Declaración frente a la crisis mundial por el Covid-19

Introducción

La pandemia sanitaria mundial provocada por el Covid-19 y el confinamiento obligatorio nos mueve, como grupo de trabajo de CLACSO, a reflexionar en torno a los efectos que está teniendo en nuestros países. En particular la crisis sanitaria nos obliga a pensar en las mujeres y las consecuencias de la pandemia sobre sus vidas, sus cuerpos y sus quehaceres. Pensar en las mujeres significa reconocer las diversas situaciones por las que atraviesan las que se encuentran haciendo la cuarentena; las que no pueden cumplirla porque tienen que salir a buscar el sustento para sus familias; las que están insertas en el mercado laboral, pero, debido a esta situación, trabajan desde sus hogares, y las que tienen cese de actividades sin goce de sueldo. De igual manera, implica tomar en cuenta la situación de las mujeres que están en la primera línea de contagio por ser profesionistas de la salud o voluntarias en la atención de pacientes contagiados por el Covid-19. Además del evidente riesgo de contagio, estas mujeres pueden ser objeto de discriminación social. Es necesario considerar las situaciones particulares de vulnerabilidad de las mujeres de la tercera edad, con discapacidades, las mujeres indígenas y las migrantes, tanto las que salen de nuestros países como las que se encuentran transitando por ellos, y las/os refugiadas/os.  

La pandemia nos obliga no solo a reflexionar sino a tomar una posición política al respecto y a hacer un llamado para que los gobiernos latinoamericanos desarrollen políticas públicas feministas. Estas acciones deben orientarse a prevenir y erradicar la violencia doméstica; educar en la revalorización y redistribución de los trabajos del cuidado; proteger la vida de las mujeres que laboran en el sector salud; asegurar condiciones de trabajo dignas para aquellas que se desempeñan en el mercado laboral formal e informal; y generar los mecanismos necesarios para que las mujeres no absorban desproporcionadamente los costes de la pandemia.  

Para ello proponemos cuatro ejes fundamentales a tomar en cuenta en la elaboración de políticas públicas feministas que contribuyan a mitigar equitativamente los efectos nocivos del Covid-19. En primer lugar, se contextualiza la situación de violencia doméstica y de pareja que viven las mujeres durante la crisis sanitaria. En segundo lugar, se aborda la crisis económica y de los cuidados ante el Covid-19. En tercer lugar, se considera el impacto del Covid-19 sobre la salud, la educación y la soberanía alimentaria. Finalmente, se presenta una propuesta desde la Economía Social Solidaria para transitar hacia relaciones sociales y económicas que promuevan la cooperación, la igualdad y el respeto por la naturaleza. 

1. El incremento de la violencia doméstica y de pareja contra las mujeres en la crisis sanitaria por el COVID-19 

Las restricciones de movilidad poblacional que los gobiernos en todo el mundo han implementado como medida preventiva para evitar el aumento de contagios por Covid-19 han incrementado la tensión y la violencia que se vive en los espacios familiares y, con ello, la violencia doméstica contra mujeres, niñas y niños. A diferencia de lo que asumen algunos gobiernos latinoamericanos como el de México, la familia no siempre es una institución que protege y cuida de sus miembros. Por el contrario, suele ser el espacio donde se comete un alto porcentaje de los abusos sexuales y violencias de otro tipo contra mujeres, niñas y niños, como demuestran los siguientes datos.  

En México se ha incrementado en un 60% las llamadas por distintos tipos de agresión hacia las mujeres; además, se han atendido más de 41 mil llamadas de emergencia al 911 y subieron 30% las peticiones de asilo, según la Red Nacional de Refugios. La Fiscalía General reportó un aumento del 7.2% de los detenidos por violencia intrafamiliar. En Colombia, la línea 155, que sirve para orientar y asesorar a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista, recibió un 91% más de llamadas que hace un año, según el Observatorio Colombiano de Mujeres. En Argentina, el primer día de la cuarentena obligatoria en el país, el 20 de marzo, 41 mujeres denunciaron violencia de género en Buenos Aires, la capital. Chile reportó un aumento del 70% en las llamadas realizadas por mujeres a una línea telefónica de orientación sobre violencia intrafamiliar. Por tal motivo, exhortamos a los gobiernos latinoamericanos a: 

