Aportes a la reflexión desde Córdoba, Argentina

María Teresa Bosio, Rossana Crosetto y Alicia Soldevila^[1]

Córdoba es una de las provincias que se encuentra con números importantes de infectados por coronavirus en la República Argentina: al 24 de abril se registraron 270 en total dentro de los 3.435 de casos positivos en el país, según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación (argentina.gov.ar).

Estos datos se van actualizando en horas, haciendo presente la pandemia en esta provincia, donde las medidas de aislamiento obligatorio, de acuerdo con lo informado por el Ministro de Salud, no contarán con la(s) flexibilización(nes) que se llevaría adelante en otras provincias del país.

El 19/03/2020 a través de un DNU se declaró la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus en Argentina, que entró en vigencia el 20/03/2020. El mismo refería al aislamiento preventivo obligatorio de la población en sus hogares, su residencia principal o centro de vida (para les niñez que sus progenitores comparten el cuidado). Este es el contexto desde el cual se viene llevando adelante la vida cotidiana; extraordinario, impredecible, complejo, diverso y en el cual el aislamiento detona, profundiza y agrava las situaciones conflictivas presentes en el espacio de convivencia.

El aislamiento apunta a disminuir los contagios en el marco de la pandemia coronavirus, medida que puso de relieve otra pandemia que venimos desde hace años viviendo en el país y que refiere a la violencia de género y su expresión más dramática: los femicidios y travesticidios, que no detienen su crecimiento en nuestro país. Algunos datos locales:

• En Córdoba, en el marco del aislamiento social preventivo, aumentaron las consultas y las denuncias de situaciones de violencia que el Polo de la Mujer recibe “unas 300 llamadas diarias en promedio” y que son atendidas de manera telefónica por equipos rotativos, de 100 profesionales del derecho, trabajo social y psicología; según datos del Ministerio de la Mujer del Gobierno de la provincia de Córdoba, publicados en el Diario La Voz del Interior (06/04/2020).
• Tomando el promedio de llamadas diarias, podemos decir que a la fecha (24/04/2020) son 10.200 las llamadas realizadas en torno a este grave problema. Teniendo en cuenta que se registra llamadas que representan solo a aquellas que han podido efectuarlas, quedando silenciadas muchas otras situaciones que no han podido denunciarse en un contexto de asilamiento, fragilidad y precariedad en las condiciones de vida.
• Es necesario también poner de relieve junto al agravamiento de las situaciones de violencia, la insuficiente cantidad de profesionales para su atención, quienes son en su mayoría mujeres, afectadas de lunes a lunes de manera rotativa las 24 horas, respondiendo las consultas, brindando asesoramiento y receptando denuncias. Las condiciones de estas profesionales para afrontar tan compleja tarea son en muchos casos desde el trabajo precarizado y sin espacios de contención para su cuidado, situación que se profundiza y complejiza en quienes llevan adelante estas acciones en el interior provincial por falta de recursos materiales y la accesibilidad a la justicia. En muchos casos, las mujeres se tienen que trasladar de sus pueblos para poner la denuncia en una fiscalía.
• Según las estadísticas aportadas por el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, el 66% de esas 300 llamadas consignadas oficialmente refieren a situaciones de violencia de género, abuso sexual y violencia familiar.
• Un 23% de estas denuncias refieren a violaciones de las medidas de restricción (que podrían sumarse al porcentaje anterior). Estas medidas se toman en el marco de denuncias por violencia e incluyen restricción de contacto y comunicación. Violarlas implica, para quienes denunciaron, enfrentarse a quienes las violentan y en un contexto de aislamiento.
• Un 11% restante refiere a situaciones de violencia cometidas por terceras personas, sean vecinas, amigas o conocidas, dando cuenta de la conflictividad social que se agudiza en el contexto de aislamiento por la pandemia, fragilizando los vínculos y redes sociales tan vitales para la reproducción de la existencia y el cuidado de la vida de las mujeres.
• La expresión más trágica que se evidencia en estos momentos en Argentina es el crecimiento de los femicidios en el país. Sucede un femicidio cada 32 horas, según las estadísticas que elaboró el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” entre 20 de marzo y 12 de abril y que público “La Nueva Mañana” el 13/04/2020.
• Un dato fundamental es que un 72% de los femicidios ocurrió en el hogar de la víctima y más de la mitad eran parejas o exparejas de las mismas, exponiendo una realidad: la casa, la vivienda, el hogar no es un lugar seguro para las mujeres.
• La cuarentena implica quedarse en la vivienda, pero estos espacios son desiguales para las mujeres, espacios en el que se concentra el trabajo de cuidado, donde las discriminaciones y opresiones aíslan a las mujeres y, por lo tanto, las vulneran aún más. Asimismo, las condiciones materiales, sociales y simbólicas de vida de las mujeres son desiguales, los ámbitos en los cuales transitan la cuarentena se caracterizan muchos de ellos con ingresos restringidos o sin ingresos monetarios, con trabajos remunerados precarizados o desocupadas/os, a cargo del trabajo de cuidado de la infancia, discapacidad, vejez, con tiempos ilimitados y recursos insuficientes, por destacar algunos de los rasgos que se reconocen en los relevamientos que las organizaciones sociales están llevando adelante.
• La cuarentena impacta en los servicios públicos, muchos de ellos funcionando con guardias limitadas y a través del denominado teletrabajo (con los impactos que vienen teniendo en la salud de les trabajadores) y otros con una presencia invisible, como el servicio de justicia, lo cual requiere ser revisado a fin de crear y diseñar respuestas que sean eficaces para las familias, las mujeres, las travestis, en este momento histórico.

