Comunicado sobre el caso de Uruguay frente a las políticas de seguridad en el contexto de la pandemia Covid-19

La reorganización político ideológica en la región en un contexto de avance de la pandemia Covid-19 profundizan seriamente las preocupaciones que tenemos sobre la seguridad pública. El nuevo contexto que enfrentamos está intensificando las capacidades punitivas de los Estados latinoamericanos. La necesidad de contener la pandemia posibilita que los gobiernos tomen medidas de extrema peligrosidad para la población –tanto por irrespeto a los derechos fundamentales como por desidia o negacionismo–.

Las respuestas estatales contra la pandemia están siendo de diverso tenor y con dificultades que obedecen, en buena medida, a la reducción de los bienes y servicios públicos, sobre todo en las áreas de salud y educación. 

No podemos desconocer que los ciudadanos nos enfrentamos a la pandemia en un contexto de dataísmo e infoxicación, de fake news, posverdad…que no hacen fácil procesar, analizar y divulgar información. No sería la primera vez que nos encontremos con gobiernos y autoridades que utilizan distintas estrategias que ocultan, desinforman (inflan o desinflan) y trivializan situaciones de enorme gravedad. A ello han colaborado y colaboran los medios de comunicación y las redes sociales. Ellas son cómplices en la misión de desinformar, ya sea con sus silencios o sus vozarrones, de verdades inevitables que hoy surgen como una explosión de máximo alcance.

A este contexto se suma el comienzo de una parálisis de la economía global que, aunque pueda afectar a amplios y duros grupos económicos que acaparan grandes recursos internacionales, también traerá consecuencias nefastas para la población empleada que integra el sector formal y, en especial, el mercado informal. Tampoco podemos obviar que las medidas de aislamiento y cuarentena, que se imponen con más fuerza cada día, dejan por el camino a las personas en situación de calle, a las personas que viven en hogares precarios, a quienes se alimentan de los comedores comunitarios y el largo etcétera de vulnerabilidades que existen en nuestras tierras.

En este contexto, en Uruguay, el nuevo gobierno que asumió sus funciones el 1 de marzo pasado mantiene sus pretensiones de aprobar una Ley de Urgente Consideración (LUC) con 94 artículos (en 457 artículos) reservados a la seguridad pública. La lectura integral de la LUC deja claro que para el novel gobierno no hay condicionamientos estructurales enraizados al capitalismo que explican la etiología del delito. La LUC es una apuesta a la “hiperintimidación” de la ciudadanía a través de una inflación de la amenaza punitiva. Es un enfoque que sobredimensiona la capacidad disuasiva de la pena, el arresto y el poder de fuego. 

La LUC es un proyecto anticonstitucional, según los entendidos. Plantea el endurecimiento de las penas para diversos delitos, en adultos y adolescentes. Propone incapacitar a las personas por más tiempo en instituciones penitenciarias decadentes. Ello se combina con la extensión del dominio de uso de las armas de fuego para la ciudadanía, el personal policial en retiro (con las mismas facultades legales que el personal policial en actividad) y las fuerzas de seguridad. Propone proteger a los tenedores de armas de fuego con la presunción de inocencia policial y la ampliación de la legítima defensa objetiva y, sorpresivamente, subjetiva. Esto se articula con la ampliación de las posibilidades policíacas destinadas al control de la identidad, el registro, la detención y la investigación de hechos de “apariencia delictiva” sin obligación de informar a la Fiscalía durante las primeras cuatro horas.

Ahora bien, la “bomba” discrecional de la LUC ya está en marcha. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recibió, en los primeros once días del nuevo gobierno, 22 denuncias de presuntos excesos de la policía.  Ello se relaciona con nuevos operativos policiacos, también de aspecto constitucional, de “solicitud” de documentos de identidad e interrupción de la libre circulación sin indicios y sospechas de delitos. La acción policial se refuerza en la coyuntura del Covid-19 en tanto la policía pasó a patrulla las calles “exhortando” a la población a evitar aglomeraciones.

En suma, afrontamos un contexto preocupante que puede derivar en el aumento de la criminalización hacia sectores vulnerables en el contexto de un virus que aparentemente afecta -especialmente en América Latina y en su inicio- mayormente a la clase media y alta. El grupo de trabajo entiende que estas políticas de “mano dura” son padecidas por los sectores de la población que tendrán motivos suficientes para movilizarse y manifestar su descontento con los nuevos senderos que recorre la represión y la parálisis económica. Por ello, hacemos un llamado de atención, un llamado a estar despiertos para evitar que la coyuntura de la pandemia se transforme en un escenario ideal para la intensificación del punitivismo y la profundización de las desigualdades.

Marzo de 2020
Grupo de Trabajo CLACSO
Violencias, políticas de seguridad y resistencias