Diploma Superior en Seguridad, Violencia y Democracia

Pablo González-Casanova destaca cuatro preguntas a la Sociología latinoamericana: 1. ¿Cuáles son los conceptos aportados por las ciencias sociales que hoy siguen teniendo validez? 2. ¿Qué contribución importante hicieron esos conceptos a la teoría? 3. ¿Cómo se les debe redefinir y acotar en función de los más recientes descubrimientos sobre sistemas? 4. ¿Cómo se les debe redefinir y acotar en relación con las reestructuraciones y que plantean la situación de un sistema mundial lejano al equilibrio, con contradicciones”? (GONZALEZ-CASANOVA, Pablo. Las Nuevas Ciencias y las Humanidades. Barcelona, Anthropos / UNAM, 2004).

La experiencia reflexiva y de indagación de la red de docentes que integran este Diploma puede aportar algunas respuestas. Este grupo, que comenzó sus actividades a inicios de la primera década del siglo XXI, está integrado por pensadores de diferentes países de América Latina. Su orientación y vocación ha sido fundamentalmente la producción de un nuevo paradigma en la sociología del conflicto y del control social orientado por una perspectiva crítica acerca de los fenómenos de la violencia, la seguridad y la criminalidad en las sociedades contemporáneas.

En este escenario, encuadraremos nuestro campo de reflexión en Latinoamérica con la intención de reconstruir sociológicamente procesos en los que analizaremos cuestiones como el crimen, las estadísticas, las configuraciones culturales de la violencia, el conflicto social y político, la resistencia a la opresión, las prácticas de seguridad humana elaboradas en las comunidades –desde abajo– y las políticas de seguridad ciudadana. Constituye así el anhelo de esta propuesta contribuir al desarrollo del conocimiento en lo que delimitamos como el campo intelectual de los estudios relativos a la violencia y a la seguridad, así como de sus relaciones con la sociedad en América Latina. Esa agenda temática configura lo que a nuestro entender constituye la matriz del campo intelectual denominado “Violencia, Seguridad y Sociedad”.

Este campo se compone de un conjunto de instituciones y actores que lo han producido históricamente: las instituciones de generación de conocimiento, la investigación y el pensamiento crítico que tienen lugar en espacios tales como las universidades, las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, y el Estado. Se trata así de un campo de saber que es también un campo de poder y de resistencia. En su matriz, se consolida mediante un capital simbólico expresivo presente desde su instauración: el de las ciencias sociales y humanas inicialmente, ahora en diálogo estrecho con el arte, la música, la literatura y el cine, así como con los medios masivos de comunicación y las redes sociales. La experiencia intelectual de esta red de investigadores en América Latina nos ha permitido identificar y afirmar la existencia de una paradoja entre políticas de desarrollo social incluyentes y políticas de seguridad con orientación represiva, aun en gobiernos con orientación progresista.

Esta constatación se hizo deconstruyendo los distintos significados de la noción de seguridad de la cual partimos. Asimismo, por vía del análisis crítico de las concepciones gubernamentales existentes sobre ella. Incipiente pero en la búsqueda por superar los diagnósticos y recomendaciones técnicas propias de las gestiones neoliberales impulsadas por las políticas de los gobiernos de la región, se consolidaron racionalidades y prácticas que replicaban a nivel del campo jurídico, policial y social, respuestas y técnicas propias del pensamiento único en materia de seguridad, pensamiento de orientación usualmente criminológica y conservadora que acentuó las tendencias a la criminalización y recrudecimiento del castigo de los más vulnerables ante la ley.