• Difundir mensajes por todos los medios de comunicación disponibles para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 
• Crear protocolos específicos, claros y eficaces para la prevención y atención de la violencia de género. 
• Adoptar políticas con perspectiva de género para prevenir y erradicar la violencia doméstica y de pareja. 
• Asegurar una respuesta más rápida y eficaz para la atención de víctimas de violencia doméstica.  
• Capacitar y sensibilizar en materia de violencia de género a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
• Aumentar los recursos y la coordinación con organizaciones no gubernamentales que brinden servicios de refugios, asistencia y asesoramiento legal para mujeres víctimas de violencia. 
• Ampliar el número de refugios gubernamentales, mantenerlos abiertos y en las mejores condiciones posibles. 
• Implementar mecanismos legales para que el agresor sea el que deje la vivienda familiar, asegurando protección a quienes se queden en ella.  
• Implementar programas de reeducación y rehabilitación para los violentadores domésticos y sexuales con perspectiva de género, así como asistencia psicológica. 
• Brindar atención psicológica, jurídica y de salud a las víctimas de violencia machista, destinando recursos públicos suficientes para ello.

La crisis económica y de los cuidados se agudizan por el coronavirus 

La crisis sanitaria mundial por el Covid-19 también afecta de manera directa el desempeño de la economía mundial, ya de por sí debilitada antes de la pandemia. Solo en 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento de solo 2,5% de acuerdo con datos de la CEPAL. Las estimaciones más optimistas luego del estallido del Covid-19 preveían que la tasa de crecimiento de la economía mundial disminuiría al 1,0% o menos. A medida que la pandemia se fue extendiendo, las previsiones fueron reduciéndose, por ejemplo, Goldman Sachs indica que la caída anual del PIB en los EE.UU. será del 3,8%; en la zona del euro, del 9%; y en Japón, del 2,1%. Las estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), indican un aumento del desempleo mundial de entre 5.3 millones de personas y 24.7 millones de personas, con una base de 188 millones de personas desocupadas en 2019.  En un escenario medio el aumento sería de 13 millones de personas. 

América Latina y el Caribe enfrentan un escenario peor que el resto del mundo. Antes de la pandemia, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1.3% en 2020. Frente a la pandemia por el Covid-19, se pronostica una caída del PIB de al menos 1.8%. Sin embargo, no se descarta que el desarrollo de la pandemia lleve a previsiones de contracciones de entre un 3% y un 4%, o incluso más. Los sectores que podrían sufrir las mayores contracciones son el comercio, el transporte, servicios empresariales y sociales. La CEPAL considera que el impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial.  

Además, el 53% del empleo en la región se da en actividades informales, que se verán significativamente afectadas por basarse principalmente en contactos interpersonales. La reducción de la actividad económica en la región agudizaría la vulnerabilidad, principalmente, de las mujeres trabajadoras del sector informal de la economía. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 126 millones de mujeres se han visto afectadas, ya sea por el distanciamiento social o por la cuarentena obligatoria. Por otra parte, la ONU regional informa que casi el 40% de las mujeres trabajadoras están empleadas en el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico. Éstos son los sectores más afectados y los empleos menos protegidos en la crisis económica provocada por el coronavirus. Adicionalmente, María-Noel Vaez, Directora Regional de ONU Mujeres, advierte que casi la mitad de la población femenina de la región está perdiendo su sustento y tendrá dificultades para encontrar otra forma de emplearse.  

Por otra parte, el Covid-19 también agudizó la crisis del trabajo no remunerado.  El trabajo doméstico y de los cuidados es realizado principalmente por las mujeres a nivel mundial, sin embargo, en América Latina y el Caribe la proporción de horas que las mujeres dedican a esta actividad es mucho mayor que en el resto del planeta. Por ejemplo, en Suecia la contribución de los hombres a estas actividades es del 40%, en EEUU es de 38% y en China es del 39%, a diferencia de nuestra región, donde únicamente es del 27%. En México, de acuerdo con datos del CONEVAL, durante la pandemia se ha triplicado el número de horas que las mujeres dedican al trabajo doméstico, con 39 horas por semana; mientras que los hombres dedican a dichas tareas únicamente 13 horas. Es importante cuantificar el incremento del valor económico de este tipo de actividades en lo que va del 2020, así como identificar el porcentaje de incremento, dada la situación de encierro obligatorio, y su equivalencia respecto al PIB de cada país.  

