Chile, lo que hacen los pueblos
Dentro de la Colección de los “Cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano”, CLACSO presenta “Chile, lo que hacen los pueblos: despinochetizar el país, desmilitarizar la constitución”, de Pelao Carvallo e Isabel Piper Shafir. Y “Protesta y contraprotesta. El caso colombiano”, de Laura Fernández y Giovanny Daza.
Chile, lo que hacen los pueblos: despinochetizar el país, desmilitarizar la constitución
Pelao Carvallo*
Isabel Piper Shafir**
El proceso constituyente y el fin de la constitución de Pinochet es parte y efecto de la revuelta social
La reciente elección chilena de representantes para la Convención Constitucional (CC), ocurrida conjuntamente con elecciones municipales y regionales, expresó con fuerza el empuje de la revuelta social en Chile, a un año y medio de su inicio en octubre de 2019. Su fuerza y vigencia se expresó en varias cosas. En primer lugar, en la irrebatible derrota de la derecha, abandonada por su electorado a favor de representaciones a la izquierda. En segundo lugar, en la opción antipartidista representada por la también irrebatible victoria de las listas de candidatos/as independientes a la constituyente y a los gobiernos locales. Esto se acompaña con al empuje del antilectoralismo, que alcanzó cuotas de más de la mitad del electorado. De esta manera, podemos ver que el proceso constituyente -incluida la CC- en su seno al menos dos elementos constiyuyentes de las memorias y propuestas anarquistas[1], y que se han hecho sentido común en los pueblos que habitan el Estado chileno: el antipartidismo y el antielectoralismo. Se reconoce y denuncia el control de la élite sobre los partidos y el sistema electoral, y ambos son considerados como parte importante de nuestros problemas y cómo límites impuestos para la transformación del país. Apenas se les da el crédito a las elecciones de ser cierta confirmación estadística del estado de las cosas en el Chile revolucionario actual[2]. La paridad de género en la CC fue expresión de la lucha de las mujeres y de los feminismos, mientras los escaños reservados para pueblos originarios lo fueron de las luchas de esos pueblos. En este último caso, las limitaciones impuestas por la derecha implicaron fuertes limitaciones, se expresa, entre otras cosas, en la paridad lograda para la proporcionalidad de constituyentes. La lucha de los pueblos indígenas también influenció el proceso, aunque con fuertes limitaciones impuestas por la derecha. Pese a estos logros, son numerosas las luchas, demandas y sujetos excluidos de la CC Con todo, la CC es la representación política más realista nunca habida en Chile en un proceso formal de nivel estatal, lo que se debe al empuje revolucionario que instaló la revuelta social chilena.
La derrota de la constitución de Pinochet en octubre de 2019 fue un ineludible efecto político de la revuelta social. Fue sacrificada para evitar el derrocamiento del presidente Piñera, por medio de un pacto entre partidos de gobierno y oposición -el llamado Pacto por la Paz y la Nueva Constitución- que buscó inútilmente encausar el proceso revolucionario. Sin embargo, sabemos que fue al revés: la energía del proceso revolucionario fue la que abrió el camino del proceso constituyente[3] y empuja para desbordar las limitaciones institucionales creadas al alero del pacto. Es lo que observamos en el triunfo coordinado y coherente de las posturas revolucionarias del antipartidismo y del antilectoralismo en las recientes elecciones.
La muerte de la constitución de Pinochet, ratificada por el 78,3% de los votos en el plebiscito de octubre de 2020, es un triunfo de las memorias de las resistencias ante las violencias ejercidas por la dictadura y por los gobiernos que la siguieron. En el plano simbólico, puede entenderse como un gran acto colectivo de reparación social.
Las múltiples resistencias a la dictadura, que buscaban deshacerse de Pinochet, su institucionalidad y su legado, fueron derrotadas por la transición cuyo componente de continuidad dictatorial fue inmensamente superior al componente de cambio. La impunidad para represores, torturadores, asesinos y delatores sigue siendo una constante. La transición creó y gestionó una institucionalidad democrática para reprimir, encarcelar, exiliar y asesinar. Las operaciones políticas para desactivar la protesta, el fortalecimiento del poder económico del empresariado, la enorme tolerancia e incluso legitimidad del partido militar -dirigido por Pinochet, comandante en jefe del ejército, hasta 1998- , así como el secuestro del 10% de los ingresos de la minería publica del cobre para ser entregada sin condiciones a las Fuerzas Armadas, dieron continuidad a la dictadura militar, y fueron posibles gracias a la continuidad de la represión de la cualquier forma de disidencia.
