Medidas por el COVID-19 y pueblos indígenas en América Latina
En América Latina hay más de 800 pueblos indígenas que agrupan a 45 millones de personas y si bien durante las últimas décadas, como resultado de las luchas indígenas, se han producido avances en las políticas de reconocimiento de los derechos colectivos a través de la adopción de instrumentos del derecho internacional o a través de formas de reconocimiento constitucional, no se han modificado sus condiciones de desigualdad estructural y siguen enfrentando marginación, despojo, racismo y la violación a sus derechos colectivos. Actualmente representan el 30% de la población en situación de extrema pobreza, en muchos casos sin acceso a servicios de salud, medicinas, agua potable, con vulnerabilidades sanitarias como la diabetes, tuberculosis, paludismo, desnutrición crónica entre otras condiciones que son de por sí graves pero que en el contexto de la pandemia actual se vuelven críticas. En la actual crisis sanitaria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una resolución en la que ubica a los pueblos indígenas como “grupos en situación de especial vulnerabilidad”.
Los pueblos indígenas del continente americano conservan en su memoria histórica los impactos de las epidemias que desde los inicios de la invasión española y portuguesa provocaron la muerte del 90% de la población asolada por la guerra, las condiciones de vida a las que fueron sometidos y la viruela, el sarampión y otras enfermedades traídas por los europeos. Así, las epidemias fueron usadas por los colonizadores como instrumentos o tecnologías de poder que facilitaron el dominio sobre los pueblos indígenas, además del control y apropiación de sus territorios. Ni las epidemias, ni la presión sobre los territorios indígenas, cesaron durante los estados-nación independientes continuando hasta la fecha.
Por ello, la actual pandemia del COVID-19 trae a la memoria de los pueblos indígenas los sufrimientos vividos cuyos impactos resienten hasta el día de hoy. Por todo esto es relevante dar seguimiento a las medidas que los gobiernos han adoptado en la actual crisis sanitaria ya que es necesario ver qué antiguas y nuevas formas adopta el uso de las epidemias en el marco de los proyectos neocoloniales y en la subalternización de los pueblos indígenas y sus territorios.
En la episteme occidental moderna se separa al ser humano de la naturaleza, se separa la salud como un dominio de conocimiento y el territorio como otro separado, la salud del individuo separado de la salud de la colectividad. Sin embargo, quienes formamos el Grupo de Trabajo sobre Pueblos indígenas y proyectos extractivos, por nuestra experiencia sabemos que estas categorías dicotómicas de la episteme occidental en las epistemes indígenas son una unidad, lo cual nos lo reiteran las organizaciones indígenas con las cuales estamos en diálogo. Por ello, partiendo de nuestra preocupación por la relación entre pueblos indígenas y proyectos extractivos, vemos que la pandemia del nuevo coronavirus Sars-CoV2 está estrechamente relacionada con el trabajo de nuestro GT.
Para dar seguimiento a la situación del COVID-19 en los pueblos indígenas y las medidas que los gobiernos están adoptando para hacerle frente, hemos acordado, en diálogo con organizaciones indígenas, recopilar el máximo de información posible usando como fuentes los propios pronunciamientos de los pueblos indígenas a través de los sitios web de sus organizaciones, también de los sitios web de ONG y de gobiernos, así como los medios de prensa digital disponibles. En este documento compartimos un primer análisis que cubre desde el momento de las medidas iniciales ante los primeros contagios por COVID-19 hasta la segunda semana de abril del 2020 que, reconociendo lo altamente dinámico en la evolución de esta pandemia, ya nos permite ir detectando algunas tendencias comunes a diversos países de la región.
A modo de resumen, podemos ir reconociendo que en estas primeras semanas de llegada del COVID-19 a los países de la región, los pueblos indígenas han ido desarrollando diversas estrategias que tienen en común el ejercicio, sea de facto o bien con el apoyo de gobiernos locales, de su autonomía territorial, de su autogobierno para la protección de los miembros de sus comunidades y para utilizar sus conocimientos tradicionales de cuidados de la salud, apelando a los gobiernos para solicitarles recursos con los que las comunidades no cuentan, pero con una clara voluntad de enfrentar la pandemia desde el ejercicio de su autodeterminación.
Estas estrategias volcadas hacia el ejercicio de su autodeterminación ponen en evidencia la “crisis del multiculturalismo” mencionada por Claudia Zapata Silva, cuyas brechas entre las promesas de las nuevas políticas de reconocimiento y su verdadera implementación encuentra hoy a muchas comunidades sin las condiciones que necesitan para enfrentar la pandemia desde su autogobierno.