Entre los trabajos domésticos y de los cuidados que más se han intensificado están la preparación de alimentos, limpieza del hogar y la administración de los recursos económicos, el acompañamiento escolar a las niñas y niños, la atención, prevención y cuidados de la salud física y mental de todos los miembros de la familia (en especial de los adultos mayores), actividades recreativas en casa, etc. Estas tareas recaen con mayor fuerza sobre las mujeres, provocando la intensificación de un desgaste físico y emocional. UNICEF advirtió que, para el 23 de marzo de 2020, alrededor de 154 millones de niñas, niños y adolescentes (más del 95% de las/os matriculados en la región), se encontraba temporalmente fuera de las escuelas, cerradas por el Covid-19. Esas niñas, niños y adolescentes requieren cuidados que sobrecargan el tiempo de las familias, en particular a las mujeres, acentuando las desigualdades de género en los hogares. 

Por lo anterior, es necesario que los gobiernos regionales pongan en marcha acciones que prevengan y mitiguen el riesgo de sobrecarga del trabajo de cuidados en los hombros de las mujeres, tales como: 

• Difundir mensajes que planteen el reparto equitativo de las actividades domésticas y de los cuidados al interior del hogar a través de radio; televisión; medios impresos y digitales. 
• Generar subsidios especiales para los servicios públicos y pagos de alquiler, y aplazamiento del pago de hipotecas.  
• Poner en marcha seguros gubernamentales por desempleo o por cese de salario debido al paro indefinido de labores provocado por la emergencia sanitaria. 
• Diseñar e implementar un ingreso básico para madres de familia, así como para mujeres y hombres que tengan bajo su cuidado a niños y niñas, personas mayores, enfermas o discapacitadas. Esto sería un avance importante en el reconocimiento del trabajo de cuidados y su impacto en el PIB. 
• Implementar bonos familiares para la compra de alimentos nutritivos. 
• Activar redes de producción y comercio local para apoyar a los negocios y para el fortalecimiento de la economía nacional. 
• Estimular la organización de mecanismos de economía social solidaria, como monedas alternativas para la adquisición de bienes y servicios. 
• Generar estadísticas desagregadas por género y etnia para saber el impacto económico diferenciado del Covid-19. 

2. El impacto social del Covid-19: Salud, educación y seguridad alimentaria

América Latina y el Caribe, antes de la crisis sanitaria mundial, tenía altos índices de pobreza y de pobreza extrema. Con el avance de la pandemia por Covid-19, se prevé que habrá repercusiones negativas en la salud, la educación y la seguridad alimentaria, provocando el aumento de la pobreza, además de lo ya señalado sobre el impacto en la economía, el trabajo de los cuidados y el incremento de la violencia que se intensifican de acuerdo a la clase social, la diferencia sexo-genérica, la edad, la etnia, la discapacidades y los territorios. Por ello es necesario priorizar a los grupos con mayor vulnerabilidad, entre los que se encuentran las comunidades indígenas, las mujeres y la niñez. 

Servicios de salud

La CEPAL indica que la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, antes de la pandemia, no invirtieron lo necesario en infraestructura, atención y prevención de la salud. Además, los servicios médicos especializados se encuentran centralizados en las grandes ciudades, mientras que en las áreas periurbanas y rurales no se cuenta en la mayoría de los casos con el abastecimiento necesario de medicamentos, personal e infraestructura básica. Lo anterior implica que no se garantiza el acceso universal a la salud, necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19. 