En este trayecto, fue posible observar, conocer e investigar la presencia de prácticas, programas y políticas que terminan formulando una alternativa teórica y un ejercicio de democracia radical en el campo de la seguridad ciudadana en América Latina. Se percibe y se discutirá sobre la posibilidad de la creación de modelos democráticos alternativos en materia de control social y seguridad. Más allá de la seguridad humana construida desde abajo o de la seguridad ciudadana como política de Estado, son varios los espacios de poder o resistencia en el continente que implementan prácticas contrahegemónicas y desestructurantes que se distinguen y cuestionan las arraigadas concepciones de castigo y exclusión de los vulnerables que, al entrar en conflicto con la ley, padecen una política penal que consolida su exclusión por la cual el modelo social profundiza los efectos de una crisis que se expresa en prácticas como las violaciones de los derechos humanos desde el Estado, la falta de acceso a la justicia, el drama de la cuestión carcelaria, el aumento del delito y la violencia, el dilaceramiento y la violencia en las relaciones interpersonales y comunitarias, los feminicidios, la muerte sistemática de jóvenes pobres y la necropolítica.

En el panorama que encontramos a inicios del siglo XXI, muchos gobiernos latinoamericanos de centro izquierda implementaron políticas sociales inclusivas y estrategias de política internacional orientadas por el multilateralismo. Pero, dramática y simultáneamente, en el campo del control social  –y de la cultura del control social–, los mismos gobiernos vieron acentuarse diversas acciones que fortalecieron –y reconfiguraron– políticas represivas tales como el policiamiento ostensivo y la ampliación del campo judicial penal, lo cual condujo al recrudecimiento del castigo social que se manifestó, entre otras cosas, en el sistemático aumento de la población encarcelada sin impactar en los niveles crecientes de violencia social y delincuencia.

Con este cometido, en este Diploma se estudian y analizan las diferencias que constituyen las dos esferas de este vínculo. Por un lado, aquellas en que los gobiernos de centro izquierda articulan (y son articulados por) expresiones populares, demandas sociales y movilizaciones populistas de la seguridad en tanto caudal electoral y ello muy especialmente en lo que hace a la atención de las demandas de los sectores de clase media. Por otro lado, las políticas sociales inclusivas como mecanismo de confianza para garantizar un control que, contradictoriamente, se hace efectivo con las políticas de seguridad de orientación represiva. Estas serán las formas que, a inicios del siglo XXI, adquieren las nuevas modalidades de legitimación de la gubernamentalidad en el tejido social. Es importante tal distinción, pues ella habilita a discernir las formas de expresión y la naturaleza de la violencia, así como su rol e intención con los diferentes actores sociales.

Frente a ello, el Diploma se orienta a destacar las crecientes concepciones alternativas de seguridad: sea la seguridad humana desde abajo, sea la seguridad ciudadana, ambas en el horizonte de una democracia radical. Se parte para ello de la observación de múltiples iniciativas gubernamentales novedosas llevadas a cabo en varias ciudades. Su interés no radica únicamente en la filosofía política que las sustenta para su articulación, sino también en el hecho de que permitieron la reducción de los niveles de criminalidad, lo cual se ha expresado en el más duro de los indicadores: la reducción de la tasa de homicidios allí donde estas concepciones se implementaron y sostuvieron.

Sin duda, las iniciativas de políticas basadas en concepciones alternativas de seguridad, humana desde abajo o seguridad ciudadana, han producido frutos. La cuestión clave cuando nos referimos a políticas públicas es de analizar cómo se procesa la articulación entre diversos niveles de control social –la burocracia, las policías, la gestión pública, la política y las organizaciones no gubernamentales- en la producción de un referencial de seguridad alternativo para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por supuesto, no se pueden dejar de lado las diferencias existentes entre los países: el conflicto armado con el narcotráfico –Colombia y México– y el recurso a los militares como salida; en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, por otra parte, la solución se sitúa en los intentos de reforzar la eficiencia y la eficacia policial, sin que haya disminuido la violencia policial.

