Declaración en apoyo a migrantes varadxs en la frontera Chile-Perú
El 14 de abril del 2023, la frontera de Chacalluta-Santa Rosa, entre Chile y Perú, se vio tensionada por un grupo de alrededor de 200 personas migrantes que salieron caminando desde Chile con la intención de ingresar a Perú, con una mochila al hombro y sus wawas (bebés) en brazos, quienes quedaron detenidas en este espacio binacional por circunstancias diversas. Desde entonces se han sumado más personas de diferentes orígenes, mayoritariamente de Venezuela, que buscan desesperadamente salir de Chile después de haber intentado, sin éxito, radicar en diferentes regiones de este país. Señalan no haber encontrado más alternativa que huir de la precarización, la racialización, la criminalización y la irregularización migratoria.
El problema es que han quedado varadxs en la Línea de la Concordia entre ambos países, sin poder salir formalmente de Chile ni lograr ingresar a Perú desde entonces. Quienes conformamos el Grupo de Trabajo CLACSO Migraciones y Fronteras Sur-Sur vemos con preocupación esta situación alarmante, principalmente por las condiciones de insalubridad, inseguridad, desabastecimiento y violencia en las que se encuentran acampando en el desierto familias enteras por más de tres semanas. El debate mediático se sitúa entre el gobierno chileno y el gobierno central peruano y local de Tacna. Tal como ocurrió al comienzo de la pandemia causada por el Covid-19, cuando el cierre de las fronteras implicó que un grupo importante de personas migrantes que querían retornar a sus países de origen quedaran en un limbo del que ni el Estado de origen ni el de destino querían hacerse cargo, estos migrantes han estado experimentando una suerte de apatridia temporal que revela la indolencia de los Estados frente a los derechos que les asisten a las personas en su calidad de humanxs. Una indolencia que se agrava si se considera que el proceso de irregularización que experimentan estas personas es provocado, en la mayoría de los casos, por el cierre y la militarización de la frontera al ingreso a Chile, por el incremento de las barreras legales para acceder a la regularidad, y por la falta de reconocimiento de la condición de refugiada a una población que experimenta violencias desde el origen de sus éxodos, situaciones que justifican con creces la necesidad de protección internacional.
Desde la pandemia, el clima político en Chile se fue haciendo cada vez más hostil hacia la población migrante irregularizada, asociada permanentemente a la delincuencia y al aumento de la violencia criminal. Estos discursos de autoridades y medios masivos de comunicación se traspasaron a la población en general, generando rechazo hacia migrantes caminantes, mochilerxs y venezolanxs en gran medida, culpables de gran parte de los problemas de la sociedad chilena. El escenario electoral ha tensado aún más estas cuerdas xenófobas, racistas y criminalizantes, un resorte que, según muestran los resultados de estas elecciones, parecen haber sido bastante eficaces.
Además de los discursos, se han levantado una serie de iniciativas legales que vienen a reforzar esa tendencia, como los proyectos que modifican la Ley 21.325 de Migración y Extranjería de 2021, primero, para facilitar las expulsiones haciendo más expedita su notificación, y segundo, para tipificar el ingreso irregular como un delito. El primero es una medida administrativa populista que costará millones de pesos al Estado (por cada persona expulsada se gastarán 5 mil USD aproximadamente). Es una iniciativa del presidente Boric, que presentó al Senado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y ha sido aprobada el 24 de abril de 2023 por la Cámara de diputados y diputadas, pasando a tercer trámite constitucional ante el Senado. El segundo proyecto se encuentra en su primer trámite, habiendo sido aprobada la modificación de la misma ley que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, el 17 de abril de 2023 por la Cámara de diputados y diputadas.
A esto se suman las declaraciones del fiscal nacional Valencia del 6 de abril de 2023, en las que señala que se someterá a prisión preventiva a imputados extranjeros cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales. El oficio de la Fiscalía Nacional N° 298/2023 fue el principal insumo para un proyecto de ley que busca incorporar esta medida en el Código Procesal Penal. Se plantea agregar la ampliación del plazo de detención cuando el juez lo estime necesario o para establecer la identidad o situación migratoria del imputado. Asimismo, que se presumirá que es un peligro para la seguridad de la sociedad y, por último, que esta misma presunción se aplicará a quienes hayan ingresado clandestinamente al territorio nacional o mantengan una situación migratoria ilegal.
Todas son iniciativas que apuntan a criminalizar la migración irregularizada, sin considerar que el principal agente irregularizador es el Estado. Por ejemplo, el Servicio a cargo de la entrega de visas tiene un retraso de entre dos y hasta cinco o más años en la evaluación de los documentos de solicitud de distintos tipos de visas y de la condición de refugio. Por otra parte, son medidas que corren peligrosamente el cerco del debido proceso y de la igualdad ante la ley, principio fundamental de las democracias.
La reacción del Perú no ha sido distinta a la de Chile: inmediatamente, el 15 de abril de 2023, la policía peruana armó un muro de contención ante este flujo descontrolado y decretó Estado de emergencia. Y el 27 de abril de 2023 el gobierno peruano informó el envío de 200 militares para reforzar la frontera sur del país y cubrir los pasos no habilitados. El argumento es que no pueden dejar ingresar al Perú a las personas que no hayan tramitado la salida de Chile en el paso fronterizo. Pero lo que ha sucedido es que no se les ha permitido realizar el trámite de salida, de hecho, en algunos casos las personas ni siquiera se pueden acercar a la ventanilla del control migratorio. Y en otros, teniendo toda la documentación para salir del país y entrar al país vecino, igualmente se les ha negado el paso. Las imágenes de madres con niñxs pequeñxs han sido las más angustiantes en los medios, o las de familias intentando cruzar la frontera corriendo, escenas que se presentan como un acto irracional, sin mostrar la represión que anima estas decisiones desesperadas. Policías de Chile y de Perú han reprimido a golpes y palos en reiteradas ocasiones a quienes intentan avanzar o retroceder hacia uno de los dos territorios en disputa. De la misma manera en que han reaccionado cuando estxs mismxs migrantes organizadxs han hecho cortes de ruta, a modo de protesta, para exigir la libertad de movimiento.
Aunque el domingo 7 de mayo llegó un avión venezolano que trasladó a parte de esta población, la medida contingente no modifica el problema de fondo: las cada vez más frecuentes escenas de parias de los Estados y el mercado que, en grupos, caravanas, o en desplazamientos solitarios, caminan por el mundo huyendo de la precarización, la violencia y la criminalización, y buscando el reconocimiento del derecho a una vida digna, profusamente declarada por instrumentos de derecho internacional que cada vez menos pueden disimular su carácter retórico.
12 de Mayo de 2023
Grupo de Trabajo CLACSO
Migraciones y fronteras sur-sur
Este pronunciamiento expresa la posición del Grupo de Trabajo Migraciones y fronteras sur-sur y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.