Las mujeres representan un sector poblacional con mayor riesgo de contagio ante el Covid-19, ya que son las primeras en responder ante la emergencia sanitaria como profesionales en los servicios de salud, voluntarias comunitarias y cuidadoras, asumiendo con ello los mayores costes físicos y emocionales. Además, ante la emergencia sanitaria, la mayoría de los recursos y esfuerzos se destinan a resolver dicha situación, dejando a la deriva u olvidando la atención de la salud sexual y reproductiva.  

En 2017 un grupo de especialistas de ONU recomendó la inclusión del análisis de género en las políticas de emergencia sanitaria, reconociendo el papel preponderante de las mujeres en situaciones como la que hoy nos aqueja. Por otra parte, la falta de presencia femenina en los organismos y comités que diseñan las estrategias para hacer frente al virus tampoco se corresponden con el número de mujeres que se encuentran en los servicios sanitarios y de los cuidados como enfermeras, limpiadoras, cajeras, trabajadoras sociales, encargadas de los cuidados de infantes y personas mayores y enfermas. Ellas  corren mayores riesgos de contagio en desproporcional medida respecto de los hombres. Debido a lo anterior es necesario que los gobiernos de la región se comprometan con estas acciones:  

• Garantizar los servicios de salud para toda la población, con especial atención a las personas inmuno-comprometidas, con discapacidades y de la tercera edad, embarazadas, víctimas de violencia, migrantes, mujeres campesinas, sobre todo de aquellas(os) que se encuentran en las áreas más remotas y cuentan con menor acceso a la información, así como a los servicios de salud.  
• Reconocer que sin el trabajo de las mujeres campesinas no podemos garantizar la producción de alimentos necesarios para el resto de la población.  
• Incorporar servicios para asegurar la salud psicosocial, y la salud sexual desde una concepción de salud integral que también incluya prácticas de salud ancestrales. 
• Asegurar el abastecimiento de medicamentos para hospitales y centros de suburbanos, rurales y periurbanos.  
• Adoptar medidas que garanticen el establecimiento de sistemas de prevención y protección a la salud integral en las que se tomen en cuenta tanto el desarrollo científico-tecnológico como los saberes ancestrales. 
• Generar los marcos éticos y legales necesarios para permitir el derecho humano a una muerte digna –incluyendo la muerte asistida- cuando las personas, por su condición de salud, así lo decidan.  
• Afianzar la participación de mujeres en los consejos y comités de implementación de estrategias ante el Covid-19. 
• Generar estadísticas diferenciadas por género y etnia del impacto a la salud del Covid-19. 

Educación

El uso de tecnologías digitales ha contribuido a paliar el impacto de la pandemia en la educación y el trabajo, al tiempo que ha permitido sostener comunicaciones personales y actividades de entretenimiento en los hogares. Al 20 de marzo de 2020, Un gran número de países latinoamericanos habían suspendido clases en todos los niveles educativos. En Brasil se había aplicado el cierre localizado de centros educativos. 

La abrupta interrupción de las clases condujo, casi de inmediato, a la implementación de los servicios digitales para la enseñanza a través de diversas aplicaciones, sobre todo de los centros educativos privados que cuentan con la infraestructura digital y el uso de las TIC necesarias para continuar las clases y cumplir con los periodos de evaluación. 

De acuerdo con información emitida por la CEPAL, en 2019 más del 67% de los habitantes de la región usaron internet y el porcentaje está al alza con la implementación de la banda ancha y el aumento del uso de las tecnologías digitales. Sin embargo, es indispensable reconocer que en América Latina y el Caribe un número significativo de la población no cuenta con servicios de la Internet, ni tiene acceso a aparatos electrónicos como computadoras, tabletas o teléfonos celulares, lo que podría exacerbar las desigualdades en el acceso a este tipo de servicios entre los países. Por ejemplo, en 2017 más del 80% de la población en Chile, Brasil, Costa Rica y el Uruguay estaban conectados a internet móvil, mientras que en Guatemala, Honduras y Nicaragua apenas el 30% de la población tenía acceso al servicio. En el contexto de la crisis sanitaria se pueden agudizar estas brechas, teniendo efectos significativos en el aprendizaje, especialmente para quienes ya están en condición de vulnerabilidad, como estudiantes del área rural, urbana precarizada, y con discapacidades. 