Existe un debate sobre control social y democracia, pero los efectos del miedo, del “temor social”, no fueron enfrentados en un nuevo abordaje. Muy por el contrario, tan frecuente como sistemáticamente, para reducir el temor se refuerzan los modos tradicionales de policía ostensiva. No se han producido los mecanismos de transformación cultural que habiliten a sostener un pensamiento contra hegemónico en materia de resolución del conflicto social y respuesta ante la violencia y el delito. Tanto porque no se ofrecen, como porque no se cree en ellas, no se consolidan políticas alternativas viables más allá de que la experiencia muestra que pueden producirse, sostenerse y generar efectos. Se naturalizan de este modo prácticas de control social punitivo y de castigo que, bien lejos de reducir los altos niveles de violencia social, los aumentan. Los mismos se explican, tal vez, mucho más por la creciente tendencia a castigar que por la respuesta efectiva al problema del aumento de las violencias.

Ello significa que el debate público sobre violencia social y seguridad pública está apenas parcialmente incluido en la esfera política de varios países de América Latina y que existe una resistencia a la innovación en la Administración Pública para discutir la cuestión de las políticas de seguridad. A ello, debemos sumar la importancia de analizar elementos comunes, así como criterios contextuales propios, dada la naturaleza del fenómeno de la violencia y sus raíces económicas, culturales, políticas y sociales en cada país.

Hubo esfuerzos localizados de desarrollo de nuevas políticas públicas de seguridad e impulso de las policías comunitarias: en suma, de la constitución de una “seguridad ciudadana” que garantice la vida y ayude a concretar una nueva civilidad. En Brasil, en el Gobierno Federal y en algunos Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará y Rio Grande do Sul. En Argentina, en el gobierno Federal y en la Provincia de Buenos Aires. En Colombia, en la ciudad de Medellín y Bogotá, en México en el Departamento Federal, entre otros. Por su parte, la experiencia de Bolivia invita a tomar en cuenta los distintos tipos de protagonismo que se desarrollan en el seno de la sociedad, pues las diversas organizaciones sociales en la ciudad (sobre todo vecinales) añaden sus propios sesgos.

Ello demuestra que existen experiencias -programas, proyectos o acciones- que intentan prevenir la violencia y reducir la criminalidad basadas en opciones a las tradicionales y conservadoras políticas públicas que garantizan el derecho a la seguridad de las personas. Este panorama puede reducir la violencia, pues plasma en la política pública la idea de que la violencia y la desigualdad social están relacionadas. Sin embargo, en distintos países se observa además una crisis de la institucionalidad encargada de la aplicación de las mencionadas políticas de seguridad, lo que conlleva a un aumento de la criminalidad. Así es que, sostenemos, debe pensarse en términos de una compleja causalidad las violencias actuales. Ellas recrudecen las antiguas desigualdades e incluyen nuevas, las cuales potencian: la percepción de pautas de consumo insatisfechas, sobre todo en la juventud, y las transformaciones de las instituciones tradicionales de la modernidad son elementos claves en este sentido. Repensar la convivencia y la cuestión de la autoridad y sus clivajes en las instituciones sociales forma parte de un programa de redemocratización. Ello involucra tanto a la familia, el debate sobre los roles de género, sexuales y reproductivos y la educación, hasta las policías y el poder judicial.

De conjunto, el Diploma sistematiza investigaciones y trabajos que señalan posibilidades de adoptar nuevas modalidades ciudadanas de control social que se constituyan en alternativas a las dinámicas tradicionales de castigo en el continente. Dicho esto, también es verdad que, para este grupo de investigadores, el relato de las sucesivas experiencias de reducción de la violencia mantiene viva la llama de la esperanza y la creencia en el cambio de las prácticas punitivas dominantes en la región.

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general del Diploma es sistematizar investigaciones y trabajos que señalan posibilidades de adoptar nuevas modalidades ciudadanas de control social que se constituyan en alternativas a las dinámicas tradicionales de castigo en el continente. Este panorama puede reducir la violencia, pues plasma en la política pública la idea de que la violencia y la desigualdad social están relacionadas. Sin embargo, en distintos países se observa además una crisis de la institucionalidad encargada de la aplicación de las mencionadas políticas de seguridad, lo que conlleva a un aumento de la criminalidad.

