“Los gobiernos progresistas como el de Colombia trabajan por la justicia social”
Transcripción de la columna de Karina Batthyány
en InfoCLACSO – 9 de agosto de 2023
El pasado lunes 7 de agosto, se cumplió un año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Un gobierno progresista por primera vez en Colombia, que sin duda tiene una importancia central para ese país pero también para toda la región.
¿De qué hablamos cuando hablamos de gobiernos progresistas en América Latina? Estamos hablando de esos gobiernos que se caracterizan por poner el énfasis en la justicia social, la igualdad, la participación ciudadana y la profundización de la democracia.
Estos gobiernos progresistas que hemos tenido en América Latina también se caracterizan por implementar una serie de políticas que buscan mejorar las condiciones de vida de todos y todas, pero principalmente de aquellas personas más pobres y más postergadas a nivel de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. En esas políticas se incluyen de programas de atención a la salud; programas de educación y vivienda; inversiones en infraestructura y desarrollo en términos más generales.
Las características más comunes de los gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe son la intervención o el uso del Estado para promover la justicia social, la redistribución, la igualdad, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la inversión en educación, salud y vivienda, el desarrollo económico basado en la producción y en el estímulo del consumo interno, la búsqueda de igualdad de género y la promoción de la integración regional en América Latina y el Caribe.
Cuando miramos estas experiencias a nivel de nuestra región podemos decir que han tenido un impacto positivo en la vida de millones de personas. Han logrado reducir en términos generales la pobreza, mejorar la salud, la educación, promover la participación ciudadana e impulsar políticas de carácter redistributivo.
Estos gobiernos han estado sometidos a críticas. Las principales tienen que ver con el gasto público excesivo o ese enfoque intervencionista del Estado. Pero esas son las características de estos gobiernos que en definitiva han logrado marcar una diferencia significativa en la vida de millones de personas en nuestra región.
Eso es indiscutible desde el punto de vista de los indicadores sociales. Objetivamente, cuando miramos los indicadores sociales de los países que han tenido estos gobiernos progresistas, nos muestran que efectivamente se superan situaciones de pobreza y de postergación aplicando políticas redistributivas. En definitiva, muestran que los gobiernos progresistas han contribuido a mejorar la calidad de vida de los más pobres, promover la igualdad, la justicia social y fortalecer la democracia en la región.
Volviendo a Colombia, veamos algunas claves de lo que ha ocurrido en este primer año de gobierno en Colombia.
El primer punto que tenemos que destacar es el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este plan tiene 5 ejes de transformación: el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana y la justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva, internacionalización y acción climática y la integración regional. A su vez, están atravesados por 4 ejes transversales, que son la paz total, los actores diferenciales para el cambio, la estabilidad macroeconómica y la política exterior con enfoque de género. Este Plan 2022-2026 se aprobó luego de un proceso muy largo de consultas de Diálogos Regionales Vinculantes, concretamente de 51 diálogos que involucró a más de un cuarto de millón de colombianos y colombianas (250.000).
Si miramos uno de los temas de este plan, el derecho a la tierra, podemos destacar algunos elementos sobresalientes de este año. En primer lugar, la aprobación en un acto legislativo de una modificación de la Constitución Política Nacional, reconociendo al campesinado como población sujeta de derechos y de especial protección, igualando los derechos reconocidos para las poblaciones étnicas. Esta medida es real pero también simbólicamente muy importante. Además se aumentó el presupuesto en agricultura: de unos 390 millones de dólares en el gobierno de Iván Duque a más o menos 1.000 millones de dólares, aproximadamente 2,5 veces mayor.
Asimismo, se aprobaron 4 Zonas de Reserva Campesina, se formalizaron la propiedad de la tierra, entregando tierras para núcleos familiares y para comunidades integradas en las Zonas de Reserva Campesina. En los 4 años del gobierno anterior, se había otorgado tierra para 50 mil familias y 1.300.000 hectáreas. Solo en este año de gobierno progresista en Colombia, se entregaron 1.400.000 hectáreas, beneficiando a aproximadamente 33.000 familias campesinas, comunidades negras e indígenas. A su vez, se compraron 25.802 hectáreas de tierras fértiles por parte del Estado para destinarlo a estas políticas.
Pasando al capítulo de los derechos ambientales, otro de los que se encuentran en este Plan de Desarrollo, lo más importante a destacar es el Programa para la protección de la Amazonía. Por este se destinarán 200 millones de dólares por año durante 20 años para proteger la Amazonía a través de pagos al campesinado y a las comunidades indígenas.
