“En la Amazonía todo lo quieren transformar en mercancía”

“La Amazonía es uno de los territorios aún no conquistados por las empresas extractivas, aunque ya están entrando con muchísima fuerza”, aseguró en InfoCLACSO Raquel Neyra, activista peruana e integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Ecologías Políticas desde el sur/Abya-Yala. La Doctora en Economía Ecológica sostuvo que la región está sufriendo un ataque desde diferentes flancos: legal, político, social y cultural, que en el caso de Perú se profundizó en los últimos años.

Roberto Aráujo Santos, Antropólogo del Museu Paraense Emilio Goeldi en Amazônia e integrante del mismo Grupo de Trabajo CLACSO, explicó que en el caso brasilero, durante la década de 1990 y hasta el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) hubo un intento del Estado de construir un modelo socioambiental que considere los recursos ecológicos y a las poblaciones nativas.

“Cuando Bolsonaro asumió la presidencia, había ya una tentativa del Estado de bajar los índices de la devastación forestal”, rompiendo la tradición de los militares de los años ‘70 y ‘80, pero afirmó que con el gobierno del expresidente esto volvió a cambiar. Para el investigador, el gobierno aprovechó la pandemia para avanzar con la deforestación mientras la gente estaba muy ocupada con la situación sanitaria como para manifestarse en contra, algo que se le escuchó decir al propio Ministro de Ambiente de aquel momento.

Además, el antropólogo destacó que con Bolsonaro cobró fuerza un discurso racista contra las comunidades tradicionales indígenas. Si bien el mismo ya existía, la violencia contra estas poblaciones pasó a ser justificada y legitimada por el Estado. “Esto fue impresionante, porque era la palabra del presidente”, declaró.

Respecto de Perú, Neyra enfatizó que la dirigencia política y los sectores decisores de políticas públicas no están a la altura de las circunstancias en lo absoluto. Al momento de la entrevista aún se estaban viviendo en el norte del país el ciclón Yaku y el comienzo de El Niño Costero, dos fenómenos relacionados en parte con el cambio climático, con consecuencias devastadoras. Según la activista, el gobierno no hizo nada para prevenirlas, “a pesar de que se estableció un presupuesto para ello; la corrupción se lleva todo el dinero y no hay ninguna preparación”. Para ella, a las autoridades no les importa la desesperación de la gente, siempre y cuando no las afecten.

Araujo Santos también identificó un grave problema institucional, debido a que “localmente la gente que hace las leyes y la de los municipios, los madereros, son exactamente los neoextractivistas que están ganando con eso”.

De acuerdo a la activista peruana, la legislación es uno de los principales frentes de arremetida contra la Amazonía. “Se quiere modificar las leyes forestales para que sea más fácil el uso del suelo”, señaló. Esta cuestión está directamente relacionada con la expansión de la frontera agrícola. “Las zonas de deforestación, según estudios de organismos internacionales y el propio Ministerio de Ambiente, coinciden con la expansión de los territorios de extracción de la palma aceitera; y es también en esa zona donde ha habido la mayor cantidad de asesinatos de pueblos indígenas”, explicó.

A su vez, en coincidencia con lo expresado por el investigador brasilero, Neyra se refirió a la violencia contra las comunidades nativas de la región, que se da incluso desde organismos estatales. Este es el caso del gobierno regional de Iquitos, que pretende desconocer la existencia de los pueblos no contactados, llamados en Perú los PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial), para ceder licencias a madereras. “Se quiere dejar de lado a las comunidades que viven ahí y no serían partícipes, por ejemplo, de la gestión de su propio bosque, donde ellas viven hace milenios”, aseguró.

“El otro problema que tenemos es la expansión del narcotráfico”, agregó Neyra, apuntando que la zona clásica de cultivo ilegal de la coca aumentó más de 10.000 hectáreas en los últimos años, lo que implicó también el tráfico y la invasión de tierras y la propagación de mucha violencia.

Sobre este tema, Araujo Santos añadió que se está dando una “destrucción física de las poblaciones, porque se las retira de los territorios a explotar”, mientras que quienes intentan resistir son asesinados y otros simplemente se incorporan al sistema, porque “todo debe ser transformado en mercancía”.

Ambos investigadores expresaron su preocupación por la cooptación de las poblaciones nativas: “ahora hay técnicas para convencer a los mismos pueblos indígenas de participar de la explotación”, advirtió Neyra. “Con el cuento de que ellos se van a enriquecer y luego van a poder ser sus propios dueños, son los que finalmente van a pagar las consecuencias”, agregó.

Además, sostuvo que esto trae aparejados otros efectos negativos en las propias comunidades. Por ejemplo, explicó que para resarcir a las poblaciones indígenas por los miles de derrames petroleros en la zona, el Estado Peruano les paga sumas muy altas de dinero, nunca antes vistas en la Amazonía e innecesarias para la subsistencia. “Y luego, ¿en qué se va a gastar ese dinero en plena Amazonía? Ya se puede imaginar: alcohol, prostitución; comienza a venir todo eso que destruye a las culturas”, reflexionó la activista.

Neyra identificó que ya estamos sobrepasando el límite en la destrucción medioambiental, “los cambios climáticos en la Amazonía y en otras zonas del Perú, también del mundo entero, nos están confirmando esta situación”. La investigadora agregó que son cada vez menos quienes se manifiestan en contra del avance de la explotación, mientras las mayorías no se interesan por ello o están muy preocupadas por el día a día y por sobrevivir. Sin embargo, planteó que “hay que seguir: las organizaciones indígenas tienen muy buenas propuestas de recuperación de administración y de gestión del bosque”.