La revuelta social denunció y resistió a esa transición militarizada con su “No son 30 pesos, son 30 años”. Recuperó la memoria de luchas del pasado como una forma de reparación social a quienes fueron perseguidos/as, encarcelados/as, torturados/as y/o asesinados/as por oponerse activamente al pacto transicional. Recuperó una historia incómoda, ingrata pero victoriosa, que tuvo su mayor visibilidad en las luchas estudiantiles iniciadas con el mochilazo de 2001[4].
La objeción de conciencia en la nueva constitución: una forma de reparación social y una garantía del Nunca Más
La instalación del derecho de objeción de conciencia en el proceso constituyente y en su producto constitucional es una acción de reparación social de las violencias represivas ejercidas durante la dictadura, la transición y la revuelta social.
El derecho a negarse a seguir la orden de violar los derechos humanos -torturar, asesinar, detener ilegalmente, hacer desaparecer- posibilitará dos cosas. En primer lugar, no prestarse para ejercer daño social en nombre de cualquier autoridad u orden escrita o reglamentada que siga ese propósito. La segunda, que ningún/a funcionario/a público/a tenga el refugio canalla de la “obediencia debida” como excusa para cometer crímenes de lesa humanidad.
Instalado en forma clara, sencilla y precisa, el derecho constitucional de objeción entrega el respaldo a la desobediencia de órdenes que violen los derechos de otras personas, incluyendo la limitación del ejercicio de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Al reconocerse el límite de la conciencia propia como límite a órdenes contrarias a la dignidad humana, cada persona asume una responsabilidad ineludible e inexcusable al dar (o no) consentimiento a esas órdenes, obedeciéndolas. La objeción de conciencia constitucional asegurará por un lado la facultad de impedir el daño no colaborando con su realización. En caso de que este ocurra, asegurará una verdad y justicia más expedita al quitar la sombra de la colaboración obligada.
El fin de la impunidad, la verdad y la reparación social de los efectos de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura, la transición y la revuelta, son una necesidad social y política, y constituyen la única garantía posible de no repetición. La objeción de conciencia forma parte de este proceso.
La OC no puede ser excusa para atentar contra los derechos de las mujeres
Actualmente en Chile, el derecho a la OC es usado como restricción del derecho al aborto, permitiendo que funcionarios/as de salud -incluso trabajadores del sistema público – apelen a él para negarse a interrumpir embarazos. Es decir, niegan a las mujeres el ejercicio a decidir sobre la maternidad.
El derecho de objeción de conciencia debe establecerse en la constitución de manera explícita, sencilla, directa y amplia. Considerando que en las violaciones a los Derechos Humanos no sólo participan militares, sino que se llevan a cabo con la participación de civiles, la OC debe superar la especificidad de la objeción al servicio militar.
La OC es un derecho individual que defiende de violaciones a los derechos humanos y esa es la claridad básica de su traducción como norma constitucional. Como hemos dicho, hace referencia a normas obligatorias y sobre todo mandatos que violen los derechos de otras personas. Esto implica que no puede usarse como argumento para restringir el derecho de otras personas, y que en ningún caso es un derecho institucional, colectivo o grupal.
La OC y Los Derechos Humanos son parte de la desmilitarización de la constitución
El derecho humano de Objeción de Conciencia deberá formar parte armónica y coherente de una constitución basada en los Derechos Humanos, económicos, sociales culturales y ambientales. Visto como un abanico cerrado de derechos, será el punto de partida y cierre en tanto que garantiza la defensa de los otros, permitiendo que sea ejercido como una práctica autónoma que no depende de una institucionalidad. Su sólo ejercicio actúa como defensor de todos los otros DDHH y DESCA que se instalen constitucionalmente, asegurando una constitución coherente y sobre todo desmilitarizada.
