Denuncia por la violencia y llamado al cese del uso de la fuerza militar en la protesta pacífica colombiana

 Denuncia por la violencia y llamado al cese del uso de la fuerza militar en la protesta pacífica colombiana

Educadores y educadoras de jóvenes de Colombia, formados desde el  pensamiento crítico, reflexivo y  autónomo y que permite comprender la realidad desde el contexto local y nacional, han liderado desde el pasado 28 de abril un gran paro nacional en protesta y defensa de sus derechos ante las políticas regresivas del actual régimen colombiano y la presentación de lesivas propuestas gubernamentales de tributación, de salud, pensional y laboral.  Estas propuestas en el escenario de pandemia global con el COVID – 19  propician el aumento de la brecha entre pobres y ricos  y, para el caso colombiano de acuerdo con el último informe del DANE, incrementará el número de familias que viven en la pobreza, excluidas de una adecuada alimentación, salud, educación y oportunidades laborales. Estas medidas ponen en mayor vulnerabilidad a la mayoría de la población mientras continúa y se vigoriza el establecimiento representado por los mega millonarios, burócratas y políticos concentra riqueza a través de corrupción política, la ineficacia administrativa, gasto en conflictos armados y despilfarros del erario.  Así mismo, estas políticas propuestas propiciarán el empobrecimiento de una clase media ya sumida en fuertes problemas financieros ante el estrangulamiento de sus negocios producto de la crisis sanitaria.

Desde el pasado 28 de abril, a pesar de todo pronóstico,  los/as colombianos y colombianas han salido de manera masiva a las calles de manera democrática y pacífica a reclamar justicia, equidad e inclusión, y protestar ante tanto abuso, desgobierno y  autoritarismo de los regímenes de seguridad nacional, propio de las dictaduras del Cono Sur de los 70s.

El pueblo colombiano necesita de la solidaridad de la comunidad nacional e internacional ante el recrudecimiento de la represión bajo el eufemismo del “control militar de la población” del actual régimen, descrito como “asistencia militar”,  lo que ha traducido en una  agresión desproporcional de las armas contra jóvenes en manifestantes pacíficas en todo el país. Una expresión injustificable del recrudecimiento de la violencia es llamada masacre de Cali la noche del 3 de mayo 2021, violando los derechos humanos, y los acuerdos internacionales de participación, justicia y resolución de conflictos, en una  guerra abierta contra la ciudadanía, enfrentando a diferentes sectores de la población en Cali y a su vez militares armados contra población civil desarmada. Mientras tanto, los medios de comunicación proscritos al régimen tergiversan la realidad.

El pasado domingo 02 de mayo 2021 y después de seis días de jornadas multitudinarias el ejecutivo Sr. Iván Duque Márquez en una alocución declara que retirará la propuesta de ley tributaria creyendo que la movilización se desactivaría y el paro decidió continuar hasta iniciar la negociación con los sectores activos del paro: indígenas, jóvenes, estudiantes, obreros/as, trabajadores/as independientes, microempresarios/as, campesinos/as, camioneros/as, y muchos otros sectores del pueblo. El 03 de mayo y, como producto de la presión popular por el aumento de otros sectores como los transportistas, renunció el Ministro Carrasquilla, autor de las reformas tributaria, de salud y pensional,  desafiando ¾al buen estilo de los tiranos¾ y engañando a la población manifestante pacífica. El resultado de los hostigamientos militares es el asesinato, abuso y desaparición de más de 150 jóvenes en el corredor paso del comercio en Cali y Llano grande Palmira, entre otras ciudades intermedias (Manizales, Neiva, Ibagué, entre otras) que aún no han reportado los resultados de la violencia.

Desde el lunes 3 de mayo no hay desabastecimiento de alimentos en las ciudades el Occidente Colombiano (Cali, Armenia, Popayán y Pasto) demostrando el poder del paro y su fuerza como mecanismo de presión al régimen.  El Comité Nacional del Paro (CNP) desde el 2019 viene invitando al gobierno a que haga una salida institucional a la crisis social y económica colombiana, negándose de manera soberbia frente a la propuesta de los sectores democráticos y populares.  Así, pues el CNP  reitera como temas: i. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, ii. Renta básica de un salario mínimo legal mensual. iii.  Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).  Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. iv. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.  v. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica y vi. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Ante la indiferencia a la solitud, el CNPha invitado a una nueva movilización masiva multisectorial el próximo miércoles 5 de mayo 2021.

Mientras tanto los diferentes puntos de protesta (plantones) en el territorio nacional (Cali, Bogotá, Medellín, Neiva, Armenia, Manizales, Cartagena, etc.) agreden, abalean, violan mujeres, extraen ojos, torturan, detienen y desaparecen jóvenes que protestan. El saldo es aún impreciso pero que ya se puede afirmar sobrepasa más de 40 muertes, 1.000 retenciones, 500 heridos, 18 con lesiones oculares.  En la masacre de Cali la noche del 3 mayo 2021 se desplegó una ofensiva militar de guerra asaltando casas, con bombeos, disparo de ráfagas de fuego desde helicópteros, detención y asesinato de la ciudadanía desarmada al buen estilo de “tierra arrasada” y con el beneplácito de la institucionalidad departamental, el General Zapateiro, Comandante del Ejército Nacional, quien desplegó dicha ofensiva a media noche. 

Colombia está un momento muy crítico para el ejercicio las libertades y la democracia, la credibilidad y confianza no existen ante un gobierno injusto y violento que ordena disparar, sin que algún ente de control institucional (defensor del pueblo, fiscalía, procuraduría) pueda intervenir ya que desde la lógica de las dictaduras, se encuentran cooptadas por el gobierno. Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Agroecología política hacemos un llamado de urgencia a la comunidad internacional para apoyar a la protección efectiva de los derechos humanos en Colombia, a través de pronunciamientos y vigilancia a favor de la desmilitarización de las ciudades y cese de las masacres.

5 de Mayo 2021
Grupo de Trabajo CLACSO
Agroecología política

Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Agroecología política  y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.