En la agenda de los movimientos feministas en Argentina, estábamos a un paso de conseguir la aprobación del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La impresionante Marea Verde, que tomó visibilidad mundial por el reclamo y las estrategias de incidencia política, junto a la intención expresa del ejecutivo nacional para impulsar el debate en las cámaras, nos permitían avizorar que en un corto tiempo tendríamos esta ley que nos permite el acceso a la autonomía y a decidir sobre nuestros cuerpos, lo que Graciela Di Marco denomina como Ciudadanía Sexual.

La suspensión de las actividades en el Congreso Nacional en el marco de las políticas de aislamiento social pospuso este debate y no tenemos certezas de cuándo se irá a retomar; mientras tanto, observamos cómo en algunas regiones y provincias de nuestro país se obstaculizan el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo ante la falta de atención y de insumos para efectivizarlo (misoprostol/Ameu).

Es preciso aclarar que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en nuestro país está permitida (Art. 86 CP) por causales desde hace 100 años, lo cual ha sido ratificado por la CSJN en el año 2012 y por el TSJ de nuestra provincia en 2019. La provisión de los insumos para los tratamientos de ILE debería provenir del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia, ya sea porque recibe los insumos del Ministerio de Salud de la Nación o porque adquiere los mismos por cuenta propia y, en ambos casos, debería distribuirlos a los efectores provinciales y a las municipalidades.

La campaña por el Derecho al Aborto en Córdoba y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir alerta en un comunicado de prensa y en una nota elevada al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Mujer, que durante el transcurso del 2020 y agravado por la irrupción de la pandemia, las instituciones de salud no cuentan con la medicación Misoprostol. Los equipos de salud que acompañan a las mujeres que deciden interrumpir por causal salud (prioritaria en tiempos de pandemia) o causal violación, se enfrentan al dilema de asistir con información, pero sin el insumo necesario para que esta práctica sea segura y no clandestina. También, sucede que existen localidades en donde los hospitales no atienden ILE y manifiestan que su personal médico es “objetor”, y se obstaculiza el derecho al aborto por causal salud, esgrimiendo causales de salud física para atender las solicitudes de ILE, y no una mirada integral.

Las instituciones de salud en este contexto de prioridad de atención al Covid-19 readecúan sus ofertas, se preparan ante la enfermedad no explicitando nuevas formas de atención, referencia y contrarreferencia, especialmente en los centros de salud de atención primaria. Por lo que en los territorios se torna aún más dificultoso el acceso y atención a salud sexual y reproductiva, sumado a la falta en cantidad, variedad y acceso real a los diferentes métodos anticonceptivos que propone el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, con suministro escaso e intermitente de todos, y grandes dificultades sistemáticas para efectivizar la ligadura tubaria. Las mujeres especialmente deambulan por las instituciones en busca de su provisión, sumando “riesgos” ante la pandemia o bien abandonan los cuidados de su propio cuerpo. Recientemente, una mujer joven tuvo un aborto espontáneo y al solicitar la familia una ambulancia, concurrió la policía para descartar Covid-19. Actualmente se encuentra internada en grave estado de salud por falta de atención oportuna.

