Vigilantismo y violencia colectiva en tiempos de pandemia en América Latina

Unos días atrás, el último 22 de mayo, un alto directivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que “Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad”; mientras que tanto en Centroamérica y el Caribe como en México el número de contagios diarios registrados por la mayoría de los países no parece haber llegado a su máximo. Desde el Grupo de Trabajo “Vigilantismo y Violencia colectiva” queremos compartir una reflexión en torno a algunos efectos de la pandemia en la región.  

Ante el desconocimiento de tratamientos médicos para prevenir o curar el virus, la mayoría de los gobiernos ha adoptado la estrategia del confinamiento en el hogar para evitar los contagios masivos. Por lo que muestran los números de contagios y muertes de distintos países, las cuarentenas han sido, hasta ahora, la medida más efectiva para frenar la dispersión acelerada del virus entre la población y evitar así el colapso de los sistemas de salud, que en muchos países enfrentaban una grave crisis previo a la llegada de la pandemia. Los gobiernos que subestimaron al virus y rechazaron las medidas de prevención hoy deben enfrentarse a graves crisis humanitarias y sociales.  

Los Estados que adoptaron el aislamiento preventivo como práctica de cuidado mutuo se han enfrentado a otros desafíos que aquí queremos destacar. En los casos en los que se dispuso el confinamiento obligatorio, debieron desplegarse férreos controles a la circulación de personas. El accionar de las fuerzas de seguridad fue clave para garantizar el cumplimiento de las medidas; aunque en algunos territorios protagonizaron repudiables episodios de violencia institucional y abusos de poder.  

A nivel social, la tensión entre la pedagogía de la responsabilidad individual y el control social vigilante afloró. El cuidado mutuo necesario para prevenir el contagio se trastocó por momentos en autoritarismo social y policiamiento comunitario. El miedo a la enfermedad engendró la sospecha generalizada hacia quienes no hacían ni podían hacer la cuarentena establecida, obviando que no todos y todas podían garantizar prácticas de encierro hogareño: trabajadores informales, madres solas al cuidado de niños y niñas y una franja importante de pobres que vive en condiciones de hacinamiento y sin acceso a los servicios urbanos básicos. Esta deriva autoritaria se materializó en agresiones a personas contagiadas o bajo sospecha de contagio; así como “escraches” o protestas frente a viviendas de familias infectadas, personal de salud o de fuerzas de seguridad, la población más expuesta al riesgo sanitario. Esta actitud fue amplificada por los medios masivos de comunicación, reproduciendo formas hegemónicas de cumplir -o incumplir- con la cuarentena. En ocasiones también las autoridades han privilegiado un énfasis policíaco por sobre la cuestión sanitaria, a la hora de anunciar y administrar las medidas de cuidado, así por ejemplo al involucrar fuerzas militares en el control del desplazamiento de la población o al dar cierto protagonismo a los funcionarios vinculados al orden público en las decisiones con respecto a estas medidas.  

Por otra parte, la pugna entre los gobiernos centrales y las administraciones regionales o locales han dado señales erráticas desde el poder en casi todos los países. Las contiendas sobre cómo administrar la pandemia han generado desorientación en la ciudadanía respecto a las medidas de cuidado, abonando al cuadro preexistente de desconfianza respecto a las autoridades. Esto ha abierto espacios para el agenciamiento de acciones autoritarias respecto a las medidas sanitarias por parte de las comunidades locales; acciones que redefinen quién es el otro en el contexto de la pandemia. Así, por ejemplo, se ha observado que en ocasiones las comunidades locales se organizan para controlar el acceso a sus territorios y eventualmente expulsar a quién sea identificado como un peligro para la seguridad sanitaria de la comunidad. Ese otro puede estar representado por sujetos tan diversos como los migrantes, vecinos de comunidades aledañas o los turistas.  

Esta apropiación de la violencia por parte de las comunidades se acentuó en territorios donde el monopolio de la fuerza estatal estaba disputado con anterioridad. Las Rondas Campesinas en Cajamarca, Perú; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero y la Ronda Comunitaria de Cherán, Michoacán en México, o el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia han sido ejemplos de este tipo de procesos en los que patrullas civiles se encargan de cumplir las medidas y de garantizar las restricciones a la circulación.  

La pandemia del virus Covid-19 en Latinoamérica se instala sobre estructuras sociales y problemáticas que ya existían en la región, acrecentado las sensaciones de incertidumbre, inseguridad, vulnerabilidad y miedo. Sus repercusiones en cuanto a las acciones de vigilantismo y violencia colectiva deben ser leídas a la luz de ese marco de relaciones previas entre los distintos agentes involucrados en estas acciones. Para enfrentar adecuadamente los desafíos académicos y las disyuntivas políticas a las que el escenario actual nos enfrenta debemos tener como primera referencia el entramado social sobre el que se posa la pandemia. 

En este marco, uno de las principales cuestiones a futuro será saber si los mecanismos de vigilantismo social que se han visto fortalecidos por la actual pandemia se mantendrán vigentes, siendo aprovechados por los Estados para mantener el orden social ante la precariedad económica e institucional en un escenario post-pandemia; o serán desactivados una vez que el virus deje de constituir una amenaza para nuestras sociedades.

Ante Estados debilitados, desgastados y deslegitimados por el COVID-19, es probable que tanto el vigilantismo como la violencia colectiva perduren como fenómenos propios de la América Latina post-pandemia.  

Junio de 2020
Grupo de Trabajo CLACSO
Vigilantismo y violencia colectiva

Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Vigilantismo y violencia colectiva y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.