Las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en el contexto de la pandemia de la Covid-19
Raúl Rodríguez Rodríguez[1]
El 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró Pandemia al Covid-19. La crisis global desatada por la expansión del virus en todo el planeta ha tenido consecuencias dramáticas para todos los Estados del sistema internacional. Esta crisis ha puesto a prueba la capacidad de los Estados para garantizar la salud de sus ciudadanos. Más allá de una emergencia sanitaria, la pandemia y sus efectos deben ser entendidos como un hecho social y político.
Cuba ha tenido bastante éxito en el control de la pandemia. Desde que se confirmó el primer caso a principios de marzo hasta la primera semana de octubre, la nación insular de 11,5 millones de personas tenía un total de 5.780 casos confirmados y 123 fallecidos, una tasa de recuperación de casi el 88% de todos los casos totales y una tasa de mortalidad de 2,2 de todos los casos totales.
Estos resultados positivos han sido posibles en parte porque el acceso a la atención médica es universal y lo proporciona el Estado. En Cuba hay 9 médicos por cada mil habitantes, uno de los índices más altos del mundo. El sistema de salud de la isla es muy conocido por su enfoque en la prevención, la atención médica orientada a la comunidad y la preparación para combatir epidemias y desastres naturales, incluso más allá de sus fronteras. La respuesta exitosa de Cuba a la enfermedad también se debe al desarrollo de larga data de su industria biotecnológica, que le permitió desarrollar una experiencia considerable y producir medicamentos para respaldar su sistema de salud.
A nivel internacional, Cuba ha respondido a solicitudes de colaboración sobre el virus Covid-19 de más de 30 países, en África, Asia, América Latina y el Caribe, pero también en Europa y Medio Oriente. Dentro de Cuba, la contención de Covid-19 se ha logrado mediante una serie de políticas que entraron en vigor rápidamente. Se suspendió el turismo internacional y se cerraron las fronteras el 24 de marzo de 2020, se envió a estudiantes de medicina y trabajadores sociales de puerta en puerta por todo el país para verificar a los que presentaban síntomas, y los médicos del barrio monitorearon de cerca a sus pacientes.
Organismos Multilaterales, los llamados a la solidaridad y la cooperación
El viernes 27 de marzo, durante su participación en una cumbre virtual de líderes de los países del G20, el Secretario General de la ONU, António Guterres, abogó por el levantamiento de las sanciones económicas contra los países objeto de éstas, para ayudarlos a lidiar con los efectos la pandemia de la Covid-19. Seguidamente, en el mismo mes, un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas pidió el levantamiento inmediato de las sanciones internacionales para prevenir las crisis de hambre en los países afectados por la pandemia del Covid-19. “La continua imposición de sanciones económicas paralizantes a Siria, Venezuela, Irán, Cuba y, en menor grado, Zimbabwe, por nombrar los casos más destacados, socava gravemente el derecho fundamental de los ciudadanos comunes a una alimentación suficiente y adecuada”, dijo Hilal Elver, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Continuó haciendo hincapié en que “ahora es una cuestión de urgencia humanitaria y práctica levantar las sanciones económicas unilaterales de inmediato”.
Dos meses después, en mayo, cuando el Covid-19 se extendió a todos los rincones del mundo, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento en un espíritu de unidad y solidaridad, intensificación de la cooperación y colaboración a todos los niveles para contener, controlar y mitigar la pandemia.
A principios de octubre se publicó una nueva encíclica papal en la que el sumo Pontífice de la iglesia católica ha llamado a la solidaridad y la hermandad y ha reconocido que “el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal”.
Sanciones de Estados Unidos a Cuba en tiempos del Covid-19
Es evidente que el gobierno de Estados Unidos está prestando poca atención a los llamados a la solidaridad de organismos multilaterales para flexibilizar las sanciones a Cuba en el contexto de la lucha contra el Covid-19. Por el contrario, la administración estadounidense ha continuado endureciendo las medidas punitivas contra Cuba, impactando la economía cubana en su conjunto y haciendo cada vez más difícil encontrar socios comerciales y realizar transacciones financieras, lo que impone una carga adicional a la prestación de servicios de salud. En este periodo en que todos los esfuerzos del Estado cubano y su sistema de salud buscan garantizar la contención de la pandemia y protección de sus ciudadanos, el gobierno de Estados Unidos ha recrudecido el sistema de sanciones económicas.