La militarización de la sociedad es la forma en que los Estados, todos -incluso aquellos que se definen a sí mismos como democráticos- abandonan la defensa de los derechos humanos a favor de la lógica del ejercicio táctico, estratégico y profesional de la violencia armada, que es por definición antidemocrática. La militarización de la sociedad implica la abolición de los derechos humanos, de la participación política, de la empatía social y socava la construcción social de comunidades libres, autodeterminadas, empáticas, participativas y solidarias. Permite a los Estados usar a las FFAA como freno socio cultural a las prácticas auto-gestionadas. La mano militar es el recurso permanente y sostenido de su reflejo económico; el capitalismo neoliberal depredador de estos tiempos, que actúa simétricamente con lógicas de abolición de derechos (incluso el de propiedad –que no sea de los grandes propietarios).
Construir una constitución desmilitarizada, con un pilar en el derecho de Objeción de Conciencia, permitirá persistir en procesos de autodeterminación comunitaria y efectiva participación política solidaria y empática. Un ejercicio revolucionario que hace eco de lo que se viene viviendo en las calles chilenas desde octubre de 2019[5]. Desde una perspectiva solidaria e internacionalista, será un aporte de los pueblos que habitan Chile a la jurisprudencia latinoamericana-caribeña y mundial de ddhh, ampliando la definición actual que lo restringe al Servicio Militar Obligatorio[6] (SMO), lo que es expresión de la influencia del militarismo en la región.
El problema político de una constitución desmilitarizada
Lamentablemente forman parte de la CC de Chile un ex almirante, representantes de partidos y organizaciones del status quo militarista, y otros/as actores/as que no tienen una postura clara respecto al carácter antidemocrático del militarismo.
Las denuncias de robos, las estafas, así como la corrupción de militares y policías en los últimos años[7] han develado los privilegios e impunidades que entraña la influencia militar en la república chilena. Los robos y desfalcos tienen un mayor impacto en la opinión pública de los crímenes cometidos al interior de esas instituciones[8].
El militarismo en Chile es un poder fáctico que hará constar sus privilegios en la constituyente. Dotados de personal, recursos, redes y contactos, los institutos militares hacen lobby mediante el control que tienen de parte de la academia con eco en la prensa[9], buscando controlar la agenda constituyente. Han contribuido a crear una cultura y un sentido común que legitima su rol en la sociedad y oculta su carácter antidemocrático. El presupuesto militar será usado para aceitar ese lobby militarista sobre la constituyente con el fin de mantener, aggiornado, el lugar determinante que ocupa hasta hoy en el Estado chileno y que es el freno para salir de las lógicas antidemocráticas. No se trata sólo de impedir que quien tenga intereses en el tema militar, ya sea como activo participante, jubilado o asesor de las FFAA, debata y decida en esos temas, sino que además estar alerta a la tentación de dar por hecho, considerar como natural y lógico que haya y existan unas fuerzas armadas y represivas en Chile.
Esto es tomar en serio la idea de una constitución que parta de una hoja en blanco.
En Chile la desmilitarización la hacen los pueblos
La constituyente debe seguir el ejemplo desmilitarizador de los pueblos de Chile. El proceso revolucionario iniciado en la revuelta social de octubre de 2019 es al mismo tiempo un proceso desmilitarizador y de reparación social a las víctimas, sobrevivientes y resistentes a esa militarización, incluso frente a la enorme violencia desplegada por el gobierno Piñera a través de las FFAA y policiales.
Actualmente, y con la pandemia como argumento legitimador de un estado de emergencia que ha durado ya 15 meses, la militarización activa que dicho gobierno sostiene mantiene una fuerte presencia militar en todo el país, y también en las fronteras controlando una inventada crisis migratoria. Otra variante de esta a es la aguda militarización de Carabineros, tanto en su actuar en el Wallmapu como ante las protestas urbanas, con adquisición urgente de nuevos armamentos. La pandemia asimismo ha sido usada para lavar la cara represiva de lo militar usando los transportes aéreos militares para el traslado de pacientes.
Con todo eso el gobierno no ha podido frenar la revuelta social, ni pudo frenar la derrota electoral de la derecha ni de los partidos que controlaron la transición y la continuidad del militarismo. La insumisión frente al reclutamiento policial se inició en la revuelta de octubre de 2019, recogiendo y ampliando una larga historia de insumisión antimilitarista chilena[10]. La caída de la constitución de Pinochet es el primer logro desmilitarizador del proceso revolucionario que se vive en Chile, y la constituyente debe decidir si forma o no forma parte de ese proceso estableciendo la Objeción de Conciencia como un derecho que se articule en torno a la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición para la absoluta mayoría de habitantes de Chile-
La desmilitarización de la constitución chilena es un proceso se está haciendo en todos los espacios políticos de participación política real, concreta, no jerárquica, no competitiva, no patriarcal y machista. Es decir, cooperativa y colaborativa, como las asambleas territoriales, las líneas que luchan en calles y plazas, las ollas comunes y todas las experiencias organizativas comunitarias de apoyo mutuo que actualmente se cran y recrean en esos territorios.
