La triple crisis del coronavirus en España

 La triple crisis del coronavirus en España

Marcelo Expósito[1]

Tengo que empezar esta crónica de la situación en España derivada de la pandemia de COVID-19 enviando un fuerte abrazo a nuestros hermanos y hermanas de Argentina y de América Latina. No solamente por mis lazos afectivos con la región. También porque a nadie se le escapa que esta crisis de salud global se relaciona con el declive de un orden que ha sustituido la empatía entre los pueblos y el cuidado de aquello que nos es común por la primacía de los intereses particulares de las élites y el cálculo equivocado de beneficios económicos. La propia Secretaría Ejecutiva de CLACSO, Karina Batthyány, ha señalado en estas páginas virtuales el desajuste entre las cantidades masivas de cuidado que exige esta emergencia global y la debilidad de la conciencia general sobre cuánta atención requiere la reproducción de nuestras sociedades (“La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados”, CLACSO, 21/03/2020).

La ecofeminista española Yayo Herrero ha planteado la misma contradicción de otra manera con esta imagen contundente: la “salud” de las economías ha sido directamente proporcional a la destrucción de las bases materiales que sostienen la vida (“En guerra con la vida”, CTXT, 3/03/2020). Necesitamos revertir urgentemente esta jerarquización equivocada de cuáles son las prioridades de nuestras comunidades políticas, incluso nuestras auténticas necesidades simple y llanamente como especie sobre el planeta. Y si dibujo de entrada este marco general es por el siguiente motivo: no se trata de un dato menor que España sea un país donde se está pensando la pandemia con singular intensidad interpretándola como una crisis ecosocial (Joan Benach, “Hay que aprovechar esta pandemia para hacer un cambio social radical”, Sinpermiso, 28/03/2020). Que nuestra sociedad civil sea capaz de imaginar los escenarios siguientes y exigirlos con fuerza, va a resultar determinante si queremos superar esta crisis extremadamente dolorosa mediante una radicalización democrática.

Habrá quien se extrañe por el hecho de que pongamos en relación de manera tan inmediata un problema epidemiológico con las luchas políticas contra el devenir autoritario del neoliberalismo en el marco de la crisis de la democracia. Cuando escribo estas líneas se contabilizan casi 12.000 personas muertas por el COVID-19 en España, con unos 125.000 casos diagnosticados. La carencia de tests, el estrés al que está sometida nuestra sanidad pública y la irregularidad de los síntomas que son indicio de haber contraído el virus hacen incalculable el número de personas que puedan haber sido afectadas sin contabilizar: el Imperial College de Londres estima que son unos 7 millones en nuestro país. El ritmo de fallecimientos ronda todavía los 800 diarios, después de 21 días de estado de alarma y una cuarentena tan rigurosa que quizá haya salvado ya unas 16.000 vidas. Son cifras escalofriantes que asfixian si no se espigan. De unas 4.200 muertes en Madrid, 3.000 han sucedido en residencias para personas ancianas. Lo ha reconocido a regañadientes Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, una política de cuarta fila que ha ascendido gracias a la caída de las cúpulas corruptas del Partido Popular en la región y que actualmente gobierna con el apoyo de la nueva derecha de Ciudadanos y la extrema derecha de Vox. Un reportaje periodístico reciente ha dado sentido a esa cifra aterradora: los sucios negocios redondos de la privatización de los servicios han dejado el 75% de los (escandalosamente encarecidos) centros de tercera edad madrileños degradarse en manos de multinacionales y fondos buitre (“Aparcamientos de ancianos, S.A.”, CTXT, 29/03/2020).

