La Necesidad y Urgencia de un país para pocos
El Grupo de Trabajo CLACSO Memorias colectivas y prácticas de resistencia expresa su repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia y al proyecto de Ley Ómnibus presentados por el presidente Javier Milei que en menos de un mes de gobierno pretende forjar las bases de un proyecto político autoritario y excluyente en la Argentina.
A días de asumir, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia, una herramienta constitucional prevista sólo para circunstancias excepcionales y puntuales que en este momento no existen en Argentina. Con este DNU el presidente Milei deroga o modifica con su sola firma más de 360 normas y leyes de la democracia que oportunamente fueron votadas en el Congreso y debatidas por la sociedad argentina: desde la Ley de alquileres y la legislación laboral hasta la limitación de compra de tierras para inversores extranjeros.
En consonancia con el DNU, el gobierno presentó recientemente un proyecto conocido como “Ley Ómnibus” que declara “la emergencia pública” y propone delegar amplias facultades legislativas en el Ejecutivo por el plazo de dos años renovables a cuatro. De este modo Milei busca neutralizar el rol del Congreso violentando la división de poderes consagrada por la Constitución. De aprobarse el Poder Ejecutivo concentraría la suma del poder público y con su sólo arbitrio podrían clausurarse derechos fundamentales y leyes que expresan consensos democráticos. Pero además de esta concentración de poder en la figura presidencial, la institucionalidad democrática y de derechos humanos está gravemente amenazada por el contenido de las reformas incluidas en el proyecto de ley. La iniciativa del gobierno incorpora un conjunto de modificaciones al Código Penal que elevan escalas penales y márgenes de imputación a quienes participen, convoquen u organicen manifestaciones, estipulando penas de entre dos y seis años de prisión. También modifica el concepto de “legítima defensa”, ampliando la discrecionalidad del personal policial para matar. Al andamiaje represivo y persecutorio, se suma una reforma laboral que, en la práctica, neutraliza el derecho a la huelga, deroga las leyes ambientales que protegen bosques y glaciares, promueve un giro biologicista en los temas de género e incluye un paquete privatizador de 41 empresas estatales, entre ellas, las estratégicas y rentables del campo energético y de las telecomunicaciones YPF, Atucha y ARSAT. Al listado de privatizaciones se suman la totalidad de los medios públicos y la demolición de instituciones culturales como el INCAA y el Fondo Nacional de las Artes. El proyecto busca mercantilizar todos los aspectos de la vida en común. Junto con el desguace del Estado, impulsa la desregulación económica en beneficio de un puñado de corporaciones, extranjeriza la economía y condena a los sectores medios y populares a un brutal empobrecimiento.
Al paquete de medidas incluidas en el DNU y el Proyecto de Ley Ómnibus, es preciso sumar el protocolo “para el mantenimiento del orden público” presentado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que fija normas de actuación policial que apuntan a la represión de la protesta y la persecución de los dirigentes sociales en un claro intento de disciplinar los reclamos contra el gobierno.
A pesar de este despliegue intimidatorio, el pueblo argentino respondió con cacerolazos masivos y un paro nacional con movilización programado para el próximo 24 de enero en Plaza Congreso. El mensaje es claro y está dirigido a los parlamentarios que tienen en sus manos rechazar el DNU y la exigencia de Milei de aprobar a libro cerrado la Ley Ómnibus y la delegación de facultades extraordinarias.
La otra vía institucional que logró ponerle freno al avasallamiento democrático tramita en el poder judicial, donde las presentaciones realizadas por las dos centrales obreras – CGT y CTA- obtuvieron medidas cautelares que dejaron en suspenso la parte del DNU referida a reformas laborales. Sin embargo, es preciso señalar que el resto del decreto está en vigencia porque la Corte Suprema resolvió tratar la cuestión de fondo, es decir, su constitucionalidad, luego de la feria judicial de enero.
Mientras tanto, la brusca devaluación del peso triplicó los índices inflacionarios y agravó la situación de los ya castigados sectores medios y populares sobre los que recae todo el peso de un feroz ajuste. Aprovechando su legitimidad electoral, la estrategia de Milei fue “ir por todo” imponiendo un programa de reformas neoliberales cuyas medidas fueron presentadas como inevitables. Sin embargo, en este escenario, también vemos una oportunidad: la articulación resistente de los vastos sectores sociales afectados y la posibilidad de tender puentes entre luchas, organizaciones y agendas diversas para demandar que senadores y diputados legislen a favor de las mayorías. Son horas decisivas para una democracia cuya fragilidad está a la vista. Nos solidarizamos y renovamos nuestra confianza en el pueblo argentino, su tradición colectiva, su experiencia de lucha y su memoria resistente.
11 de enero de 2024
Grupo de Trabajo CLACSO
Memorias colectivas y prácticas de resistencia
Este pronunciamiento expresa la posición del Grupo de Trabajo Memorias colectivas y prácticas de resistencia y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.