Por lo anterior es importante que los gobiernos latinoamericanos y las instituciones educativas prevean las medidas a tomar el resto del año ante el cierre de las escuelas. En este tenor, consideramos que para el establecimiento de políticas públicas en materia educativa se debe:  

• Proporcionar dispositivos digitales a la población que no tenga acceso a ellos para continuar con su educación durante la crisis sanitaria. 
• Asegurar capacitaciones en el uso de las tecnologías digitales, y modalidades de educación virtual, tanto para estudiantes como para profesoras(es). 
• Consolidar el acceso a banda ancha de toda la población. 
• Desarrollar mecanismos que eviten la deserción escolar motivada por la inminente crisis económica, y por las brechas digitales.  

Seguridad alimentaria

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó, el 31 de marzo de 2020, sobre los efectos que causará la pandemia del Covid-19 en el sector. En el informe señaló que la producción mundial de alimento es suficiente para sobrellevar la pandemia del Covid-19 siempre y cuando los responsables políticos de todo el mundo no repitan los errores cometidos en la pasada crisis alimentaria de 2007-08.  

Se prevé que los sectores más vulnerados por la pandemia de Covid-19 son los países donde ya se padece hambre crónica con unos 820 millones de personas afectadas y hambre aguda que afecta a 113 millones de personas en el mundo. Además de las/os agricultoras/es a pequeña escala, que podrían verse impedidos para trabajar sus tierras y para colocar su producción en las cadenas comerciales y en el comercio local, así como para adquirir otros insumos necesarios para su producción y el aumento de los precios de los insumos.  

La FAO reconoce que la agricultura familiar jugará un papel central durante la crisis del Covid-19 en la producción de alimentos. En algunos países de América Latina y el Caribe este tipo de agricultura contribuye a satisfacer las necesidades alimentarias de un amplio sector de la población. Por ejemplo, en Guatemala, Honduras y el Salvador la agricultura familiar es estratégica para el mercado interno, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile este tipo de agricultura está más insertada en las cadenas globales; es decir, son productos de exportación, lo que a su vez puede provocar el desabasto del mercado interno debido a la mayor demanda del mercado internacional de alimentos y el incremento de los costos de adquisición del producto. 

Adicionalmente, alrededor de 85 millones de niñas y niños de la región reciben un desayuno, refrigerio o almuerzo en las escuelas. Debido al cierre por la pandemia, en este momento son las familias quienes están realizando ese gasto, pese a la reducción de sus ingresos por la crisis económica, y en el peor de los casos, las y los niños están sufriendo la falta de ese apoyo alimentario, con alto riesgo para su salud. Para garantizar la seguridad alimentaria pedimos a los gobiernos de la región:   

• Hacer llegar canastas básicas de alimentos a las familias que no tienen asegurado el acceso a la alimentación durante la cuarentena, así como continuar con los programas de desayunos escolares y proveer de despensas a las familias con estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Los alimentos que se proporcionen deberán estar avalados por instituciones médicas públicas y educativas. 
• Asegurar que las empresas de productos no perecederos racionalicen y hagan un inventario de sus productos para evitar las compras excesivas y asegurar que toda la población tenga acceso a ellos.  
• Implementar mecanismos de servicios solidarios de alimentación para los que menos tienen. 
• Introducir vales de despensas cambiables en los mercados populares, solidarios, comercios locales y cooperativas como una forma de hacer llegar alimentos saludables y fortalecer la economía local. 
• Asegurar la continuidad del sistema de suministros de alimentos a través de la protección adecuada de productoras(es) y del comercio local. 
• Brindar apoyos económicos y materiales para implementar, fortalecer y dar continuidad a la agricultura familiar, así como a los huertos urbanos. 

