Contra la represión en Andalgalá, Catamarca, Argentina y la violencia extractivista contra el derecho de los pueblos

Los Grupos de Trabajo CLACSO Ecología(s) política(s) desde el sur/Abya Yala, Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos, Pensamiento geográfico crítico latinoamericano, Fronteras, regionalización y globalización, Territorialidades en disputa y r-existencias y Estudios críticos del desarrollo rural denuncian la violencia extractivista contra el derecho de los pueblos.

Una vez más, los territorios de nuestros pueblos se ven violentados por la voracidad extractivista de empresas extranjeras, en alianza cómplice con gobiernos que, en lugar de ejercer su rol de representación popular, asumen como propios los intereses de las corporaciones.

Esta vez, los episodios tienen lugar en la ciudad de Andalgalá (Provincia de Catamarca, Argentina), donde su población viene rechazando desde hace más de 15 años el emplazamiento de un proyecto de minería a gran escala (Agua Rica) bajo el poder de la empresa canadiense Yamana Gold, ahora asociada a la transnacional suiza Glencore. En el 2005 tuvo lugar la primera represión, cuando la empresa y el gobierno montaban un escenario presuntamente para informar a la población sobre el proyecto. Luego, el 15 de febrero de 2010, cuando un corte de ruta organizado por les vecines para impedir el paso de maquinaria de la minera, fue violentamente desalojado y reprimido, con más de un centenar de personas heridas y decenas de hospitalizados. Desde entonces, cada sábado, la población de Andalgalá marcha pacíficamente por el centro de la ciudad para expresar su rechazo al proyecto. El pasado 10 de abril, la marcha 584 tuvo un aditamento especial: la ciudad estaba ocupada por 300 efectivos de la Gendarmería Nacional y rumores de que la empresa minera intentaría subir maquinaria a la zona de mina. La caminata, que siempre fue pacífica, desbordó la organización y hubo actos materiales de repudio en la oficina de la empresa canadiense. Con hipocresía y cinismo, el Gobierno condenó la “violencia” y, acto seguido, desplegó un amedrentador operativo policíaco, militarizando el territorio, realizando allanamientos violentos e infundados en los domicilios de las familias y detenciones arbitrarias de históricos defensoras y defensores del agua y del Río Andalgalá. La protesta social fue excusada para una feroz escalada no sólo injusta sino ilegítima.

Los hechos revelan que la seguridad jurídica que los gobiernos aseguran a las empresas les concede un virtual estatuto de impunidad (de hecho, Yamana Gold está operando en violación flagrante a la Ley Nacional 26639 -de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares- y desconociendo una resolución de la Corte de Justicia de la Nación que paraliza sus operaciones por una Acción de Amparo presentada por lxs vecinxs), en tanto que su contracara es la vulneración de los derechos más elementales de las poblaciones afectadas.

Este proceder constituye un factor de violación sistemática y degradación estructural de la democracia y los derechos humanos y ambientales básicos, allí donde un proyecto extractivo se instala. Ese es el verdadero foco de origen de la violencia, y no los actos de rebelión popular en defensa de sus territorios, base material y espiritual de sus modos de vida.

Como educadorxs públicxs y científicxs sociales que debemos nuestra función al servicio de la democratización de nuestra sociedad, no podemos dejar de advertir y señalar que constituye un ominoso error epistémico y político confundir una manifestación política con meros actos de vandalismo. Los estallidos sociales son acontecimientos eminentemente políticos a través de los cuales las poblaciones reaccionan ante situaciones insoportables de opresión y privación.

El tratamiento penal que se pretende dar al levantamiento del pueblo de Andalgalá es absolutamente inconducente para abrir paso a una resolución justa y democrática de un conflicto generado por un proyecto extractivo a gran escala que pretende operar sin la licencia social de sus habitantes, y que constituye una amenaza real y manifiesta contra su territorialidad presente y futura.

El uso de la fuerza pública en resguardo de exclusivos intereses privados de corporaciones extranjeras es un caso flagrante de malversación del mandato popular y un síntoma grave de las fallas estructurales de nuestros sistemas de gobierno y de administración de justicia. Condenamos enérgicamente este proceder y el tratamiento represivo de la legítima protesta social. Sumamos nuestras voces para exigir al gobierno local que enmiende de inmediato su proceder represivo, el cese de la criminalización, la desmilitarización de la ciudad de Andalgalá y la liberación de les detenides, para encauzar el conflicto hacia una resolución pacífica y justa que contemple el respeto de la voluntad popular.

Lamentablemente observamos que más allá de la polarización que actualmente se vislumbra en el escenario político regional, el extractivismo se mantiene firme como “política de estado”, aún en contra de la voluntad de las poblaciones. Tanto en gobiernos de derecha como en aquellos que se dicen progresistas siguen empeñados en alentar la depredación extractivista de los bienes naturales de la región en pos de una colonial idea de “desarrollo”.  La historia económica, política y ambiental de nuestra región muestra inequívocamente que la matriz primario exportadora imperante como herida colonial de nuestras economías, es la raíz de nuestra dependencia estructural, del vaciamiento de los territorios, el empobrecimiento de nuestros pueblos y la concentración oligárquica del poder que impera al interior de nuestras sociedades como a nivel global.

Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de la región a escuchar el clamor de nuestros pueblos para poner fin al extractivismo y abrir vías democráticas hacia transiciones ecológicamente sustentables, económicamente justas, y políticamente autónomas.

15 de abril de 2021
Grupos de Trabajo CLACSO
Ecología(s) política(s) desde el sur/Abya Yala
Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos
Pensamiento geográfico crítico latinoamericano
Fronteras, regionalización y globalización
Territorialidades en disputa y r-existencias
Estudios críticos del desarrollo rural

Esta declaración expresa la posición de los mencionados Grupos de Trabajo y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.