Para el cuidado de la vida y la salud

Llamado a la sociedad colombiana desde la Salud Pública

Los miembros de la comunidad académica de la maestría y el doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia rechazamos enfáticamente el escalamiento de la violencia en el país y la violación de los derechos humanos, y expresamos a la sociedad colombiana nuestra preocupación por la situación de deterioro de la vida y la salud en la coyuntura actual. Es urgente encontrar una ruta de construcción colectiva de una sociedad que supere por fin la violencia y se concentre en el cuidado de la vida, tanto humana como no humana, que es como debería entenderse la salud, más allá de la atención de enfermos.

El país ha entrado en un proceso de conflictividad social y política que exige espacios legítimos y territoriales de concertación y acción colectiva, más que diálogos a puerta cerrada en el Palacio de Nariño. Con el proceso de paz, gran parte de la sociedad colombiana, en especial la más afectada por el conflicto armado interno, tuvo un atisbo de esperanza. Muy pronto, la esperanza comenzó a desvanecerse con el triunfo del No en el referendo de octubre de 2016. La implementación del Acuerdo Final firmado en noviembre del mismo año no ha tenido el impulso ni el respaldo institucional que requería. Por el contrario, una vez iniciado el actual gobierno, el sector opuesto al Acuerdo ha tratado por todos los medios de reducirlo a un asunto de reincorporación focalizada de excombatientes, mientras se retomaban pactos con grandes propietarios de los sectores económicos regionales, nacionales y transnacionales, articulados a las supuestas ventajas comparativas del país. Esta visión del desarrollo ha conducido, de manera sistemática, al extractivismo, a la depredación ambiental, a la importación dependiente de todo tipo de bienes y servicios, y a la pérdida de soberanía alimentaria.  

De lo anterior resulta el énfasis de las tres reformas tributarias propuestas por el actual gobierno, centrado en la ampliación de la base tributaria hacia los sectores de medios y bajos ingresos, tocando apenas a los grandes propietarios, mientras el gasto público se orienta hacia el pago de la deuda más que a la superación de la desigualdad social. En varias ocasiones el gobierno ha hablado de la necesidad de una reforma pensional que desarrolle plenamente el modelo de ahorro individual por pisos y elimine el sistema de prima media, con lo que se favorece al protegido sector financiero más que a las personas. En un sentido de flexibilización y disminución del costo de la mano de obra se han hecho propuestas de reforma laboral que avanzan, por ahora, con la posibilidad de contratación y cotización a la seguridad social por horas. En el terreno de la educación superior continúa la profundización del crédito educativo mientras se restringe la financiación de la oferta pública y se consolida el subsidio a la demanda por la vía del pago de valor de las matrículas de los pobres, en especial, en instituciones públicas.

Al mismo tiempo, avanza el exterminio de líderes y lideresas sociales en las áreas donde debía estar consolidándose la Reforma Rural Integral, con todos sus instrumentos, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la reparación de víctimas y un progresivo proceso de democratización política. Nada de esto ha ocurrido. Por el contrario, la disputa por los territorios ha vuelto de manera aún más cruenta, 

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