Además, Colombia anunció la prohibición de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en la Amazonía, decisión que ha sido muy criticada por la oposición del país y analistas internacionales. Y no puede dejar de mencionarse la reunión de Gustavo Petro y Lula da Silva en julio, donde destacaron el papel que juega la selva amazónica para el medio ambiente global e instaron a otros países a hacer más para limitar los efectos del cambio climático.
En relación al derecho a la alimentación, debemos hablar del Programa Hambre Cero, que implicó entrega de 500 mil pesos (125 dólares aprox.) de forma extraordinaria a cerca de 2 millones de personas beneficiarias de otros programas estatales. También, de la ampliación del Programa de Alimentación Escolar en zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes.
En cuanto a la educación, tema absolutamente central, hubo un aumento significativo del presupuesto, de un total de 55 billones de pesos. Además, se aprobó la Ley de Matrícula Cero, a partir de la cual desde junio de 2023 Colombia vuelve a tener gratuidad, en términos de la matrícula, en la educación superior estatal, que había sido arancelada desde 1993 en función del nivel de ingresos familiar. En este campo también hubo una importante condonación de la deuda de intereses por créditos educativos con el organismo estatal Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Hoy esa condonación llega al 10% del total de estudiantes y familias.
Con respecto al tema salud, que como dijimos, es clave para los gobiernos progresistas, se aprobó la reforma de salud, que implica el establecimiento de Centros de Atención Primaria en todo el país para acortar la brecha entre el acceso a la salud entre las grandes ciudades y las zonas rurales. Cada uno de estos centros alcanzaría a 25.000 personas. A su vez, se centralizaron los pagos la Administración de Recursos del Sistema de Salud, generando una desintegración de las Entidades Promotoras de Salud, las aseguradoras privadas intermediarias entre los prestadores y los ciudadanos. En el marco de esta reforma también se han mejorado las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de salud.
En el capítulo de género y de los derechos de las mujeres, quiero destacar que se creó el Ministerio de la Igualdad para el desarrollo de políticas públicas orientadas a la temática de la igualdad de género. Además, Colombia está jugando un papel importante en la discusión a nivel regional en el marco de las políticas de cuidados.
En términos económicos, se aprobó la Reforma Tributaria, que establece impuestos a los hidrocarburos a las entidades financieras, sobre la riqueza y sobre la comida chatarra en Colombia.
Finalmente, un capítulo central en Colombia es el de la paz y la seguridad. En este año se dio el cese al fuego con los grupos guerrilleros Ejército de Liberación Nacional (ELN). También se relanzaron dos instancias para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 (antes muy limitadas): la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Además, se promulgó la Ley de Paz Total, que le permite negociar con los grupos armados ilegales y se incautaron 871 toneladas de cocaína, la cifra más alta de la historia desde 2010, año en que se empezó a registrar este tipo de incautaciones.
– En el marco de lo que mencionaste sobre el Ministerio de Igualdad, ¿cuál es la importancia de una vicepresidenta como Francia Márquez en el gobierno colombiano a un año de su comienzo?
– Es absolutamente estratégica y simbólicamente representativa la presencia de Francia Márquez en la vicepresidencia de Colombia. De hecho, el Ministerio de Igualdad surge a impulso y por compromisos de la propia Francia Márquez durante la campaña electoral. En todos los países de América Latina que han creado ministerios para la Igualdad, podemos encontrar un antes y un después en las políticas de género si se tiene un instrumento para hacer avanzar la equidad y la igualdad de género con la más alta jerarquía y con dotación presupuestaria. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia.
– Por último, siempre se habla de los 100 días de gobierno como una marca en el cual parte de la población evalúa si hubo respuestas a algunas de las cosas prometidas durante la campaña y de sostén gubernamental. Estamos hablando de 365 días de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Sin medidas sociales consideras que es posible que un gobierno progresista pueda continuar con fuerza?
– En ese caso no deberíamos hablar de un gobierno progresista. Como dijimos al principio, lo que caracteriza a los gobiernos progresistas es justamente el trabajo en términos de la justicia social. Sin políticas activas para provocar esa justicia y redistribución tan necesaria es imposible avanzar. Entonces, yo al menos, a los gobiernos que no ponen el énfasis en este tipo de políticas: en la justicia social, la educación, la salud, la vivienda o la igualdad de género, no los califico como gobiernos progresistas.
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