Rechazo a las medidas del gobierno de Javier Milei en Argentina
Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Estudios Críticos en Discapacidad nos pronunciamos con gran preocupación respecto al contexto que atraviesa Argentina. El triunfo de Javier Milei, respaldado por un discurso que considera la justicia social como una aberración y que promueve la “ley de la selva” y el “sálvese quien pueda”, representa un gran retroceso para quienes nos reconocemos en la interdependencia y la fragilidad. El acento puesto en una libertad -individual y de mercado- no hace más que recrear un imaginario social que oculta el carácter intrínsecamente relacional de nuestras existencias. Nos inquieta el fuerte énfasis acerca de la necesidad de ajuste, en tanto sabemos que quienes terminan por padecerlos son los sectores históricamente más vulnerados, entre ellos, las personas con discapacidad.
En sintonía con estas ideas, el nuevo presidente inició su gobierno con un plan de shock que tuvo como una de sus primeras medidas la devaluación de más del 50% del peso argentino respecto al dólar, lo cual representa una pérdida contundente del valor real de los salarios de la mayor parte de la población del país. A esto se suman cuantiosos aumentos en los precios de los alimentos y el combustible, lo que no hará más que incrementar los índices de pobreza e indigencia que ya eran preocupantes.
El día miércoles 27 de diciembre del año 2023 el actual Poder Ejecutivo de la Nación envió al Congreso un proyecto conocido como “Ley Ómnibus” donde se proponen una serie de medidas que tienden a la desregulación, la privatización de empresas públicas, la precarización laboral y la mercantilización.
En este marco, consideramos alarmantes las modificaciones que se introducen a la Ley de Salud Mental (26.657) que otorgan al poder judicial facultades para ordenar internaciones involuntarias dejando de lado la evaluación de un equipo interdisciplinario. A su vez, se quiere modificar el artículo que prohíbe la creación de neuropsiquiátricos habilitando a las empresas privadas a que puedan fundar nuevas instituciones monovalentes y de encierro, reforzando el modelo manicomial que tanto daño ha causado y restringiendo la posibilidad de decisión de las personas usuarias. Entre los cambios propuestos también se deja fuera del Órgano de Revisión a usuarios, usuarias y familiares del sistema de salud, así como a organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.
Además, encontramos otra iniciativa regresiva en cuanto a la seguridad social: se elimina la actual fórmula de movilidad jubilatoria, que se usa para actualizar el monto de las pensiones no contributivas, y se dispone que los aumentos serán fijados discrecionalmente por decreto del Poder Ejecutivo. De esta manera, se sigue profundizando la precarización del colectivo de la discapacidad e interseccionalidades.
Otro punto preocupante es la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) abocado a la prevención de la discriminación. Tomando en cuenta que la discapacidad es una de las mayores causas de discriminación denunciadas, esta propuesta afecta directamente al colectivo, cortando de raíz un largo camino de visibilidad de la problemática social.
En este proyecto de ley lo que sí se busca regular son las manifestaciones sociales, dado que en su articulado se criminaliza el derecho a la protesta y se imponen una serie de reglas insólitas como el deber de notificar las movilizaciones al Ministerio de Seguridad y multas para quienes quieran expresarse en las calles.
A su vez, el 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 con 366 artículos que reconfiguran sustancialmente el rumbo de Argentina. Allí, entre otras cuestiones, se elimina el control de los precios en las cuotas de las empresas de medicina pre-paga lo cual impacta directamente en los costos para el acceso a las prestaciones básicas por parte de las personas con discapacidad.
A 40 años del retorno del país a la democracia rechazamos este tipo de propuestas que eliminan, sin discusión previa con distintos sectores de la sociedad, normas profundamente debatidas en instancias democráticas.
Cabe destacar también que el colectivo de personas con discapacidad como tal no es mencionado en ninguno de esos artículos. No obstante, se encuentra fuertemente afectado en el ejercicio de su ciudadanía que ya está escandalosamente comprometida por las numerosas y diversas barreras existentes en nuestra sociedad. Las consecuencias de estas políticas para las personas con discapacidad, que representan el 13% de la población argentina, son inconmensurables ya que dentro del colectivo hay personas que perciben pensiones por jubilación, trabajadores y trabajadoras, infancias, artistas, profesionales del campo científico, personas desocupadas, etc. y la relación entre discapacidad y pobreza se fortalece en estas condiciones.
Estas normas presentadas en un contexto violento y capacitista, por un grupo político que en el transcurso de su campaña tuvo numerosas reivindicaciones supremacistas y discriminatorias, permiten inferir una intención de afianzar la tan dañina “ideología de la normalidad” impuesta a nuestras sociedades y terminar con cualquier proceso que pudiera haberse encaminado hacia una sociedad más equitativa, dado que corta de cuajo cualquier política de acción positiva para igualación de las oportunidades que aún tiene tantos desafíos. Nos inquietan estas políticas y es por ello que no queremos mencionar únicamente con reclamos parciales propios del colectivo de personas con discapacidad, sino que hacemos un llamado a organizarnos, a construir lazos y alianzas para defender la democracia y los derechos conquistados.
11 de enero de 2024
Grupo de Trabajo CLACSO
Estudios críticos en discapacidad
Este texto expresa la posición del mencionado Grupo de Trabajo y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.