* Escritor chileno. Integrante Grupo de Trabajo CLACSO Memorias colectivas y prácticas de resistencia.
** Representante del Comité Directivo de CLACSO. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias colectivas y prácticas de resistencia. Profesora e investigadora del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
Protesta y contraprotesta. El caso colombiano
Laura Fernández*
Giovanny Daza**
De acuerdo con lo planteado por el sociólogo Max Weber, hablamos de protesta o lucha social, cuando se trata de una acción colectiva que expresa intencionalmente demandas y/o presiona soluciones ante el Estado, en sus diversos niveles, entidades privadas o individuos, de igual manera, según lo expuesto por la Fundación Ideas Para La Paz- FIP, la protesta social, es un medio legítimo para la reivindicación y fomento de derechos fundamentales de cualquier índole, que se encuentran constitucional y legalmente protegidos, como la asociación o reunión pacifica, libertad de expresión y huelga.
Por consiguiente, tomo como referencia y soporte los dos conceptos anteriormente expuestos, con el propósito de visibilizar y realizar un breve recuento de las diferentes manifestaciones sociales que se han llevado a cabo en Colombia para dimensionar, en gran medida, la problemática o el mal llamado circulo vicioso de manipulación y opresión en el que los ciudadanos nos hemos encontrado por más de 60 años, producto de la idea distorsionada política y democráticamente hablando, del actual Gobierno que, mediante proyectos inviables y sin rumbo, sin duda alguna, siguen estructurando y posicionando al país como un escenario desigual y excluyente para la población en general, sin embargo, no queda duda que, gracias a la participación social y movilización del pueblo, se ha logrado cambiar en gran o poca medida, la historia de los colombianos.
La protesta social como medio de garantías desde 1900
En ese orden de ideas, el presente artículo tiene como intención analizar y enlazar el trasfondo de las manifestaciones sociales con la actual situación colombiana que, durante muchos años, ha sido manchada con la inequidad, violencia y falta de desarrollo, desatado irónicamente en un Estado social de derecho, donde lo social y el derecho son dos palabras que se entrelazan y complementan, pero en últimas, su cumplimiento termina siendo una utopía en Colombia, por ello, se puede ubicar el inicio de las mismas para el año de 1900, expandiéndose y alimentándose en la época de la Violencia, dada esta última entre 1946 y 1958 a causa del mal manejo político que marcó el comportamiento de los colombianos, mediante dos etapas definidas de la siguiente manera: La primera, comprendida entre 1902 y 1917, en el que se resaltaron temas de índole socioeconómicos, laborales y políticos, y la segunda, data en el año 1918, en el que predominó el inconformismo económico de los trabajadores asalariados del campo y la ciudad, a causa de no tener garantías y beneficios para ejercer su labor de manera digna.
Como muestra del poder, alcance y efectos positivos que pueden llegar a surgir de las acciones colectivas y manifestaciones masivas en contra de sus dirigentes, se recuerda el 13 de marzo de 1909 como uno de los inicios de la democracia y participación ciudadana en Colombia, donde los estudiantes fueron los protagonistas en la ciudad de Bogotá por alzar su voz, con el fin de buscar la revocación del entonces Presidente de la República, el General Reyes por intento de persecución política y dictadura.
Ahora, teniendo en cuenta la persistencia de este tipo de sucesos desestabilizadores, ¿qué otro resultado se esperaba? ¿Cómo pretendía el Gobierno de aquel entonces que fuera la reacción de la gente? ¿a lo mejor esperarían la misma sumisión que durante muchos años hemos soportado, y de alguna forma, aceptado? Pero, como la historia se encarga de responder cada una de estas preguntas, sería redundante decir cuál fue el verdadero efecto.
