“El proceso de envejecimiento tiene que ser un elemento incorporado en las políticas públicas”
(Transcripción de la Columna de Karina Batthyány
en InfoCLACSO – 21 de julio 2021)
“Vivir más” es uno de los fenómenos más estructurales que está en nuestra realidad de América Latina y el Caribe. Te propongo entonces continuar con nuestra columna sobre el tema del envejecimiento que planteamos (la semana pasada) por esa preocupación de que justamente la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere incorporar a la vejez como una enfermedad y planteamos nuestro análisis crítico al respecto.
Pero tratemos de avanzar un poco más en el tema. Recordemos que, como mencionamos el miércoles pasado, la proporción de personas mayores está aumentando con mucha rapidez en nuestros países de América Latina y el Caribe y que justamente el envejecimiento de la población va planteando muchos desafíos en materia de cuidado, lo que llamamos nuevas necesidades de cuidado, ya que el proceso del envejecimiento se une a los otros dos factores demográficos que son el descenso en los nacimientos o en la tasa de fecundidad, por lo tanto la existencia de hogares más pequeños. Y por otro lado, el aumento en la tasa de actividad o en la participación en el mercado de trabajo de las mujeres en América Latina y el Caribe.
Y lo que nos distingue del resto del mundo, es que justamente este proceso de envejecimiento se está dando con una velocidad interesante en nuestra región. En otros países la temática de la atención, del cuidado, de las personas mayores dependientes, ya está incorporada como uno de los elementos que deben atender las políticas públicas, las políticas sociales, como un “riesgo” social ya desde la década del 70’ o del 80’. Mientras que en nuestra región le hemos empezado a prestar atención de manera mucho más reciente, atención además que debe ser de particular preocupación, porque recordemos que en nuestra región tenemos insuficientes servicios de salud, escaso acceso a los planes de jubilación, pensiones o seguridad social y además también un altísimo porcentaje de población que está en el sector informal de la economía y por lo tanto sin cobertura de la seguridad social o acceso a pensiones.
De hecho la mayoría de las personas mayores que hoy habitan en nuestra región no tienen esta protección formal del sistema de seguridad social de sus países y dependen justamente principalmente de sus familias para poder satisfacer sus necesidades de cuidados. Y acá sabemos muy bien –porque lo hemos dicho ya en varias oportunidades– que cuando decimos que alguien depende principalmente de su familia para satisfacer sus necesidades de cuidado, sabemos que estamos diciendo que depende principalmente de las mujeres de su familia para satisfacer estas necesidades de cuidado.
Hoy tenemos 8 millones de personas mayores que tienen dependencia en América Latina y el Caribe. Aproximadamente representa un 12% de las personas mayores de 60 años. Pero esa es la situación hoy en el 2021. Dentro de 30 años se estima que las personas mayores con dependencia van a superar los 27 millones. Es decir, esto se va a triplicar, por eso la urgencia de ir pensando desde ya estas políticas o sistemas de atención a la dependencia, estos sistemas de cuidado para las personas dependientes sin necesidad –insisto– de que esos cuidados vengan por parte de las mujeres de la familia y además como se hacen hoy en día en nuestra región de manera no remunerada. Esta es la principal base hoy de satisfacción de las necesidades de cuidado de las personas mayores dependientes y es esto lo que se pretende modificar. Entre otras razones, porque aquella idea de que siempre en los hogares hay una mujer disponible para cuidar a quien sea, sea un niño o una niña o una persona mayor dependiente, es un mito; justamente por la estructura actual que tenemos tanto desde el punto de vista demográfico como de la inserción en el mercado del trabajo, esta situación ya no es más así. Recordemos también que la participación laboral femenina en América Latina era de aproximadamente (depende del país) del 20% en los años 60’ y hoy está superando el 60%.
Obviamente que esto marca cambios, como decía, en esa supuesta disponibilidad o no de las mujeres para brindar esta atención al interior de los hogares. Entonces, lo que necesitamos son sistemas nacionales de cuidado que atiendan la dependencia, que atiendan a las personas mayores dependientes. Esto implica el reto de desarrollar políticas públicas para que se pueda generar estos servicios de atención a la dependencia para todos y para todas y que el acceso a esos servicios justamente no esté mediado por la situación económica o la posibilidad de comprar estos servicios en el mercado.
Necesitamos analizar las formas y las modalidades en que hoy se están brindando estos cuidados en nuestros países para proponer alternativas que permitan sacar presión, sacar actividades de cuidado de los hogares a servicios públicos, universales y de calidad. Para esto, recordemos, que conocemos que las principales políticas de cuidado tienen que ver con políticas de servicios, políticas de tiempo o políticas de prestaciones que permiten ir entonces trasladando la responsabilidad principal de la atención de la dependencia de las personas mayores de los hogares al espacio de lo colectivo y de lo público.
Son estas las transformaciones que van a permitir en definitiva incorporar esta buena noticia del envejecimiento y de que todos y todas tenemos la posibilidad de vivir más tiempo en el marco de servicios disponibles para atender la dependencia cuando llega el momento, cuando se tiene la edad en que empiezan a aparecer estas razones de dependencia. Celebrar entonces la buena noticia del proceso de mayor expectativa de vida en nuestra región, pero recordar que esto tiene que estar acompañado de políticas de cuidado que permitan que todos y todas tengan los cuidados que necesitan sin que esto dependa de las mujeres de su familia, del trabajo no remunerado o de las estructuras del hogar que cada uno y cada una tenemos.
-Toda esa expectativa que en un principio se había dado sobre las medidas sociales, da la sensación que algunos gobiernos están tratando de limpiar esas discusiones, sacarlas de juego, no seguir poniéndolas en el centro de la escena. ¿Vos también tenés una sensación que más que nunca es importante poner en juego estas discusiones? Porque, viendo que la cosa se acomoda un poco con el tema de la pandemia, están tratando de dejar de lado esta discusiones que son fundamentales.
-Absolutamente. Decíamos el año pasado en algunas de las columnas también que ésta era un excelente oportunidad para rediscutir estos contratos o pactos sociales que tenemos en nuestros países y en los sistemas de bienestar: la impresión es que primero las cosas que han ocurrido en este año y medio no han modificado de manera significativa por ejemplo la división sexual del trabajo al interior de los hogares, que hubiera sido una excelente oportunidad para hacerlo, pero no ha ocurrido. Los datos que vemos de las investigaciones es que ésta no solo se mantienen sino que en algunos casos se ha profundizado. Y, por otro lado, la preocupación en torno a las políticas públicas de calidad universales, el papel del Estado y del Estado social en todos estos temas que estuvo tan presente al comienzo de la pandemia como una discusión, como una posibilidad, no parece reflejarse en las medidas que se están tomando a nivel general; por supuesto hay países en nuestra América Latina y el Caribe que sí lo están haciendo.
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