Por otro lado, esta pandemia no está significando una pausa en los conflictos que produce la economía extractivista. Se continúan produciendo derrames de sustancias tóxicas que amenazan al medioambiente y a los miembros de las comunidades, los proyectos extractivos siguen operando con el riesgo no solo ambiental que ello conlleva sino además sobre las posibilidades de contagio de miembros de las comunidades por parte de operarios de las industrias extractivas. Se han producido nuevos asesinatos a indígenas defensores de sus territorios en distintos países de la región, con gobiernos que si antes fallaban en dar protección adecuada a las comunidades amenazadas, actualmente bajo la crisis de la pandemia con mayor razón no toman las medidas necesarias de protección. Además, si uno de los efectos de las iniciativas extractivas ha sido el de restringir el acceso de comunidades indígenas al agua, hoy en día medidas de prevención de contagio, como el lavado de manos frecuente no es posible en muchas comunidades. Tan complejo aún como lo anterior, la mayoría de los gobiernos de la región no parecen estar llevando estadísticas que permitan reconocer las situaciones de contagio, enfermedad, recuperación y fallecimientos de personas indígenas en lo que parece un retorno al monoculturalismo previo al reconocimiento de los pueblos indígenas ni tampoco están implementando medidas específicas para los pueblos indígenas con participación de estos.
Es preocupante que si tanto gobiernos progresistas como neoliberales han acudido durante los últimos años a la extracción de materias primas como motor de crecimiento económico, ahora para enfrentar la crisis económica que se prevé como efecto de la pandemia se produzca una intensificación del “consenso de los commodities”. Los proyectos de ley para proteger la economía que actualmente están estudiando varios países de la región parecen ser más parte de una agenda extractivista global que de una agenda de protección de la vida y de la salud de la población.
Si bien esta pandemia surgió en el contexto de la “crisis civilizatoria” de la modernidad/colonialidad, entonces los conflictos ambientales y sociales que se están produciendo en relación a los pueblos indígenas no sólo confirman esta crisis sino además la acentúan, mostrándonos que pervive la mortífera relación entre epidemia/colonialismo, frente a la cual continúa la centenaria resistencia de los pueblos con organización, cuidados colectivos y solidaridad.
Como lo expusimos, el sistema extractivo capitalista está apostando a dar continuar a sus proyectos y seguir la destrucción de los territorios de vida. Es por ello, que hacemos también un llamado a las organizaciones, comunidades, pueblos y barrios indígenas a no bajar la guardia en estos momentos de cuarentena. A la comunidad científica y a la sociedad civil a estar atentos de los territorios rurales. En esta crisis civilizatoria, los territorios indígenas regidos desde una visión que va más allá de lo individual nos estarán dando alternativas para frenar esta crisis.
La respuesta de los pueblos indígenas de ejercer su autodeterminación
En primer lugar, nos interesa conocer las diversas estrategias que los pueblos indígenas están adoptando para enfrentar la pandemia del COVID-19 e ir comprendiendo en qué medida las políticas de reconocimiento de las últimas décadas abren espacios para que los pueblos indígenas puedan ejercer su autodeterminación en un contexto como esta pandemia del COVID- 19.
Los pueblos indígenas han emprendido diversas estrategias de ejercicio de su autodeterminación, una de ellas ha sido la de cerrar sus fronteras para impedir el ingreso de personas foráneas (donde destaca el caso del turismo europeo o norteamericano) e incluso de personas de la propia comunidad que fueron sorprendidas por la pandemia estando afuera de su territorio. Este es el caso de pueblos indígenas del territorio Macurawe y comunidades de la Meseta Purépecha (actual México), de las comunidades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), de la Confederación Indígena Tairona (ambos en la actual Colombia), así como la declaración de la alerta roja y cierre total de los caracoles zapatistas (Chiapas, México), que en el ejercicio de su autodeterminación están ejerciendo control territorial de forma autónoma. Por su parte, el pueblo Wampís y pueblo Asháninka (ambos en el actual Perú), pueblos indígenas de la Chiquitanía (actual Bolivia), pueblo Rapa Nui (Isla de Pascua en el actual Chile) están adoptando estas medidas con algún grado de colaboración de los gobiernos locales, de la policía y/o del ejército. En cambio, en el caso de comunidades del pueblo Mapuche (actual Chile), el esfuerzo por impedir el ingreso de personas externas a las comunidades o al territorio ha sido objeto de represión policial y de detención de su autoridad tradicional.
Otras prácticas de autodeterminación que están adoptando las comunidades indígenas es la recuperación o bien reforzamiento del uso de sus plantas medicinales y de sus formas de sanación tradicionales como es el caso de la organización Ta iñXemotuam y de comunidades del territorio de Boyeco del pueblo Mapuche (actual Chile) y comunidades del pueblo Qom (actual Argentina). Otras comunidades están adoptando protocolos de acción propios, es el caso de comunidades de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) o difundiendo en sus propias lenguas información acerca del COVID-19 a través de medios de comunicación comunitarios, tal es el caso de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Oriente (ORPIO) (actual Perú) y CONAIE (actual Ecuador).
En esta crisis sanitaria, como en otras situaciones que ponen en peligro a las poblaciones indígenas (desastres naturales, contaminación de sus territorios, amenazas extractivistas, crimen organizado), las comunidades han activado redes de solidaridad a lo interno y entre diversos pueblos. Acopio de víveres, redes agroecológicas, donación de alimentos a las ciudades: destaca el caso de diversos pueblos indígenas de la sierra ecuatoriana que han llevado alimentos a la costa (región más golpeada por el coronavirus).
Como parte de las estrategias para enfrentar la pandemia, algunos pueblos y organizaciones indígenas han establecido alianzas con gobiernos locales, pueblos afrodescendientes, organizaciones populares y redes internacionales demandando políticas públicas que garanticen el cuidado de la vida, la integridad y la autodeterminación de los pueblos. Destacan los llamados a fortalecer los sistemas de salud públicos, las economías campesinas, populares y comunitarias, garantizar alimentos a las poblaciones más vulnerables, el respeto a los derechos humanos y derechos colectivos, acabar con la mercantilización de la naturaleza. En términos generales, priorizar la vida y la dignidad por sobre los intereses económicos de unos cuantos.
Por otro lado, la pandemia del COVID-19 está también produciendo importantes efectos tanto en la subjetividad de las comunidades indígenas como en sus condiciones de vida objetivas. La pandemia está evocando la memoria histórica de cómo la viruela, el sarampión, entre otros, traídos por los conquistadores europeos diezmaron sus comunidades y produjeron un gran sufrimiento en las antiguas generaciones. Pero en esta memoria histórica no solo se expresa el sufrimiento sino también la capacidad de resistencia que tuvieron sus ancestros y que alienta a los miembros actuales de las comunidades a luchar con energía ante la situación con un cierto sentido de optimismo y orgullo de que serán capaces de resistir una vez más a las enfermedades. Pero además, en algunas comunidades indígenas la memoria histórica refiere a un pasado mucho más reciente, de solo unas décadas atrás, en que fueron arrasadas por la gripe, el cólera o la tuberculosis cuyo recuerdo los lleva a adoptar estrategias de cerrar el ingreso a sus comunidades o bien a alejarse e internarse en la selva o en la cordillera para aislarse.
Si para las sociedades occidentales el recuerdo de una pandemia de igual gravedad que la actual remonta a cien años atrás con la gripe española, para muchos pueblos indígenas el recuerdo más inmediato es el de enfermedades padecidas por las generaciones actuales como son los casos del pueblo Tupinamba y Matis (actual Brasil), pueblo Nahua (actual Perú), pueblo Nukak (actual Colombia) y la nacionalidad Woarani (actual Ecuador). En algunos países, la pandemia del COVID-19 se suma a otras epidemias existentes en la actualidad, por ejemplo, la epidemia de dengue que hasta la fecha ha afectado a unas 16 mil personas de 55 pueblos indígenas de la actual Amazonía peruana.
En los casos en que los pueblos indígenas se ubican en geografías remotas, si bien es posible evitar el contacto con el nuevo coronavirus, en caso de que éste llegara se enfrentan problemáticas como la fragilidad de su respuesta inmunológica o el desabastecimiento y falta de equipo sanitario. La nacionalidad Siekopai (actual Ecuador) ha alertado sobre la muerte de un anciano y teme que 20 personas más con síntomas asociados al COVID-19 estén contagiadas; se trata de una nacionalidad amazónica que a lo largo de la historia ha sido diezmada quedando sólo 700 miembros que ahora corren un gran peligro.
En los casos en los que los pueblos indígenas residen en áreas urbanas, se enfrentan a diversos tipos de exclusión, como la económica y lingüística. En el actual centro de la pandemia, los Estados Unidos, miles de personas de diversos pueblos indígenas de la comunidad migrante se encuentran detenidos por la Patrulla Fronteriza y denuncian una exclusión sistemática de las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19, la discriminación lingüística y la violación a sus derechos colectivos. Los migrantes indígenas establecidos en diversas ciudades del país relatan una difícil situación en la que tienen que enfrentar el desempleo, el contagio de la enfermedad y en muchos casos la muerte. La pérdida de empleos de miles de migrantes repercute directamente en sus familias y comunidades que en sus tierras natales dejan de percibir las remesas de las que dependen, lo que les ponen en una fragilidad alimentaria muy grande. Los casos más dramáticos tienen que ver con las adversidades que enfrentan los migrantes indígenas en grandes ciudades al contagiarse de COVID-19. Por ejemplo, en Nueva York han fallecido por coronavirus 14 indígenas, la mayoría del pueblo na’savi de la mixteca guerrerense de México; o en Guayaquil, donde una vez contagiados, indígenas de la sierra optan por regresar a sus comunidades, prefiriendo morir en el camino a la muerte indigna que inunda las calles de la ciudad portuaria de Ecuador.
Así, para los pueblos indígenas el enfrentamiento de la actual pandemia está directamente relacionado con la cuestión del territorio. Por un lado, porque una de sus medidas de prevención es lavarse las manos frecuentemente, para lo cual se necesita agua, pero en comunidades indígenas como las del pueblo Mapuche (actual Chile) o del pueblo Qom (actual Argentina) no tienen acceso a agua potable producto de la explotación forestal. En otros casos, el agua de sus territorios ha sido contaminada por proyectos extractivos, como es el caso de la reciente rotura de la tubería petrolera del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, que ha provocado la contaminación del río Coca y Napo importante afluente del río Amazonas, afectando a decenas de comunidades indígenas tanto del actual Ecuador como del actual Perú, para quienes los ríos son fuentes de subsistencia. A estas problemáticas se suman las consecuencias del cambio climático que obliga a las comunidades a enfrentar incendios que ya han cobrado vidas en varias regiones de México o las inusuales inundaciones en la Amazonía ecuatoriana.
Otra situación especialmente grave la constituyen los nuevos asesinatos de indígenas defensores de sus territorios ocurridos desde que se inició la pandemia del COVID-19. Es así como hasta la fecha han sido asesinados Benito Peralta Arias del pueblo Nahua, Fernando García y Javier García del pueblo TuunSavi, Isaac Medardo Herrera Avilés (abogado defensor del territorio morelense) y Paulina Gömez (defensora del territorio Wixarica), todos del actual México; también Marco Rivadeneira, Angel Ovidio Quinteros, Ivo Humberto Bracamonte, Omar Guarisuma y Ernesto Guasiruma, del pueblo Emberá, todos de la actual Colombia; Zezico Rodríguez Guajarara, del pueblo Guajarara, en el actual Brasil y Arbildo Meléndez del pueblo Cacataibo (actual Perú).
El contexto de pandemia no ha impedido que continúen los asesinatos de indígenas defensores de sus territorios, es más, parece estar incidiendo en que los gobiernos tomen menos medidas de protección hacia estas comunidades. En el caso colombiano, la situación del pueblo Emberá en el Chocó empeora al encontrarse en medio de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitinistas, a lo que se suma la preocupación por enfrentar el COVID-19.
Las medidas de los gobiernos para enfrentar la pandemia del COVID-19
Nos parece que la actual pandemia está mostrando la llamada “brecha de implementación” por lo que las medidas de los gobiernos parecen constituir un retroceso hacia las políticas monoculturales de décadas anteriores o bien hacia la adopción de medidas hacia las comunidades indígenas, pero sin la participación de éstas. Si bien no hemos hecho un análisis exhaustivo de las medidas que cada gobierno de la región está adoptando ante el Covid-19 sí hemos podido constatar que, en general, los gobiernos no han estado tomando medidas que sean específicas para los pueblos indígenas, lo cual nos parece inexcusable si tomamos en cuenta que desde el inicio de la pandemia se sabe que ésta afecta más a personas con condiciones de salud previas y organismos como la OPS (Organización Panamericana de la Salud) han reconocido hace tiempo que la población indígena tiene los peores indicadores de salud al interior de cada país. Algunos gobiernos, como el de Colombia y México, han promovido campañas informativas en lenguas indígenas y, en el último caso, se han anunciado apoyos económicos para la población de bajos recursos. Paradojalmente, el gobierno de Brasil, a través de su Secretaría Especial de Salud Indígena, desde el 17 de marzo está implementando el Plan de Contingencia Nacional para la Infección Humana por el nuevo coronavirus en pueblos indígenas, siendo que el presidente del país ha sido abiertamente hostil hacia los pueblos indígenas y contrario a la protección de sus derechos.
Debido a esta falta de medidas específicas relativas a pueblos indígenas, tenemos hasta la fecha sólo datos dispersos y parciales de la magnitud de la afectación del COVID- 19 a las comunidades en términos de contagios, fallecimientos y recuperaciones. En algunos casos se siguen aplicando medidas individuales, focalizadas, negando los derechos colectivos. Incluso, la falta de planificación y de protocolos frente a la emergencia sanitaria le da cabida a sectores como el minero para avanzar más rápido con concesiones y otorgamientos de licencias ambientales.
Una preocupación especial nos merecen los proyectos de ley de diversos gobiernos que tienen como propósito explícito favorecer a la economía, pero que parecen constituir más bien parte de las agendas extractivistas de los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de México anunció el inicio de la construcción del Tren Maya que ha sido cuestionado ampliamente por organizaciones y comunidades indígenas; el gobierno de Brasil anunció la constitución del Consejo Nacional de la Amazonía a cargo de militares y sin la participación de órganos de protección del medio ambiente y de poblaciones indígenas de la Amazonia como la Fundación Nacional del Indio, FUNAI; en Ecuador, las organizaciones indígenas han denunciado que la megaminería sigue operando con la venia del gobierno.
La actual pandemia del COVID-19 se relaciona con los impactos que producen los diversos proyectos extractivos en territorios indígenas, por ejemplo, la Coalición de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y el Consejo Indígena de Roraina (actual Brasil) exigen al gobierno que impida el ingreso de ocupantes ilegales, acaparadores de tierras, personas que ejercen ilegalmente la minería o la tala de bosques ya que, además del daño a sus territorios, son vectores de contagio del nuevo virus. En este mismo sentido, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y el pueblo Shuar Arutam (actual Ecuador) denuncian que las industrias extractivas e hidroeléctricas no están respetando el Estado de Excepción dictado por el gobierno. También en este país, uno de los más golpeados por la pandemia, la nacionalidad Waorani alerta sobre casos confirmados de COVID-19 en trabajadores petroleros del bloque 16, en el corazón de su territorio que también forma parte de las áreas de movilidad y presencia de los pueblos indígenas aislados Tagaeri/Taromenane.
Es de gran preocupación que la crisis sanitaria agudice problemáticas estructurales y coyunturales como forzado por la violencia paramilitar (México, Colombia), de madereros y mineros ilegales (Ecuador, Brasil), y por asesinatos y criminalización, además de un avance en proyectos de infraestructura y extractivos sin la consulta y consentimiento previo a los que tienen derecho los pueblos indígenas.
Tendencias en un escenario cambiante
La velocidad con que van desarrollándose los acontecimientos en estas semanas de pandemia del COVID-19 va haciendo que el dar seguimiento a la situación de los pueblos indígenas ante la pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos se hace especialmente complejo. Es así como entre las pocas semanas que han pasado entre que hemos redactado este texto y el momento de su publicación (y el momento en que lo estén leyendo) ya han pasado nuevas cosas que puedan dar nuevos giros que reconfiguren el panorama regional. Un ejemplo de esto son las numerosas nuevas formas de ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas para enfrentar la pandemia que podemos constatar en redes sociales, o bien la fuerte caída en los precios de los commodities por la baja en la demanda y las dificultades en el almacenamiento y transporte de estos producto de la pandemia y cuya evolución a corto, mediano y largo plazo es aún incierta.
Desde el GT Pueblos indígenas y proyectos extractivos, identificamos que la actual crisis sanitaria exacerba las consecuencias de una crisis más amplia, una crisis civilizatoria que abarca los diversos aspectos de la vida social: económicos, políticos, culturales, ambientales, consecuencia de un sistema capitalista cuya expansión y depredación incesantes entra en contradicción con los límites naturales y humanos. La opción de gobiernos progresistas y neoliberales por basar el crecimiento económico en los commodities, que son altamente inestables y generan dependencia ya que quienes determinan sus precios son países del Norte global, hoy esta pandemia confirma sus errores y horrores y la salida es aún muy incierta, pero creemos que confirma la urgencia de que las economías de la región deben transformarse hacia formas más sustentables y que apunten al buen vivir.
Pero, a la vez, celebramos las formas de autodeterminación que han ejercido los pueblos indígenas. Hay un claro llamado de diversos pueblos indígenas a continuar la defensa de sus territorios identificando a las industrias extractivas y megaproyectos como un peligro para la vida, especialmente en la pandemia pero independientemente de ella. Además de defender sus culturas, sus conocimientos y enarbolar los principios comunitarios de solidaridad en las relaciones humanas y en las relaciones con la naturaleza.
Grupo de Trabajo CLACSO
Pueblos indígenas y proyectos extractivos
Si desea recibir más información sobre las propuestas de formación de CLACSO:
[widget id=”custom_html-57″]
a nuestras listas de correo electrónico.