La resistencia social que empezó a surgir por parte de los ciudadanos en ese momento, ratifica la fuerza, poder y alcance que nace de la unión colectiva para reclamar y/o alzar la voz en unísono, que conlleve a hacer valer y convertir en realidad la igualdad-bienestar en escenarios de participación, con el fin de cortar el efecto a lo que busca atentar y controlar lo de todos, por ello, con justa razón, se vale hacer temblar y mover, este tipo de acontecimientos calificados de todas las formas posibles, menos positivos. Es imparajitable no exasperarse, porque de la misma forma en que se recuerdan los logros obtenidos gracias a que el pueblo se ha hecho sentir asiduamente ante un gobierno que juega y manosea lo que se supone deber ser intocable y respetable, como: la vida, los derechos, las oportunidades, el desarrollo, y la democracia mismas del país, no se olvida, acepta, exime, ni mucho menos, se deja por fuera de la memoria, las protestas que han culminado en masacres como el caso de los trabajadores, jornaleros y campesinos de la zona bananera del departamento del Magdalena, que cansados de las duras condiciones por parte de la United Fruit Company, protestaron para pedir el mejoramiento de las condiciones económicas, que lejos de cualquier atisbo negociador y concertado, el paro se disolvió a cualquier precio en el que miles de colombianos trabajadores murieron en esa protesta.
Desde mi postura como colombiana, ciudadana y joven, resulta abrumador, angustiante, y en últimas desesperanzador, el incumplimiento de los propósitos sociales-colectivos e incluyentes, que, por naturaleza, deben ser el sello de los gobernantes, pero a causa de la demagogia relevante con la que algunos mandatarios han querido gobernar por décadas, continúan desviando y convirtiendo la esencia de hacer política, en un eufemismo de la politiquería anti-social, para solapadamente seguir sin construir país, entendiendo este como una comunidad social, unánime, que juntos mancomunadamente, desde espacios de participación, diálogo y consenso, pueden fortalecer la igualdad social, para que finalmente la ciudadanía, sea la protagonista de garantías en términos de derechos, económicos, políticos, ambientales y educativos soportados en un ejercicio de poder con miras a un sistema de gestión sostenible, fructífero, donde todos ponen y ganan, prevalece la igualdad ciudadana, donde el verdadero acto de gobernar comience tanto en la equidad como en el fomento de minimizar las brechas sociales y sobretodo económicas.
¿Reforma? O ¿deforma?
Hablando de temas en los cuales el Gobierno en voz baja ha querido engañar a la sociedad con propuestas que según ellos, las población no tiene la capacidad de entender el alcance y efectos positivos o negativos que estos puedan tener, realmente cuesta entender la forma tan infame en la que el Presidente de la República Iván Duque, expone a la Reforma Tributaria-Solidaridad Sostenible, pensional y a la salud, pues es contradictorio proponer leyes totalmente desiguales, considerando que en el caso de la Tributaria, se buscaba reducir los efectos negativos que dejó la pandemia del COVID-19, mediante el incremento del IVA en algunos productos de la canasta familiar, como alimentación, salud, educación, vestuario, entre otros pagos como los impuestos de renta, IVA a los servicios públicos para los estratos más altos, utilizando esta como una estrategia para eliminar la pobreza. Es irracional lanzar este tipo de proyectos en un país donde precisamente según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indica que el porcentaje de personas clasificadas como pobres para el año 2021 es del 42.5%.
Me incluyo en el debate de discusión y al mismo tiempo de rechazo, inicialmente al nombre con el que presentan un proyecto para ‘’sostener’’ al país, han querido controlar y empoderarse en gran medida de lo común, que finalmente lo que están haciendo es convertirse en los protagonistas de propuestas y acciones vacías y sin fundamento, comenzando por atribuir y enfocar esta ley tributaria- económica a un enfoque social, cuando su distorsionada y errada forma de gobernar no concuerda y mucho menos se ajusta a temas sociales e igualitarios, por tanto, no es un trabajo difícil considerar que este enfoque social resulta siento el último y menos pensado propósito de la Reformas, representada por el Presidente Iván Duque y su influenciador Alberto Carrasquilla para Colombia.