Estos instrumentos de política económica, que comenzaron a aplicarse a principios de la década de 1960, se han convertido en un bloqueo económico y financiero integral contra Cuba. El sistema de sanciones económicas contra Cuba todavía está en vigor en 2020; estas sanciones emplean e incluyen todos los métodos disponibles para un Estado sancionador: control de las relaciones comerciales, suspensión de ayuda y asistencia técnica, congelación de los activos financieros del Estado objeto de sanciones y la inclusión de empresas extranjeras involucradas en el comercio con Cuba en listas negras, esto es particularmente perjudicial en estos tiempos de Covid-19.
Desde junio de 2017, a menos de 6 meses de asumir la Presidencia, la administración Trump había elevado las sanciones económicas a niveles sin precedentes en términos de su “extraterritorialidad”, fundamentalmente a partir de la entrada en vigor del título III de la ley Helms Burton, lo que implica una injerencia más directa en las relaciones comerciales de Cuba con terceros países.
El endurecimiento de las sanciones económicas a Cuba por parte de la administración Trump está explícitamente orientado a afectar las finanzas del Estado cubano, apuntando a las áreas de fortaleza de la economía cubana, como el turismo y la exportación de servicios profesionales, y explotando sus vulnerabilidades, como la necesidad de atraer inversión extranjera directa y su dependencia energética. Todo esto ha tenido un impacto en el desempeño económico de Cuba y el nivel de vida de todos los cubanos.
A pesar de que las ventas a Cuba de medicamentos y equipos médicos están autorizadas por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, los principales fabricantes de medicamentos de los Estados Unidos, en la práctica, no exportan sus productos a Cuba.
Hay varios “factores de enfriamiento” que impiden que las empresas farmacéuticas estadounidenses aprovechen esta posibilidad. Existe una red de regulaciones gubernamentales de Estados Unidos en constante cambio, lo que hace difícil su interpretación. Además, la cantidad de requisitos para obtener una licencia que permita exportar a Cuba implican un largo y complejo proceso de solicitud. Consecuentemente hay un retraso considerable, e incluso recibir la autorización final es algo incierto, en ese contexto las dependencias del gobierno de Estados Unidos a menudo desalientan activamente a las empresas a solicitar licencias.
Finalmente, hay que tomar en cuenta el largo proceso de solicitud y los costos de cumplir con las regulaciones, junto con el riesgo de sanciones severas si la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos determina que el solicitante de la licencia ha cometido alguna infracción, aunque sea involuntaria.
Desde inicios de marzo, Cuba comenzó a enfrentar el impacto económico y social de la Covid-19 a pasar del bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos; las organizaciones internacionales incrementaron los pedidos de solidaridad global y flexibilización de las sanciones. En abril de 2020 el gobierno de Estados Unidos insinuó que estaba dispuesto a ser más flexible en la concesión de licencias para exportaciones médicas. Sin embargo, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han señalado que las sanciones económicas de Estados Unidos continúan requiriendo un complicado proceso de licenciamiento para la exportación y reexportación de mercancías a Cuba, lo que socava la eficiencia de la compra de medicamentos, equipos médicos y tecnología, dado que la emisión de licencias o autorización para exenciones puede llevar varios meses en el mejor de los casos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, que brinda orientación sobre exenciones humanitarias para Cuba, no ha facilitado ni modificado los engorrosos procedimientos. Como señalaron los expertos en derechos humanos de la ONU, “las donaciones de medicamentos y equipos médicos de origen estadounidense a Cuba, como kits de prueba y dispositivos respiratorios, requieren una licencia específica, lo que requiere mucho tiempo. Además, el proceso de concesión de licencias requiere onerosos requisitos de verificación del usuario final para la exportación de suministros, instrumentos y equipos médicos”. En el caso cubano se hace una diferencia explícita entre el gobierno cubano y el pueblo cubano; en un sistema de salud totalmente público con acceso universal es prácticamente imposible hacer llegar medicamentos o equipos médicos al pueblo de Cuba sin que se involucre alguna institución del Ministerio de Salud Pública de Cuba.