Las acciones de organizaciones sociales y profesionales de la salud en la búsqueda de estrategias alternativas de acompañamiento continúan. Sin embargo, estas vías comunicacionales no siempre resultan accesibles y adecuadas, especialmente para las mujeres de sectores de la pobreza. Cabe recordar que, además, la mayoría de las que llevan adelante estas acciones también son mujeres atravesadas por las mismas situaciones de excepción.

La tensión y acción que imprimió el movimiento feminista para el acceso a estos derechos, con sus multitudinarias manifestaciones, sus estrategias de incidencia política hacia los legisladores y funcionarios, en este momento están suspendidas. Frente a esto, en muchos territorios en los cuales el conservadurismo religioso tiene una presencia activa en el sistema de salud y en el acceso a la justicia, estos inciden para imponer sus prácticas.

A todo ello es necesario sumar la desigualdad de las mujeres frente a los cuidados, el trabajo doméstico y un párrafo especial amerita la tercera edad y el discurso del terror y muerte frente a la pandemia para este grupo poblacional.

No obstante lo expuesto, consideramos que es un momento de grandes desafíos en torno a la intervención social del Estado en articulación con la sociedad, sus organizaciones y espacios feministas. Si bien estamos transitando un periodo donde el campo de la salud aparece con predominancia, consideramos que tanto la salud como la enfermedad son procesos sociales por lo que lo social debe ser una dimensión a incluirse en la pandemia frente a las múltiples caras de la desigualdad.

Las cifras estadísticas necesarias en términos epidemiológicos no necesariamente reflejan la singularidad por la que atraviesan mujeres, grupos LGTTBIQ+ en sus vidas cotidianas.

El cuidado y la prevención en torno a la pandemia Covid-19 tiene que pensarse situada e integralmente, previendo espacios, instancias, mecanismos, recursos adecuados para el abordaje y prevención de las violencias, el acceso a los MAC e ILES, a redes de contención y abordaje de la salud integral en la que se encuentran las mujeres y las profesionales que desarrollan su trabajo en contextos de sufrimiento, violencias, precarización y pobreza. La violencia machista patriarcal en este contexto de emergencia sanitaria parece que se ensaña más contra las mujeres y las disidencias sexuales, aumentó la violencia doméstica, institucional y obstétrica.

Es el Estado y sus dispositivos institucionales y materiales quienes deben estar alerta para monitorear y exigir que las políticas públicas referidas a las sexualidades puedan ser accesibles porque son parte de la salud integral de las mujeres.

La presencia del Estado con múltiples formas de asistencia para todos los sectores (AUH, ingresos de emergencia, créditos para pymes, etc., etc.) marcan un horizonte para continuar pensando y construyendo post-pandemia. Hoy, entendemos, se hace necesario en términos de intervención retomar algunas ventanas de oportunidades vinculadas a:

-Accesibilidad a servicios públicos y a recursos materiales y simbólicos para efectivizar derechos sociales de ciudadanía.

-Transversalidad: que, a través de la mirada organizativa, el Estado entre en diálogo con la sociedad y organizaciones territoriales para asistir y contener a la ciudadanía, máxime cuando se plantea aislamiento comunitario frente al diagnóstico situacional de la pobreza. Cuestiones que van más allá del leviatán sanitario, los dispositivos policiales de control y los refugios religiosos.

-Interseccionalidad: pensar la clase, la orientación sexual, la etnia y lo generacional es un imperativo de estos tiempos para construir políticas vinculadas a la igualdad y al reconocimiento.

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^[1] Facultad de Ciencias Sociales – ETS/UNC. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Grupo de Trabajo Luchas Antipatriarcales, Familias, Géneros, Diversidades y Ciudadanía

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