A la luz de estos análisis entendemos cómo la repetida advertencia de que las personas mayores son el principal grupo de riesgo frente a la pandemia es una verdad médica que se relaciona estrechamente con una realidad política. Se demuestra que, al privatizar, el neoliberalismo no sólo ha dictaminado qué vidas merecen ser vividas y cuáles eran desechables. Ha exprimido asimismo hasta el umbral de la muerte aquellas que ya no le servían para producir ganancias después de biografías enteras dedicadas a trabajar y cuidar de sus familias. Y este extractivismo neoliberal aplicado sobre las vidas ancianas se ha producido precisamente explotando la necesidad de ser cuidados en nuestros años finales. Se comprende de esta forma que la agresividad del coronavirus se ha visto alimentada en España por el efecto que han tenido las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis financiera de 2008. El austeritarismo ha expoliado las economías familiares, precarizado el trabajo, pauperizado la vida y devastado psicológicamente a escala masiva en España y en toda la franja sur de Europa. Se ha de tener en cuenta este telón de fondo para descifrar en todas sus dimensiones la virulencia que ha adquirido la pandemia de COVID-19 en España. También para captar la complejidad del pulso que se libra actualmente en torno a cómo afrontar esta crisis de salud pública.

Si la crisis sanitaria de 2020 está desencadenando una crisis económica de vértigo —en marzo, 840.000 trabajadores y trabajadoras en paro o afectados por una regulación temporal de empleo—, la crisis financiera de 2008 devino anteriormente en una crisis de la democracia que surgió de la Transición española, el sistema que llamamos “régimen del 78” por el año en que fue aprobada la Constitución vigente. Estas tres crisis: sanitaria, económica y política, se superponen ahora haciendo entrar en resonancia 2008 con el presente, convirtiendo la del coronavirus en una triple crisis. De esta manera, las políticas públicas de urgencia que se están adoptando asumen la interrelación entre esos tres planos de inestabilidad. Y si parece cada vez menos factible un nuevo golpe austeritario puro y duro es seguramente por dos razones principales.

La primera razón es que la crisis política española que se arrastra durante más de una década constituye un escenario que todavía sigue abierto. Si bien ya no es posible una simple restauración de la democracia de baja intensidad que suponía el régimen del 78, tampoco los cambios que se han producido cumplen con todas las rupturas constituyentes que exigían las plazas indignadas del 15M en el año 2011. De hecho, no todos los cambios sucedidos en nuestro sistema político han sido para mejor: España ha dejado de ser la excepción europea al crecimiento de las ultraderechas y Vox es actualmente la tercera fuerza en el Congreso. A pesar de todo, la crisis del coronavirus ha estallado cuando gobierna en España una coalición de izquierda. El actual presidente socialista Pedro Sánchez tuvo que acordarla con Unidas Podemos en 2019, después de resistirse durante tres largos años de intensísimo tira y afloja parlamentario. Por fortuna, resulta evidente que el alineamiento de fuerzas que mantiene a Sánchez como presidente conduce prioritariamente a ensayar una salida de esta grave situación mediante políticas progresistas. Sin la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de España habría más riesgo de que la geometría de acuerdos para afrontar la triple crisis acabará siendo otra.

La segunda razón por la que el dogma austeritario parece haber estallado tiene que ver con la manera en que el coronavirus ha revelado de manera mortífera cómo las sociedades europeas han dejado de ser seguras y estables, hasta el punto de que España e Italia son en este momento el epicentro mundial de la pandemia. El impacto de la gestión neoliberal de la crisis de 2008 dejó nuestras vidas en un estado quebradizo, pero la pandemia de COVID-19 las está –literalmente– devastando. No son solamente las muertes, ya de por sí espantosas. Es el conjunto de nuestra sensibilidad la que se está viendo afectada: aislados en confinamiento forzado, los rituales de duelo se dificultan hasta resultar desgarradores. Simultáneamente y sin respiro, centenares de miles de personas se enfrentan a escenarios laborales oscuros cuando la cuarentena se levante.

¿Resulta sensato pensar que bastaría con reeditar hoy el plan de rescate financiero por el que hace diez años se inyectaron a la banca española 40.000 millones de euros cuya devolución no se ha exigido? La crisis sanitaria ha empujado a las mayorías sociales tan literalmente al límite de sus resistencias vitales que no sólo ya el sistema económico o político, incluso la sociedad toda podría colapsar si no se la sostiene. Quizá esto constituya otra buena razón por la que el dogma ordoneoliberal está siendo barrido por esta crisis de 2020 y derrotado por un nuevo paradigma. Es el sentido común que impone la ciudadanía cuando aplaude masivamente desde sus balcones cada día a las 20h —con una sonoridad simbólicamente extraordinaria— el trabajo titánico de cuidados que están desempeñando los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública asumiendo grandes riesgos personales.