3. La economía social solidaria una forma de reorganizar la vida durante y después del COVID-19 

A lo largo de este posicionamiento político hemos dado cuenta de las estadísticas en cuanto al incremento de la violencia doméstica por el confinamiento obligatorio, así como los efectos sobre la economía mundial y regional y la crisis de los cuidados, el colapso del sistema de salud, las consecuencias sobre los sistemas de educación, de producción y distribución de alimentos. Sin embargo, la contingencia por el Covid-19 no es el factor principal que ha desencadenado esta serie de situaciones mundiales. Mucho antes de la pandemia ya el mundo se encontraba en una profunda crisis social y ambiental, producto del capitalismo, además del incremento de la violencia, específicamente contra las mujeres y la infancia. 

El sistema capitalista de producción se sustenta en relaciones de explotación y subordinación, así como en una racionalidad que legitima la concentración y acumulación ilimitadas de la riqueza. En este sistema el medio ambiente y las personas únicamente son tomadas en cuenta por su valor como materia prima y como fuerza de trabajo, ésta última cada día más reemplazable por la automatización y tecnificación. De continuar con el actual sistema se estaría poniendo en riesgo la vida en su sentido más amplio. 

Ante tal posibilidad, y más allá de la crisis sanitaria actual, debemos repensar y establecer acciones que coadyuven a la construcción de formas justas de relaciones entre las sociedades, los géneros y las generaciones, así como transitar hacia formas de producción, distribución y consumo sustentables, orientadas de manera prioritaria a la satisfacción de las necesidades de todas las personas. Son muchos los retos a superar: las desigualdades, la marginalidad, la discriminación y la pobreza, que, si bien preexistían, la pandemia ha puesto escandalosamente en evidencia.   

Una alternativa cuya pertinencia destaca en el contexto de la crisis actual es la Economía Social Solidaria (ESS), que pone en el centro de su hacer a la vida, así como la interrelación entre las comunidades, la naturaleza, los medios de producción y el trabajo vivo emancipado, que funcionan como un circuito integrado para la construcción de relaciones basadas en la justicia, la equidad y la producción de valores de uso.  La Economía Social Solidaria propone una serie de principios para el trabajo colectivo, colaborativo y comunitario, así como valores éticos basados en la inclusión, la democracia y la solidaridad, para la construcción de otras formas de socialidad. Adicionalmente, la Economía Social Solidaria reconoce el trabajo de los cuidados como una de las actividades que más bienestar produce a la sociedad en su conjunto, por lo que se plantea como la base de la nueva forma de relacionarnos. 

Así, privilegiando la colaboración, cooperación y solidaridad para el cuidado y la reproducción de la vida, se exhorta a los gobiernos de América Latina y el Caribe a facilitar la transición del actual sistema capitalista hacia la Economía Social Solidaria a través de la implementación de políticas públicas para:

• Garantizar la soberanía alimentaria a través de la protección a las semillas criollas y la no aprobación de la transformación genética de los granos básicos. 
• Activar la producción del campesinado nacional y regional, así como proveer la infraestructura y tecnología necesarias para la transición a formas de producción agroecológica. 
• Proteger al campesinado nacional a través de precios de garantía y la colocación de sus productos en mercados locales, nacionales y regionales. 
• Desarrollar redes de distribución de alimentos, bienes y servicios seguros para la población que está en cuarentena mediante los distintos entes de la economía social (redes solidarias, mercados justos, cooperativas). 
• Considerar la producción de alimentos, la provisión de cuidados y servicios esenciales para la vida como la salud y la educación, como actividades de alta prioridad, y motor central para reactivar la economía pasando la pandemia, mediante el fomento de empleos dignos, para mujeres y hombres en igualdad de condiciones y en el marco de la economía social solidaria. 
• Generar un mapeo regional de las estrategias que los distintos tipos de entes de la ESS están utilizando para hacer frente al Covid-19. 
• Cuando sea el momento adecuado, evaluar el impacto de la actual emergencia sanitaria sobre el tejido de la ESS con la finalidad de reorientar o incorporar otras estrategias o innovaciones que fortalezcan la ESS en la región. 
• Los gobiernos regionales deben garantizar un marco legal propicio y un presupuesto adecuado y suficiente para el impulso y fortalecimiento de la ESS a nivel local, nacional y regional. 

Grupo de Trabajo CLACSO
Economía feminista emancipatoria (nodo Michoacan)
Mayo de 2020

Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Economía feminista emancipatoria y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

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