Cuba se enfrenta a la Covid-19, las sanciones continúan aumentando y las listas negras siguen creciendo
Además de las restricciones a las posibles exportaciones autorizadas, las listas negras financieras afectan la economía y el sistema de salud de Cuba. Bajo la administración Trump, la lista de personas restringidas de Cuba se ha ampliado con frecuencia.
Las empresas estadounidenses, y también muchas empresas y personas no estadounidenses, están sujetas a sanciones severas por realizar transacciones comerciales con cualquiera de estas entidades. En junio, por ejemplo, la OFAC incluyó en la lista negra a la institución financiera cubana Fincimex, que sirve como intermediaria para las remesas familiares a Cuba, que son una importante fuente de ingresos para el país. Como resultado de la cotización, el banco francés Crédit Mutuel detuvo los servicios a Fincimex, afectando así el flujo de remesas a Cuba.
Al mismo tiempo, la OFAC amplió su lista de ciudadanos cubanos especialmente designados (SDN) y se continuó afectando al sistema bancario cubano al agregar el Havana International Bank, Ltd., con sede en Londres. La inclusión en listas negras de empresas estatales cubanas ejerce presión sobre la situación financiera general del Estado cubano. El presupuesto estatal tiene que asignar recursos para las importaciones en todas las áreas. Al afectar los ingresos generales del Estado afecta directamente su capacidad para comprar los medicamentos y el equipo necesarios para abordar la emergencia de salud actual.
Se manifiesta la extraterritorialidad de las sanciones estadounidenses
Las sanciones estadounidenses afectan no solo a los ciudadanos cubanos, sino también a entidades de terceros países que buscan hacer negocios con Cuba. En 1992 y 1996, la ley Torricelli y la ley Helms-Burton ampliaron las disposiciones extraterritoriales de las sanciones, en parte al afirmar su autoridad sobre las filiales extranjeras de empresas estadounidenses.
En marzo de 2020, un envío de ayuda de Covid-19 del hombre más rico de Asia, Jack Ma, fue bloqueado como resultado del alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses. El 21 de marzo de 2020, la fundación de Ma anunció que envió mascarillas, ventiladores auxiliares, guantes y kits de diagnóstico a 24 países de América Latina, y Cuba fue uno de ellos. Sin embargo, el transportista de carga seleccionado, Avianca con sede en Colombia, se negó a llevar la ayuda a Cuba porque Synergy Aerospace Corp. (“Synergy”), un accionista mayoritario, está constituida en el Estado de Delaware y, por lo tanto, está sujeta a las leyes de los Estados Unidos. Avianca había suspendido el servicio de pasajeros a La Habana desde enero de 2020 por el mismo motivo.
En abril de 2020, dos empresas con sede en Suiza, IMT Medical AG y Acutronic Medical Systems AG, se negaron a vender ventiladores a Cuba, invocando las sanciones comerciales, financieras y económicas de Estados Unidos; ambas empresas habían sido adquiridas por la estadounidense Vyaire Medical Inc y suspendieron inmediatamente las relaciones comerciales con Cuba. PostFinance Suiza suspendió recientemente todas las transferencias de dinero a Cuba, impidiendo así que las asociaciones suizas colaboren con entidades médicas cubanas. Tanto Medicuba-Suiza como la Asociación Suiza-Cuba denunciaron que bancos como UBS, Credit Suisse, ZKB, ABS y Migros Bank han bloqueado la transferencia de donaciones destinadas a apoyar el proyecto de ayuda de emergencia del envío de insumos médicos, reactivos de diagnóstico, y equipo de protección para el personal de salud.
Intentos de socavar el prestigio internacional y las fuentes de financiación de Cuba
Las misiones médicas cubanas en el exterior son una fuente de prestigio internacional para la isla por su alto contenido humanitario y humanista de la actividad que desarrolla el personal de salud cubano en más de 50 países en el mundo en la actualidad. Adicionalmente, esta actividad, en casos particulares, es una fuente de ingresos para financiar el sistema universal de salud de los ciudadanos cubanos.
