faltas de todo eso no podrán sobrevivir.
Así como todos los gobiernos de la región han adoptado, con mayor o menor pudor, políticas darwinistas en salud y economía durante esta pandemia, todos los pueblos de la región y de la macrorregión latinoamericana y del caribe han hecho, de distintas y originales formas, resistencias a las políticas de hambre y muerte de estos gobiernos que sufrimos hoy día. Por ello es que la pandemia como apaciguamiento no ha funcionado o ha funcionado a medias[18].
Las élites por un lado se comunican en sus temores y en sus estrategias represivas, por otro lado, están limitados por representar los límites del Estado Nacional. No hay, porque no puede haber, una estrategia regional para enfrentar la pandemia, salvo la idea repetida e hipócrita de cerrar fronteras legales mientras las élites y los poderes ilegales siguen con las fronteras abiertas, sean o no legales. Mientras tanto las fronteras financieras, las que realmente interesan hoy a los poderes, siguen abiertas y evadiendo impuestos.
Los aprendizajes internos de las élites regionales incluyen el ejercicio de apoderarse del ejecutivo o del control del ejecutivo en periodos electorales, para usar a beneficio de un sector de las élites los recursos, fondos e información que maneja el ejecutivo de cada Estado, por ello es que, con más o menos publicidad, se produzcan ajustes “en Palacio” en tiempos electorales. Honduras, Paraguay, Brasil (con Dilma, Bolivia han sabido de esto notoriamente, otros Estados lo han vivido sin tanto escándalo, pero con igual efectividad. Las élites pelean por los recursos de la administración pública antes y durante las elecciones y ese momento de tensión habitual, rutinaria, puede ser usado por los pueblos como válvula de escape al deseo de cambio que tienen.
La primavera andina de los pueblos
Los pueblos se comunican, hoy más rápidamente que antes, se inspiran y admiran mutuamente, poniendo en valor lo que cada lucha hace, adoptando y adaptando para sí lo que pueda serles útil de otras luchas. Así es como los escudos autogestionados de las luchas callejeras venezolanas de 2017 han sido adaptadas en Ecuador, Chile y Perú, o las brigadas y equipos de salud surgidos en la resistencia ecuatoriana del año pasado han sido recreadas en Bolivia y Chile. Otro ejemplo es el uso de láseres para frenar la represión que saltó el Pacificó para llegar de Hong Kong a Chile. La acción directa noviolenta es un eje de estas luchas en tanto es una herramienta que apela a la creatividad y al valor del cuerpo y la imaginación como materiales de lucha social: a modo de ejemplo la acción que inició la revuelta en Chile fue saltar los torniquetes de cobro del metro de Santiago.
Esta primavera andina es una antipatriarcal, de mujeres cis y trans, tanto así que la oferta de apaciguamiento en Chile debió incluir la paridad en la elección de las y los constituyentes o en Perú dónde por impedirlo, los poderes masculinos, se han negado a que la presidencia sea por primera vez en la historia, de una mujer[19] Es también una primavera juvenil, porque las juventudes sin esperanza, sin futuro, sin nada en las manos han dejado de patear piedras[20] y las han tomado en las manos lanzándolas adelante para construir el futuro y la épica que las élites, por no dejarles nada, les han secuestrado. Es una primavera campesina, pequeña y familiar, que en tiempos de pandemia ha sido la fuente de sobrevivencia y alimentación solidaria y autogestionada de las comunidades, pueblos y ciudades, que se ha hecho fuerte en la lucha por el agua y contra los extractivismos depredadores de suelo, bosque, agua y subsuelo. Es, además, la primavera de las zonas de sacrificio que han puesto en la lucha la demanda contra la intoxicación química y agroquímica que deja la gran industria energética, forestal, textil, minera y ganadera. Es, con claridad, una primavera indígena cuyas banderas han desplazado o compartido espacio con las banderas nacionales que cada vez representan menos a los pueblos porque cada vez está más claro que son propiedad y representan a las élites que se arropan en ellas para seguir depredando las tierras, las gentes, los pueblos.
* Escritor chileno. Integrante de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe. Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia
[1] Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, estructurados a lo largo de la Cordillera de los Andes
[2] Autogolpe siguiendo el modelo de Alberto Fujimori en Perú durante 1992, que implicó la creación de una constitución hecha a su medida por una Asamblea constituyente servil.
[3] Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional colombiana
[4] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, guerrilla que abandonó las armas como parte de ese acuerdo de paz
[5] https://ramalc.org/2020/09/10/militarizacion-policial-en-colombia-alerta-inmediata/
[6] https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/la_iniciativa_itt_yasuni.pdf
[7] http://ramalc.org/2019/10/13/apuntes-ecuatorianos-observaciones-sobre-la-represion-contra-la-resistencia-a-los-dictados-del-fmi/
[8] https://colectivocasa.org.bo/?p=368
[9] Carabineros (policía nacional uniformada) y PDI (policía civil de investigación)
[10] Grandes superficies comerciales
[11] Tren urbano
[12] 0,04 centavos de dólar
[13] La transición inició en 1989-1990
[14] https://www.elciudadano.com/columnas/la-caida-del-gobierno-de-pinera-continuidad-de-la-revuelta-social-y-mandato-del-plebiscito/11/07/
[15] Las elecciones generales están programadas para abril de 2021, es decir esta crisis de gobierno sucede en pleno periodo preeleccionario
[16] https://www.pagina12.com.ar/306037-peru-la-coordinadora-nacional-de-derechos-humanos-denuncio-q
17] La constitución data de 1993, el autogolpe de Fujimori sucedió en 1992.
[18] https://www.clacso.org/anarquismo-en-tiempos-de-punkdemia/
[19] https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/11/15/el-congreso-de-peru-discute-al-sucesor-de-manuel-merino/
[20] https://www.youtube.com/watch?v=qeDjwjAqw_E
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