Qué bueno sería que, de las distintas propuestas expuestas, se encontrara un punto medio entre los pobres, ricos y clase media, porque no cabe duda que al presentar las mismas, se cae en el extremo o de buscar estrategias para proteger a los más pobres con el fin de mejorar sus crisis económicas y de precariedad, o de seguir alimentando los bolsillos de los ricos para en esa misma medida poder acaparar su dinero y verse privilegiados de este, pero, y entonces la clase media ¿qué? ¿Dónde queda la gente que trabaja día a día para ganarse un sueldo básico, y de ahí estirar al máximo para estudio, alimentación, deudas, salud y hogar?
Retomo mi opinión frente al trasfondo de la Reforma Tributaria, entendiendo que en la manera en como está planteada va en un sentido opuesto y desequilibrado con respecto a su significado, como lo es mejorar, enmendar, o transformar de manera gradual un sistema, por lo cual, esta propuesta en cambio de reconstruir y fortalecer, deforma y altera.
El papel de los jóvenes en las manifestaciones
El paro nacional actual inició el 28 de abril por lo que se ha mantenido durante casi 2 meses en los que, según datos oficiales, se han presentado 111 casos de desaparición, mientras las organizaciones sociales denuncian 340.
El papel de las organizaciones sociales juveniles ha sido de gran importancia pues, a diferencia de otros paros en Colombia, han sido los jóvenes quienes se mantienen firmes en sus reclamos hacia un Gobierno indispuesto para el dialogo pero preparado para la militarización de los principales focos de disturbios en el país. Distintas organizaciones han denunciado que en el marco de las protestas del Paro Nacional, más de 340 jóvenes han sido detenidos por la Policía y hasta el momento se desconoce su paradero. Por su parte, la Fiscalía asegura que tiene activo el mecanismo especial de búsqueda para 111 casos de personas no localizadas e investiga tres casos de desaparición forzada.
Jóvenes en protesta, jóvenes que no callan, jóvenes en acción y reacción desean, más allá de los actos vandálicos atribuidos a ellos y que en varias ocasiones se han atribuido al mismo accionar del estado en forma de grupos paramilitares, manifestar su inconformismo por las acciones del Gobierno Duque. El conflicto es tan grave que incluso miembros de la ONU manifestaron ser atacados por la policía mientras hacían tareas de verificación. De igual manera a la Comisión de Derechos Humanos no le fue permitido su ingreso por parte del Gobierno cuya excusa fue que la Comisión no debería ingresar a Colombia sino únicamente después de que el Gobierno del presidente Duque tuviese la situación bajo “control”.
La acción política traspasa las urnas, va más allá de los partidos políticos, se abre paso ante las posibilidades estrictas de la política tradicional y esto se ha hecho notar de manera clara en las manifestaciones programadas y no programadas en Colombia. Los jóvenes han salido a las calles sin filiaciones políticas de ningún tipo pero con la fuerza de generar cambios significativos en las paredes institucionales construidas por los viejos patriarcas del tradicionalismo bipartidista del país.
La respuesta del Estado, más allá de contados intentos fallidos de diálogo con la comisión juvenil del paro, ha sido la utilización de la fuerza. El hecho más grave sucedió el 5 de mayo. Ese día, en Pereira, un grupo de desconocidos disparó contra los manifestantes e hirió a tres personas de gravedad. Una de esas personas era Lucas Villa quien terminó muriendo días después debido a los disparos que recibió.
A la fuerza de Estatal contra disturbios el comité del paro responde de varias maneras que incluyen la utilización del arte callejero como medio de expresión propio. También, como es lógico, se responde con brotes de violencia contra estatal cuyas repercusiones son ampliamente cubiertas por los medios masivos de comunicación como medios sesgados por la normativa estatal.
El mural en Medellín “Convivir con el estado” realizado el 22 de mayo en el área del Poblado en Medellín fue casi inmediatamente eliminado por unas 150 personas que lo taparon con colores verde y blanco en franjas haciendo referencia a la bandera oficial de Antioquia. Precisamente en este sitio, de nuevo los grafiteros pintaron una nueva frase: “El pueblo no se rinde carajo”.
La franja democrática es mucho más endeble ante los cuestionamientos directos de la ciudadanía no necesariamente politizada o, politizada, por fueras de las sendas del institucionalismo tradicional. El objetivo de hallar nuevos mundos posibles moviliza a los protestantes y de allí que el arte (murales, música, festivales, concursos callejeros) se produzcan y reproduzcan como respuesta a la opresión estatal.
