40 aniversario. La negación de justicia y la cuestión de la memoria en la masacre de abril de 1984 en República Dominicana
Amaurys Pérez Vargas*
Devis Cabrera Heredia**
A pesar de los testimonios, las pruebas y los informes que documentaron periodistas y organismos de derechos humanos en el país, ningún militar ni funcionario ha sido traducido a la justicia ni condenado por su participación en la masacre en que murieron más de 100 personas durante los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 en el marco de la rebelión popular que el pueblo dominicano protagonizó en rechazo a las medidas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. El fenómeno socio-político bautizado por el Prof. Juan Bosch como “La poblada” en el marco de nuestra “transición democrática” dejó, entre otras cosas, la violencia policial que afecta a los barrios hasta nuestros días. Otra huella tangible, es la herida producida por la negación de justicia para las víctimas y sus familiares. Desde el primer momento, este hecho ha estado marcado por el signo de la impunidad que ha perpetuado el dolor y la indignación de todos aquellos que perdieron un ser querido durante aquellos funestos días de represión.
La falta de investigación, el encubrimiento y la complicidad institucional se aprecia con mucha claridad en la nota de prensa que publicara el periódico La noticia en su página 9, del 24 de abril de 1985, en cuyo titular se lee “procurador justifica muertes Abril 84; Dice gobierno tuvo enfrentar rebelión”. En el contenido de la información, trasciende la actitud del procurador general, Dr. Américo Espinal Hued, quien manifestó que “la causa de que decenas de personas murieran en hechos violentos hace un año se debió a que el gobierno tuvo que enfrentar una rebelión contra el poder regular y legalmente constituído”. La crónica periodística agrega que “bajo esta justificación el procurador de la República se negó a recibir una carta que le entregarían dirigentes del Consejo de Unidad Popular y familiares de personas muertas en los hechos violentos de abril del año pasado”.
Ciertamente, el accionar del Ministerio Público generó un sentimiento de impotencia y desesperanza entre las familias y los activistas que reivindicaban verdad y justicia para las víctimas. Esa visión se encuentra en continuidad con la manifestada, un año antes, por el presidente Salvador Jorge Blanco, quien durante las protestas ascendió “a 16 militares y policías heridos”. Esta disposición guardó cierto parecido con la expresada por Joaquín Balaguer durante los trágicos sucesos acontecidos en la calle Espaillat de Ciudad Nueva, el 20 octubre de 1961, cuando para la ocasión y luego de producirse una masacre estudiantil, el mandatario se pronunció diciendo: “Sean mis primeras palabras, para felicitar calurosamente a la Policía Nacional por la ejemplar conducta que observó durante las explosiones de violencia que han ocurrido en los últimos días en diferentes localidades del país”.
La posición del procurador y del presidente de la República, esta última recogida en la nota de prensa publicada en La noticia del 24 de abril de 1984 titulada “Jorge Blanco asciende militares heridos incidentes últimos días”, contrasta con la expresada por el dirigente perredeísta José Ovalles, quien fuera considerado como “el principal estratega de la victoria electoral del presidente Salvador Jorge Blanco”, el cual pidió que “sean identificados y ejemplarmente castigados quienes dieron la orden de “tirar a matar”.
Este último aspecto, es particularmente importante cuando analizamos a fondo las cifras y datos que arrojan las diferentes fuentes que consultamos. Por ejemplo, de las 39 actas de defunción que encontramos 14 dan cuenta de que los disparos fueron hechos a la cabeza. Si restamos las 12 que no especifican el lugar del cuerpo en donde se produjeron las heridas de bala, tenemos que más del 50% murió de esta forma, mientras que otras 6, equivalente al 22% del total de 27 tenía disparos en el tórax, lo que hace presumir que el objetivo de los militares, se corresponde con lo señalado por Ovalles.
Pero Ovalles no se quedó ahí, siendo categórico en responsabilizar a los superiores de ser “los verdaderos responsables de esas muertes de infelices ciudadanos”. En ese sentido, transmitió su solidaridad y sus pensamientos hacia “las madres y las esposas y los hijos que entierran y lloran a sus muertos, y el pueblo dominicano todo que se resiste a ver aumentadas su desgracia por el incremento del costo de la vida, necesitan oír una voz…para reclamar, con vigor y valor, justicia para su causa y castigo para los culpables”, tal como se aprecia en la publicación registrada en La Noticia del 25 de abril de 1984 titulada “Ovalle sostiene acción de gobierno contradice la trayectoria del PRD”. En ese mismo tenor se pronunció el Dr. José Francisco Peña Gómez, quien fuera ese momento alcalde de la ciudad de Santo Domingo y líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano, al “reconocer los excesos en la eliminación de desordenes” argumentó en una nota de prensa que apareció publicada en La noticia del 3 de mayo de 1984 que las causas de la violencia militar se encontraban en el hecho de que “las instituciones castrenses se desarrollaron dentro de un gobierno que no respetaba las libertades públicas como fue el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina y más adelante el gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer”.
Aunque como bien señala el historiador Roberto Cassá en la edición ampliada y corregida del Tomo II de su Historia social y económica de la República Dominicana, cuando destaca que “un hecho de esa magnitud no tenía precedentes y la violencia con que se reprimió dejó un impacto tal que arruinó moralmente a Jorge Blanco”, lo cierto es que los responsables militares de la tragedia, véase el General Ramiro Matos González, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, General Manuel Antonio Cuervo Gómez, jefe del Ejército Nacional y José Félix Hermida, jefe de la Policía Nacional, no fueron procesados por los “excesos y delitos cometidos” ya que ellos sabían bien lo que hacían cuando enviaron a los “boinas verdes” a las calles con armas de grueso calibre frente a un pueblo desarmado, entrenados en el marco de la doctrina de seguridad nacional que se impuso en la sociedad dominicana desde los tiempos de la primera intervención militar norteamericana, 1916 – 1924.
La negación de justicia se evidencia todavía hoy día en la falta de reconocimiento oficial por parte del Estado dominicano, ya que no ha asumido su responsabilidad ni se ha disculpado por la masacre perpetrada, hecho por el cual sería fácilmente condenado en materia judicial, siguiendo el precedente establecido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre El Caracazo en Venezuela. Tampoco se ha organizado un acto oficial para rendir tributo y homenaje a todos esos muertos que cayeron defendiendo su dignidad y sobrevivencia ni mucho menos consignado un espacio público, salvo la tarja en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD dedicada al estudiante Adolfo Brito, para honrar y recordar a los que perecieron en esas jornadas de lucha por la justicia social y económica de la República Dominicana.
Tarja dedicada al estudiante Adolfo Sebastián Brito, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, laboratorio de Química.
Portada del periódico La Noticia del 30 de abril de 1984
Foto del Dr. Salvador Jorge Blanco, presidente República Dominicana; Gral. Manuel Ant. Cuervo Gómez, Jefe del Ejército Nacional y Gral. Ramiro Matos Gónzalez, Secretario de las Fuerzas Armadas.
* Prof. Amaury Pérez, Ph.D. Escuelas de Sociología e Historia – Universidad Autónoma de Santo Domingo – UASD. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias colectivas y prácticas de resistencia. Co-coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO Éxodo de matrices culturales
** Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias colectivas y prácticas de resistencia.