En respuesta a la pandemia, Cuba ha brindado asistencia internacional enviando a más de 3.500 profesionales médicos a más de 25 países en 2020. En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a Cuba en una lista de naciones que no colaboran en la lucha contra la trata de personas, y considera como “trata de personas” a los médicos que colaboran en misiones en países que enfrentan la pandemia de Covid-19. Además, se presentó un proyecto de ley en el Senado estadounidense, la ”Ley de reducción de beneficios al régimen cubano de 2020”, destinada a afectar el programa de misiones médicas de Cuba.
El proyecto de ley, si se aprueba, requerirá que el Departamento de Estado de Estados Unidos publique una lista de naciones que contraten con el gobierno cubano para sus servicios médicos y lo considerará como un factor para incluir a dichas naciones en el Informe anual sobre Trata de Personas (TIP) del Departamento. Esto abrirá la puerta a una mayor extraterritorialidad de la legislación estadounidense, en forma de sanciones secundarias y otras medidas contra cualquier país de esa lista. Mientras Cuba ha promovido la cooperación a través de su internacionalismo médico para ayudar con la pandemia en otros países, las sanciones de Estados Unidos también se han dirigido a tratar de obstaculizar esas actividades.
Como parte de los intentos de desacreditar la colaboración médica cubana, la administración Trump ha promovido un ataque frontal contra el multilateralismo y trató de manipular a la Organización Panamericana de la Salud en una extensión de la agresión contra Cuba. En septiembre de 2020, bajo la amenaza de no desembolsar la contribución financiera que corresponde realizar a Estados Unidos como principal contribuyente al presupuesto de la organización, la Secretaría de la OPS fue obligada a aceptar lo que llaman “una revisión externa” del papel de la OPS en el Programa Más Médicos en Brasil con la intención de desacreditar la labor de los médicos cubanos en esa nación entre 2013 y 2018.
El gobierno de Estados Unidos ha continuado agregando sanciones a la lista en el mes de septiembre de 2020. Solo días después de que el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas y un número importante de estadistas hicieron repetidos llamados al levantamiento de sanciones y a la solidaridad entre Estados del sistema internacional para mitigar el impacto económico y social de la pandemia Covid-19 en el marco de la 75 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno estadounidense, imperturbable insiste en castigar a Cuba.
Las últimas medidas en concreto apuntan a seguir afectando el sector turístico cubano, ya seriamente afectado por el cierre de fronteras como estrategia para contener la expansión de la pandemia. A partir de la entrada en vigor de esta prohibición a los ciudadanos estadounidenses y a personas bajo esa jurisdicción que no podrán hospedarse en hoteles propiedad de empresas estatales cubanas, un total de 430 instalaciones fueron incluidas en una lista negra a ese efecto. Otra medida es la eliminación de la licencia o autorización para que estadounidenses participen u organicen de conferencias científicas, seminarios, exhibiciones, eventos deportivos y eventos culturales. Esta es una medida que también limita el número de viajeros de Estados Unidos a Cuba y afecta las relaciones científicas, culturales y deportivas que no solo son de mutuo beneficio para ciudadanos e instituciones de ambos países, si no que han sido un ejemplo que relaciones respetuosas y productivas entre Cuba y Estados Unidos. Esto es significativo en momentos en que es necesaria la colaboración científica y el intercambio de información para enfrentar una pandemia que afecta a todos los estados del sistema internacional.
Finalmente, el gobierno de Estados Unidos ha vuelto a intentar limitar la entrada de remesas a Cuba al incluir a la compañía American International Services (AIS) que facilita el envío de estas remesas, en una lista de entidades prohibidas.
Es indudable que lo que busca el incremento de la política de sanciones es llevar al Estado cubano a la bancarrota, lo que en el caso de Cuba, un Estado socialista en que la participación del Estado en los procesos económicos es fundamental para garantizar aspectos de justicia social como el acceso universal a la salud y a la educación, tiene consecuencias que afectan a la población en general. Esto es más relevante en momentos en que el Estado cubano ha asumido totalmente el enfrentamiento a la Pandemia de Covid-19, tanto desde el punto de vista económico como institucional, con el objetivo primario de sanar, salvar y proteger a sus ciudadanos.
[1] Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, Universidad de La Habana. Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios sobre EE.UU.
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