En este panorama de movilización ciudadana en gran parte juvenil, otro sector históricamente relevante en Colombia en tanto agente de movilizaciones, luchas y disconformidad se ha unido a las manifestaciones contra el gobierno Duque: las comunidades indígenas. Un colectivo de organizaciones indígenas de Colombia se viene movilizando en la ciudad de Cali para unirse a la ola de manifestaciones que han sacudido el país desde el inicio de las protestas.
La marcha se conoce como Minga, una palabra indígena que puede implicar una reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común, pero en su contexto más reciente significa resistencia o protesta en busca de la reivindicación de derechos.
Este domingo hubo más violencia cuando, según denunciaron fuentes indígenas, grupos civiles agredieron a los participantes de la minga con armas de fuego. Los civiles, por su parte, dicen que fueron ellos las víctimas de ataques con machetes y vandalismo contra sus propiedades. La verdad, como siempre, suele ser diluida y acomodada de acuerdo al poder que la constituye y logra imponer mediáticamente.
Los miembros de la Minga -con sus bastones de mando al hombro y un himno cumbiero que reza “defender nuestros derechos así nos toque morir”- se enfrentaron a todos los gobiernos, pero con picos de tensión importantes: en 2008, con Álvaro Uribe en el poder, en 2020 y ahora, con su aliado político, Iván Duque.
Margarita Martínez, codirectora de Robatierra, un documental sobre la Minga, coincide en que las demandas de los indígenas, con su marcha a la capital, se alinean con las del Paro: “Venir a Bogotá va más allá de reunirse con Duque: lo que buscan es ayudar a concientizar a la Colombia urbana, que ha estado tan alejada de la guerra, de lo que viven en sus territorios”.
El gobierno Duque ha venido retirando las propuestas que originaron el paro nacional gradualmente. Se informó a la ciudadanía el retiro de la reforma tributaria y de la reforma a la salud. Además de comunicar la condonación de recursos entregados a 223 estudiantes con becas para doctorados.
En este contexto y al cumplirse 44 días de protestas en Colombia, el Comité Nacional del Paro, podría comunicar en las próximas horas poner fin a las marchas y bloqueos en el país. “Puede haber un cambio en lo que se haga, no habrá énfasis en las marchas, pero habrá otro tipo de eventos”, dijo Oscar Gutiérrez, integrante de Dignidad Agropecuaria en Colombia.
* Comunicadora social. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias colectivas y prácticas de resistencia.
** Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos. Miembro del equipo de Área de Investigación de CLACSO.
[1] https://www.elciudadano.com/columnas/el-anarquismo-en-la-region-chilena-ante-el-plebiscito-de-abril-si-es-que-se-hace/03/16/
[2] De esto hablamos largo y tendido hace un tiempo por si alguien quiera ahondar, en la conferencia La Influencia anarquista en el proceso constituyente chileno https://www.facebook.com/1421886927880165/videos/289913749531895
[3] https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020/10/13/la-constituyente-esta-sesionando-desde-octubre-de-2019-en-la-calle.html
[4] https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/05/09/mochilazo-2001-un-camino-que-no-se-cierra-en-la-constituyente.html
[5] https://www.elciudadano.com/columnas/por-que-la-gente-votara-en-chile-en-abril/02/24/
[6] Sobre el estado actual de la OC https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31649.pdf https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_sp.pdf y una guía de ejercicio del derecho: https://co-guide.org/es/gu%C3%ADa-del-sistema-internacional-de-derechos-humanos-para-objetores-de-conciencia
[7] https://www.ciperchile.cl/2019/03/08/otro-lunar-en-las-platas-del-ejercito-el-turno-de-los-millonarios-fondos-para-la-vivienda/ y https://www.latercera.com/nacional/noticia/fraude-carabineros-llega-28-mil-millones/128295/ sólo como ejemplos
[8] https://www.chvnoticias.cl/reportajes/padres-de-conscripto-exigen-justicia-a-20-anos-de-su-muerte_20161214/ y https://www.antimilitaristas.org/Velaton-por-la-Matanza-de-Antuco.html
[9] https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/05/29/donde-estamos-en-defensa-seguridad-y-relaciones-exteriores/
[10] https://wri-irg.org/es/articulo/2017/ni-casco-ni-uniforme-20-anos-1997-2017
Cuaderno-PLC-N86-junio_2021
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