En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo es ley

La jornada del 11 de diciembre en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, con el voto afirmativo 131 a 117 con 6 abstenciones, se prolongó hasta la madrugada del 30 de diciembre cuando senadoras y senadores le dieron sanción completa al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
La marea feminista que viene tiñendo de verde cada rincón del país desde hace varios lustros no bajó los brazos frente al revés parlamentario del 2018, redobló su militancia, esgrimió argumentos de peso y desenmascaró la hipocresía de mirar para otro lado cuando se sabe que en la Argentina, en clandestinidad, se realizan 500.000 abortos por año. Ello desnuda, una vez más, la flagrante desigualdad entre las mujeres que tienen los recursos para acudir a sanatorios con garantías de buena atención, y las que caen en manos inexpertas y engrosan, muchas veces, la triste lista de las víctimas de malas praxis: se estima que, al año, 40.000 mujeres son hospitalizadas por complicaciones que resultan del aborto y que por esa causa una mujer muere cada diez días.
Quedó claro en el debate que la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, que el Estado no puede hacerse el distraído ni ser rehén de presiones políticas, sociales o religiosas, y que debe poner a disposición de niñas y mujeres todos los recursos para una buena atención, para la contención y educación en caso de que acudan a un centro médico con la decisión de interrumpir su embarazo.
Con el voto positivo de la madrugada del 30 de diciembre se ha dado un gran paso, la Argentina se suma a Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico y los estados mexicanos de Oaxaca y México en legalizar el aborto. El revés de la medalla son todos los países de América Latina y el Caribe donde los gobiernos siguen criminalizando la IVE y legislando a su antojo sobre el cuerpo de las mujeres.
Así lo detallaba en su columna en InfoCLACSO el 16 de diciembre la Secretaria Ejecutiva de CLACSO, Karina Batthyány: “La situación del aborto hoy en la región es, en términos generales, que está o bien prohibido o muy restringido en algunos casos y poco despenalizado… Que haya este número reducido de países –que por lo tanto representa una excepción a la regla que se extiende por toda la región– implica riesgos muy importantes para la salud de la mujer y resultados que nos preocupan en todos estos países.”
“Esta situación cuando recorremos América Latina y el Caribe nos lleva a mostrar que prácticamente el 97% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva viven en países donde el aborto no está permitido. Y se estima que aproximadamente entre 5 y 10 mil mujeres pierden la vida al año por abortos clandestinos en esta región –los números son complejos porque las cifras no son claras en la mayoría de los países–. Por lo tanto, es un problema de salud pública”, agregó.
VER COLUMNA DE KARINA BATTHYÁNY
VER: Declaración del Comité Directivo de CLACSO
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