Pedro Sánchez está adoptando, en sucesivas comparecencias públicas, un ambivalente doble papel. Favorecido por el estado de excepcionalidad, tiende a un presidencialismo plenipotenciario frente al que conviene estar alertas, como he explicado en otro artículo (“El coronavirus en termidor”, CTXT, 23/03/2020). Va asumiendo al mismo tiempo la inevitabilidad de aquello que en las plazas de 2011 denominamos un “plan de rescate ciudadano”, precisamente el programa social con el que las organizaciones de nueva izquierda dieron el salto electoral a las instituciones. Las medidas que el Gobierno va decretando principalmente por influencia del ministerio de Trabajo, al frente del cual se encuentra la muy competente Yolanda Díaz de Unidas Podemos, eran inconcebibles hasta hace apenas un año. Por ejemplo, la prohibición de los despidos laborales, de los desahucios de vivienda por impago de hipoteca o del corte de suministros energéticos básicos durante la crisis sanitaria. Toma fuerza incluso el debate sobre la implementación de una renta básica (Daniel Raventós y otros, “Renta básica, pandemia y recesión”, Público, 31/03/2020), la cual, aunque fuera circunstancial, abriría una brecha enorme: se trataría ni más ni menos que de poder dar el salto de una política paliativa frente a la crisis —dicho de otra manera, de una negociación provisional entre democracia y neoliberalismo— a una posible nueva política redistributiva postneoliberal.

Todo esto significa que el eje de confrontación de la crisis de 2008: plan de rescate ciudadano frente al autoritarismo, se está convirtiendo en 2020 en este otro: o se implementa un plan de rescate social paliativo de la crisis con la intención de reacomodar de alguna manera el orden anterior o se produce una redistribución social de la riqueza a través de políticas públicas fuertes, donde el Estado asumiría un nuevo protagonismo sin asfixiar la iniciativa de la sociedad civil organizada. Si se prefiere, mediante una nueva alianza histórica entre lo público y lo común. Se trata de una guerra que se libra al menos en dos niveles geopolíticos. En el marco de nuestro Estado, pero también de una manera trascendental a escala europea, porque la Unión Europea ya no puede ignorar que está afectada por esta combinación letal de los tres planos de la crisis: simultáneamente sanitaria, económica y política. Ante el debate ya insoslayable de si se debe “mutualizar la deuda” que exigiría la aplicación de un gran plan de rescate social, los alineamientos que se están produciendo no son azarosos. España e Italia lo han planteado con el apoyo explícito de Portugal y el rechazo dosificado de Holanda y Alemania (Steven Forti, “¿Coronabonos sí o no?”, CTXT, 2/04/2020). Es decir, los PIGS (los “cerdos”, el acrónimo despectivo con el que los países del centro y norte de Europa se referían a Portugal, Italia, Grecia y España durante la crisis del 2008) plantean abiertamente la necesidad de una especie de Plan Marshall intereuropeo, encontrando una actitud ambivalente por parte del presidente francés, Emmanuel Macron. La socialdemocracia dubitativa (o, mejor dicho, las diversas mutaciones que han experimentado los socialistas tras haber implosionado el ciclo histórico socioliberal) es una de las variables que determinará el futuro de un proyecto europeo al que, infectado por el COVID-19, en este instante le cuesta respirar.

La triple crisis del coronavirus en España oscila por lo tanto entre nuestros cuerpos y Europa. Por eso este artículo no puede acabar sino regresando al principio: otra de las grandes variables será la ciudadanía. Recluida en sus domicilios, entrando y saliendo de los hospitales, con el alma en vilo por la salud de sus mayores, sosteniendo en confinamiento a sus menores, tanteándose los síntomas de la enfermedad en su propio cuerpo, aún debe sacar fuerzas para disputar esta encrucijada histórica en la que nos ha situado la pandemia y en la que literalmente nos jugamos la vida: más democracia o reforma de la anterior barbarie.


[1] Artista y crítico cultural, autor del libro Discursos plebeyos (2019). Ha sido secretario del Congreso y diputado en las Cortes Generales españolas entre 2016-2019.


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