Hay esfuerzos localizados de desarrollo de nuevas políticas públicas de seguridad e impulso de las policías comunitarias: en suma, de la constitución de una “seguridad ciudadana” que garantice la vida y ayude a concretar una nueva civilidad. En Brasil, en el Gobierno Federal y en algunos Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará y Rio Grande do Sul. En Argentina, en el gobierno Federal y en la Provincia de Buenos Aires. En Colombia, en la ciudad de Medellín y Bogotá, en México en el Departamento Federal, entre otros. Por su parte, la experiencia de Bolivia invita a tomar en cuenta los distintos tipos de protagonismo que se desarrollan en el seno de la sociedad, pues las diversas organizaciones sociales en la ciudad (sobre todo vecinales) añaden sus propios sesgos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. La discusión de las experiencias –programas, proyectos o acciones– que intentan prevenir la violencia y reducir la criminalidad basadas en opciones a las tradicionales y conservadoras políticas públicas que garantizan el derecho a la seguridad de las personas.
2. Estudiar la compleja causalidad de las violencias actuales. Ellas recrudecen las antiguas desigualdades e incluyen nuevas, las cuales potencian: la percepción de pautas de consumo insatisfechas, sobre todo en la juventud, y las transformaciones de las instituciones tradicionales de la modernidad son elementos claves en este sentido; repensar la convivencia y la cuestión de la autoridad y sus clivajes en las instituciones sociales forma parte de un programa de redemocratización.
3. Reconstruir sociológicamente las iniciativas de políticas basadas en concepciones alternativas de seguridad, humana desde abajo o seguridad ciudadana, han producido frutos. La cuestión clave, cuando nos referimos a políticas públicas, es la de analizar cómo se procesa la articulación entre diversos niveles de control social –la burocracia, las policías, la gestión pública, la política y las organizaciones no gubernamentales– en la producción de un referencial de seguridad alternativo para todos los ciudadanos y ciudadanas.
4. La necesidad de subrayar la dimensión cultural de esos fenómenos. No se han producido los mecanismos de transformación cultural que habiliten a sostener un pensamiento contrahegemónico en materia de resolución del conflicto social y respuesta ante la violencia y el delito. Se naturalizan, de este modo, prácticas de control social punitivo y de castigo que, bien lejos de reducir los altos niveles de violencia social, los aumentan. Los mismos se explican, tal vez, mucho más por la creciente tendencia a castigar que por la respuesta efectiva al problema del aumento de las violencias.

El Diploma Superior en Seguridad, Violencia y Democracia está dirigido a estudiantes de grado y posgrado; docentes de todos los niveles; activistas y militantes de organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos políticos; funcionarios públicos; miembros y gestores de organizaciones no gubernamentales y profesionales interesados en la temática.

• Alejandra Otamendi (Argentina)
• Arturo Alvarado (México)
• Carmen Chinas (México)
• César Barreira (Brasil)
• Jaime Zuluaga (Colombia)
• Joaquín Zajac (Argentina)
• José Alfredo Zavaleta (México)
• José Vicente Tavares Dos Santos (Brasil) 
• Juan Pegoraro (Argentina)     
• Julio Solís Moreira (Costa Rica)
• Leticia Schabbach (Brasil) –
• Lívio Silva de Oliveira (Brasil)
• Luciana N. Ginga (Argentina)
• Márcia Esteves de Calazans (Brasil)
• Maria Glaucíria Mota Brasil (Brasil).
• Nilia Viscardi (Uruguay)
• Pablo Emilio Angarita Cañas (Colombia)
• Roberto Briceño León (Venezuela/Brasil)
• Sergio Tonkonoff (Argentina)

El programa está conformado por 6 módulos de 3/4 clases de frecuencia semanal, cada uno dictados de manera consecutiva y articulados entre sí.
Carga horaria total de 128 horas.

Los módulos que comprenden el diploma superior son: