Pueblos indígenas en el contexto del covid-19 en Guatemala
Felipe Gómez, Maya k’iche’, Jeremías Hernández, Luis Ochoa Fuentes[1]
“El Sol, la Abuela, las montañas, los bosques, los animales y las aves comunican acontecimientos a los seres humanos para prevenir, corregir y mejorar el equilibrio con la Sagrada Madre Tierra y con el Universo. En los primeros de este año la Abuela Luna, en el Fuego Sagrados Ancestral, en los sueños de las sabias y sabios se anuncia graves problemas contra la vida de la Madre Tierra y enfermedades a la salud humana. La llamada es respetar la vida de la Madre Tierra, las montañas, bosques, ríos, animales, aves y la vida de los seres humanos”, Felipe Gómez, Maya K’iche”
El Comité de Trabajo Defensa de los Territorios de Vida del Consorcio ICCA y colaboradores del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivos de CLACSO en Guatemala, escribimos nuestras palabras sobre la pandemia del coronavirus y el impacto en la vida de los Pueblos Indígenas.
En Guatemala coexistimos los Pueblos Mayas, Ladino-Mestizo, Xinka y Garífuna, con una población de más de 18 millones de habitantes, siendo la mayoría descendiente del Pueblo Maya, compartiendo una historia, cultura, identidad, sistemas de vida y conocimientos milenarios.
A partir de la invasión, la colonización y la mercantilización impuesta de manera sistemática en las leyes e institucionalidad del país, millones de habitantes viven en la pobreza y extrema pobreza, con un alto grado de vulnerabilidad en la salud y la desnutrición. La población más afectada son los pueblos indígenas y campesinos.
El sistema político, social y económico está controlado por una élite, considerándose un “Estado capturado”; mientras, la corrupción y el nepotismo han permeado prácticamente todos los ámbitos de la institucionalidad pública. En este contexto, los pueblos debieron enfrentar la llegada de la pandemia del COVID-19.
La nueva enfermedad y el impacto en nuestras vidas
En la primera quincena del mes de marzo 2020, se anuncia oficialmente el primer caso positivo de coronavirus en el país, se anunció también la cuarentena y la campaña “quédate en casa”, limitando la locomoción de las guatemaltecas y los guatemaltecos de sus comunidades, municipios y departamentos.
A nivel mundial, la enfermedad ya había avanzado y en muchos países se reportaban decenas de muertos diariamente, así como el colapso en sus sistemas de salud. Un gran porcentaje de la actividad humana se vio paralizada, siendo un descanso para la Madre Tierra, un respiro ante tanta destrucción y contaminación que han causado los humanos, pero en especial las grandes industrias extractiva y privatizadoras de la vida natural.
Desde las comunidades e instituciones propias de los Pueblos, nace la preocupación de que la campaña de pánico, la cuarentena, el estado de calamidad o toque de queda, era la manera más perversa de la cúpula económica para aprovechar la crisis, beneficiándose de los recursos que el Estado destinaría a distintos servicios como la educación, la salud, la energía eléctrica, entre otros servicios públicos. De hecho, se ha iniciado una campaña de desprestigio contra las pocas instituciones que no han sido privatizadas, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la educación pública.
La pandemia puso en evidencia que la institucionalidad pública y el sistema de salud no están preparados para atender una emergencia. Después de dos meses de anunciar los primeros casos de la enfermedad, el gobierno no ha presentado o desarrollado estrategias territoriales para la prevención, tratamiento y erradicación de la pandemia en las comunidades indígenas; y tampoco existen acciones específicas para atender a los habitantes de las comunidades más alejadas de los municipios.
La mayoría de casos positivos de COVID-19 se han generado a partir de personas que viajaron fuera del país o tuvieron contacto con una persona que lo hizo. Otro factor importante de riesgo de contagio de la enfermedad son las hermanas y los hermanos migrantes, quienes han abandonado su comunidad para trabajar en otros países y así garantizar el ingreso de sus familias. En el marco de la crisis, los Estados Unidos también incrementaron las deportaciones de migrantes, sin garantizar medidas sanitarias o de higiene, a pesar que es el país con más casos positivos y muertes por el coronavirus. Muchos de los casos en las comunidades indígenas han sido a partir de migrantes retornados, quienes al llegar al país no encuentran medidas efectivas para determinar si han estado enfermos o no, y así evitar llegar a su comunidad para contagiar a su familia. El flujo de remesas hacia las comunidades también se ha visto reducido desde que inició la pandemia, afectando la economía de miles de familias en las comunidades.
Las medidas para atender la emergencia se implementan desde arriba hacia abajo, desde la visión de una cúpula económica y el gobierno, sin tomar en cuenta las dinámicas sociales y de comercio en las comunidades. Las personas no pudieron salir a trabajar y se limitó el horario de los mercados campesinos y populares, pero se garantizó que los supermercados o cadenas de comercio pudieran seguir trabajando. Miles de personas ya no podían vender en los mercados o en sus pequeños negocios. Quienes mantenían alguna forma de empleo, que les garantizaba obtener alimentos para cada día, han perdido el mismo, afectando especialmente a aquellas personas que ya no podían trasladarse desde sus comunidades hacia su lugar de trabajo o para vender sus productos.
Aunque el gobierno garantizó que la industria alimentaria y otros sectores clave de la economía continuaran funcionando, la economía familiar fue la primera en verse afectada. Las personas no podían generar ingresos para garantizar sus alimentos y a una semana de establecidas las medidas, ya había escasez de alimentos especialmente en áreas empobrecidas urbanas y algunas comunidades rurales. A dos meses de la pandemia, es común ver en orillas de carreteras o en la ciudad a personas con banderas blancas, pidiendo apoyo de alimentos para enfrentar la crisis que están viviendo. Se teme que en los próximos meses la situación de desnutrición aguda y crónica se incremente, especialmente en comunidades más empobrecidas y aquellas que se encuentran dentro del denominado “corredor seco”, que en su mayoría son comunidades indígenas. El inicio de las lluvias a finales de abril y principios de mayo también podría representar mayor riesgo a la población con el brote de enfermedades asociadas a la época.
Por su parte, las grandes empresas sí continuaron trabajando en los territorios. Los proyectos extractivistas de minería, construcción de hidroeléctricas o instalación de torres de conducción eléctrica de alta tensión, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera o caña de azúcar, así como las obras del Corredor Interoceánico siguieron operando e incrementaron sus actividades durante la cuarentena. Desde diversas comunidades denuncian que las empresas continuaron sus actividades, aún en horarios de toque de queda. Muchas de esas empresas tienen permisos vencidos o hay acciones jurídicas que favorecen a las comunidades indígenas y que prohíben cualquier actividad en sus territorios. Con las restricciones a la movilidad y locomoción impuesta por el gobierno, ha sido más difícil continuar con las acciones en defensa de los territorios de vida y los defensores. Paralelamente, se incrementaron las acciones de intimidación, amenazas y coacción hacia los líderes, autoridades indígenas y comunitarias, así como contra diversas organizaciones campesinas, activistas sociales e incluso periodistas.
El acceso a la información sobre la pandemia ha sido limitado por parte del gobierno. El presidente Alejandro Giammattei comenzó a realizar cadenas nacionales de información, pero no ha brindado conferencias de prensa para atender preguntas más específicas de las y los periodistas. El acceso a fuentes de información ha sido restringido y se ha privilegiado a los medios corporativos; mientras, periodistas que han hecho público estas acciones o que han revelado acciones de corrupción en las adquisiciones de la emergencia, han recibido intimidaciones o amenazas. Por su parte, las radios comunitarias y otros medios digitales han mantenido información que permite conocer la situación que se vive desde las comunidades, lo que ha permitido conocer cómo se organizan los pueblos para enfrentar la crisis, así como información sobre casos locales que el gobierno no reporta.
Las mujeres han sufrido de forma distinta la pandemia. La violencia contra la mujer y violaciones sexuales también han visto repunte durante la pandemia, debiendo muchas mujeres convivir con sus agresores ya sea en el hogar o en sus propias comunidades, debido a las medidas de confinamiento. Las mujeres también se ven más presionadas con el incremento de las labores de trabajo en casa, de cuidado de personas vulnerables (niños, niñas y ancianos); así como las demandas para que garanticen los alimentos diarios en la familia. Por su parte, muchas niñas y niños también son abusados sexualmente o viven violencia intrafamiliar, casos que no se denuncian.
El gobierno ha privilegiado brindar apoyo para mantener la macro economía, asignando recursos financieros hacia las grandes empresas. Se autorizaron préstamos con banca internacional y colocación de bonos para que el gobierno tuviera recursos para atender la pandemia, pero se denuncia una baja ejecución de esos fondos porque los funcionarios buscan arreglar las compras para beneficiar a empresas específicas.
Se crearon 10 programas para apoyar a la población, a las y los trabajadores o para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Pero, hasta ahora, siguen sin concretarse los mecanismos para hacer efectivos dichos apoyos. Uno de los programas establecidos es el Bono Familia, que brindará ayuda económica a las familias; sin embargo, para realizar la base de datos de beneficiarios, se estableció como criterio el recibo de luz, siendo criticada la medida por privilegiar el uso de una base de datos empresarial para determinar quiénes pueden o no acceder al beneficio. De hecho, muchas de las personas más pobres del país quedarían por fuera de esta ayuda, pues no cuentan con servicio de energía eléctrica. La mayoría de comunidades y pueblos indígenas.
Desde los pueblos mayas señalamos que privilegiar al sector empresarial con los programas gubernamentales es otra manifestación del nivel de racismo y discriminación que el Estado guatemalteco mantiene hacia los pueblos indígenas y comunidades; es un síntoma de la complicidad del Estado para el saqueo y despojo que conlleva dichos proyectos.
La esperanza de las comunidades y pueblos
A pesar de la crisis sanitaria y económica que se vive en las comunidades, también se han fortalecido las iniciativas de solidaridad y nuevas formas de apoyo, por ejemplo, la recaudación de víveres para ayudar a las familias o comunidades en cuarentena; el autocontrol colectivo para que la pandemia no contagie a miembros de las comunidades; así como el papel de las autoridades comunitarias que han tenido la capacidad de implementar medidas específicas para cuidar la vida y salud de las personas.
La espiritualidad maya continúa presente y viva desde las comunidades. Durante el tiempo de la cuarentena que estamos viviendo, mujeres y hombres guías espirituales se dirigen a los altares, centros ceremoniales y lugares sagrados a ofrendar materiales ceremoniales, oraciones de agradecimiento y petición por la salud personal, familiar y colectiva. Pidiendo que no falte la comida y que las raíces, planta, frutas y hierbas naturales sanen y protejan el sistema inmunológico de los habitantes. En este contexto, la Abuela Luna comunica que en Luna Nueva y Luna Llena se debe cuidar la salud de los recién nacidos, ancianas y ancianos.
La pandemia también ha permitido reflexionar sobre la urgente necesidad de fortalecer la organización local; el manejo de información de forma independiente; el retomar medidas tradicionales para preservar la salud colectiva, así como producir diversidad de alimentos sanos y de cuidar las semillas nativas.
En los dos meses que la pandemia ha afectado el país, se ha visto en las comunidades y en las áreas urbanas una mayor conciencia sobre el cuidado de la tierra, las semillas, la siembra y diversificación de alimentos como un elemento clave para la supervivencia. Que las raíces, las plantas, las frutas y diversos tipos de hierbas son nuestros alimentos y nuestra medicina para tener buena salud.
Hay más personas reflexionando sobre que del cuidado y defensa de los territorios, de la tierra, las montañas, los bosques y los ríos, depende nuestra existencia en las comunidades y de los habitantes de las ciudades. Que los seres humanos deben regresar al verdadero origen, que sin la Madre Tierra y todos sus elementos el ser humano no tiene futuro para seguir viviendo. Que el modelo económico egoísta, privatizador, mercantilista, destructor y acaparador es un mal que debemos erradicar por el bien de la vida de las generaciones futuras.
[1] Felipe Gómez, Maya k’iche´, Centro de Investigación de la Ciencia Maya Oxlajuj B’aqtun, Miembro del Consejo Directivo del Consorcio ICCA en especial para Mesoamérica y el Caribe Miembro Colaborador del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivistas CLACSO. Jeremías Hernández, Coordinación Técnica de la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día. Luis Ochoa Fuentes, Periodista e investigador social. Comité de Defensa de los Territorios de Vida y Defensores del Consorcio TICCA y Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Indígenas y proyectos extractivos. Correo: [email protected].
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